Bajo Cauca antioqueño:
la crisis humanitaria que no da espera

Del Bajo Cauca antioqueño se oye hablar mucho, pero infortunadamente por las noticias sobre la violencia que lo azota. Es poco lo que se conoce de este territorio. Quizá muchos no sepan que de allí sale buena parte del oro que exporta Colombia, que sus tierras albergan una abundante riqueza natural, que su cultura es diversa porque mezcla tradiciones paisas y costeñas y que, si se dieran las condiciones, de allí saldrían los mejores productos agropecuarios.

Sobre esto poco se sabe porque la violencia persiste en esta subregión, escenario de las expresiones más intensas del conflicto armado colombiano. Según datos de la Unidad de Víctimas, los seis municipios que conforman el Bajo Cauca sumaron 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto hasta octubre de 2020. Esta cifra representa un alto porcentaje si se compara con la población total de esta zona, que según el DANE a 2020 es de 260.681 habitantes. El número de víctimas es casi el 80% de la población.

Los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí componen el Bajo Cauca antioqueño, subregión del nororiente de Antioquia que limita con Sucre, Córdoba y Bolívar. Esta ubicación ha permitido que entre los pobladores de estos departamentos se mantengan estrechas dinámicas de intercambio económico y cultural, y que puedan conectarse con facilidad con el centro del país, la costa Caribe y los puertos de Turbo (en el Urabá antioqueño), Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Se calcula que el Bajo Cauca tiene una población de más de 300.000 habitantes, de los cuales el 57% está ubicado en las cabeceras y zona urbanas y el 43% en las áreas rurales. Esta subregión, situada entre las serranías de San Lucas y Ayapel, está bañada por dos principales afluentes: los ríos Cauca y Nechí. De acuerdo con datos de la Gobernación de Antioquia, allí hay cinco resguardos indígenas —cuatro de las comunidades zenú y uno de los embera eyábida (katío)—, ubicados en Zaragoza, Cáceres, Tarazá y El Bagre. También se encuentran ocho consejos comunitarios —tres en El Bagre y cinco en Zaragoza—, así como organizaciones de comunidades afrocolombianas en los seis municipios.

Aunque el Bajo Cauca tiene un buen potencial agrícola, sus principales actividades económicas son la ganadería, la minería y el cultivo de coca. La extracción de oro de aluvión, tanto formal como informal, permite la subsistencia de buena parte de la población. Sin embargo, este modelo predominante de economía de enclave no genera suficiente empleo en esta subregión que, además, presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza.

Desde la década de 1970, grupos armados como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), organizaciones paramilitares, han hecho presencia en el Bajo Cauca y han librado una batalla, principalmente, por el control de la economía de la coca y la extracción del oro. El conflicto se vivió de manera más intensa en el Bajo Cauca durante los años 90, cuando el dominio que hasta ese momento tenían las guerrillas pasó a manos de los grupos paramilitares Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y Bloque Central Bolívar.

A pesar de los diferentes procesos de paz y desmovilización acordados con los paramilitares y las FARC-EP , la violencia en el Bajo Cauca persiste. Los grupos armados se han reconfigurado en otras organizaciones ilegales que continúan en el territorio detrás del dominio de las rentas legales e ilegales, y la respuesta del Estado no ha sido suficiente ante la crisis humanitaria que vive la subregión, alimentada por el aumento del desplazamiento forzado, las masacres y las prácticas de control social. En la actualidad delinquen Los Caparros, las Autodefensas Gaitanistas, conocidas también como el Clan del Golfo —ambos de origen paramilitar—, así como el ELN y las disidencias de las FARC-EP.

Sin embargo, los habitantes del Bajo Cauca resisten y siguen creyendo que es posible vivir en un territorio en paz. La Comisión de la Verdad conversó con más de un centenar de personas —entre líderes, lideresas sociales, comunidades indígenas, de afrocolombianos, pequeños mineros, campesinas, campesinos, víctimas, actores del sector privado, de la institucionalidad, de la fuerza pública, de la academia, de organizaciones internacionales y excombatientes— durante ‘Diálogos para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto’, en los que reflexionaron sobre las causas de la persistencia de la violencia en esta región, contaron las afectaciones que les ha dejado la guerra, y propusieron aportes para la construcción de la paz. Este especial recoge esas voces.

La Comisión de la Verdad y Rutas del Conflicto construyeron cuatro reportajes que cuentan, desde los testimonios de quienes habitan y trabajan en el Bajo Cauca antioqueño, cuáles son sus perspectivas y propuestas para la no repetición de la violencia en la región.

En un primer capítulo se dan a conocer los principales factores de persistencia de la violencia en la zona y el origen histórico de estas problemáticas. Las y los bajocaucanos mencionaron reiteradamente las dificultades del Estado para hacer presencia social en el territorio. El Bajo Cauca reporta los indicadores económicos y sociales más bajos de Antioquia, y altos niveles de pobreza extrema en contraste con su gran riqueza ambiental. Cerca del 40% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, según el DANE. Esta cifra contrasta con los datos de otras subregiones de Antioquia como el Valle de Aburrá, donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es del 4,2%.

En el segundo reportaje se cuenta, desde la voz de quienes habitan y trabajan en la región, la difícil situación actual de violencia del Bajo Cauca. Durante 2020, los grupos armados perpetraron 11 masacres y 12 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, según reportes de Indepaz, que mantienen a la población bajo un constante temor. Los rezagos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la falta de claridad en cuanto al uso y aprovechamiento de la tierra, la desconfianza en la institucionalidad, la débil infraestructura vial, así como la persistente presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y de la explotación minera, fueron algunas de las problemáticas mencionadas como determinadoras de la crisis que se mantiene en la subregión.

La tercera parte está dedicada a las iniciativas de resistencia de comunidades que, a pesar de la violencia y el estigma, luchan contra el silenciamiento y la desesperanza. También se muestran algunos de los proyectos productivos agrícolas que evidencian que el Bajo Cauca es más que la explotación minera.

El último reportaje es un recorrido por este proceso de diálogos que la Comisión adelantó durante más de dos meses, en los cuales las comunidades también dieron algunas recomendaciones que pueden contribuir para que la guerra no se repita más, pues a pesar del recrudecimiento de la violencia y de las falencias sociales que han marcado la historia de esta subregión, sus habitantes y comunidades no la abandonan y siguen luchando por construir un territorio tranquilo.

“Miedo de hablar, miedo de expresar lo que sentimos y refugiarnos el dolor en el silencio... no más guerras, no más muertes, ¡no!, ni uno más”, dice Mirshan, un artista del municipio de El Bagre, en una de las canciones que le ha dedicado al Bajo Cauca. No solo las canciones cuentan los deseos de superar la guerra que tienen las y los bajocaucanos. Miles se levantan a diario a trabajar por la paz, a hacerles frente a los grupos criminales y a no permitirles que les sigan arrebatando lo más valioso de esta tierra, que es la vida de su gente. Eso es lo que las voces del Bajo Cauca quieren contarle a Colombia.