Para la paz,

Durante más de medio siglo el conflicto armado interno ha dejado millones de víctimas. La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016 quiso dar fin a la confrontación armada con este grupo y sentar las bases para construir una paz estable y duradera. Sin embargo, la violencia se recrudeció en distintos territorios, y disidencias y otros grupos armados coparon los lugares que la extinta guerrilla abandonó.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta abril de 2021, la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registró el asesinato de 1.160 líderes sociales y hasta julio de 2021, de 278 firmantes de paz. La ONG Indepaz documentó 91 masacres durante el año 2020 y hasta agosto del presente año reportó 60.

Saúl Franco, Comisionado de la Comisión de la Verdad, prevé un futuro complejo para las víctimas del conflicto armado: "Desafortunadamente, como siguen las cosas y más en este momento en el país, donde no se han implementado adecuadamente los Acuerdo de Paz, donde persisten tantas formas de violencia, ahora con la pandemia, uno ve que a estas comunidades y territorios no les espera un horizonte favorable. Les espera un horizonte difícil, que les va a tocar seguir batallando con toda la fuerza posible de dignidad, de recuperación de sus derechos, de su salud".

Muchos líderes de víctimas afirman no sentirse seguros para ejercer el liderazgo y reivindicar los derechos de las comunidades que representan.

Vivir con miedo

Muchas de las personas que en el pasado fueron afectadas por el conflicto armado siguen padeciendo la violencia que se recicló tras la firma de los Acuerdos de Paz. La coordinadora del enfoque psicosocial de la Comisión de la Verdad, Dora Lancheros, explica que en un escenario de post acuerdo, hablar como si el conflicto armado y la violencia hubieran terminado es contrario a lo que se vive en los territorios. "El escenario de justicia transicional no está dado para que la gente diga 'bueno, ahora puedo hablar porque eso disminuyó, porque ya no siento ese miedo, porque siento que algunas cosas son del pasado,' cuando realmente sigue estando muy presente".

Es común que integrantes de las mesas municipales y departamentales de víctimas vivan con la preocupación de sufrir algún ataque o atentado. No es extraño que los líderes cuenten con esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y tengan extremo cuidado para poder ejercer su liderazgo y moverse por sus territorios. Y no es para menos, desde la firma del Acuerdo de Paz la violencia en contra de ellos se ha agudizado.

Odorico Guerra, líder de víctimas del departamento de Magdalena perdió la cuenta de las veces que recibió panfletos y llamadas amenazantes: "Sentí miedo muchas veces. La primera vez que vi mi nombre en un panfleto para mí fue traumático. Haberlo vivido así fue muy duro, pero luego entendí que hacía parte del mismo liderazgo en Colombia. Ya no recuerdo cuántas amenazas me han hecho, de tantas veces que cuando no aparecía mi nombre en los panfletos decía, ¡ah ya, perdí importancia!".

Otro líder que por seguridad esta investigación decide no revelar el nombre, expresó durante uno de los Espacios de Escucha su preocupación por las continuas llamadas amenazantes: "Yo a veces me pregunto de dónde saco el valor para seguir, para enfrentar. Dos días antes de que se conmemorara la fecha de solidaridad de las víctimas, nos volvieron a amenazar. Desde la amenaza del 2019 no ha sido fácil porque vinieron tres veces a sacarnos de la casa. Ahorita en la llamada que nos hicieron, dicen que ellos ya no nos van a dar más oportunidades".

Desplazamientos, amenazas, asesinatos, atentados, y persecuciones son algunos de los miedos que intimidan diariamente a los líderes y lideresas sociales en Colombia.

Además de las amenazas, atentados y asesinatos, líderes de víctimas también han denunciado señalamientos por parte de la Fiscalía. La Asociación Campesina de Arauca (ACA) denunció que en la madrugada del 27 de mayo del 2021, las autoridades colombianas detuvieron de forma irregular a once líderes y lideresas sociales del departamento, entre ellos a Nini Johana Cardozo, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas de Arauca e integrante del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Nini había asistido hacía menos de un mes al Espacio de Escucha desarrollado en Yopal, Casanare.

Según la Fiscalía, ella y los otros 10 líderes capturados integraban "una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región". Sin embargo, la ACA desmintió estas acusaciones y además denunció que no era la primera vez que las autoridades actuaban así en contra del liderazgo social en el departamento.

Defender los derechos de las víctimas y de las mujeres en Arauca le ha traído a Nini gran reconocimiento en el departamento, pero también varias amenazas e intentos de homicidio. La UNP reconoció su situación bajo riesgo extremo de seguridad, razón por la que le otorgaron cuatro escoltas y dos vehículos para desplazarse por el territorio nacional.

Impulsada por conocer la verdad sobre el asesinato de su padre, ingresó en el 2011 a la Mesa de Víctimas de Arauca. Desde entonces ha gestionado proyectos productivos para las víctimas en el departamento y ha empoderado a las mujeres a través de la red de incidencia política Nosotras Ahora, donde es una de las quince comisionadas que coordinan la red.

No es la primera vez que víctimas del conflicto armado denuncian ser revictimizadas por las instituciones del gobierno. Por ejemplo, en varios Espacios de Escucha, integrantes de las mesas se quejaron de la Unidad de Víctimas, entidad encargada de dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a quienes padecieron la violencia. Afirmaron que les falta rigor a la hora de aplicar encuestas y que sus funcionarios no tienen tacto para tratar a las víctimas, pues sienten que son ineficientes e indolentes ante el dolor.

Luchar hasta el final

El 15 de junio del 2021, Derly Pastrana, de la Mesa Departamental de Víctimas de Huila, sufrió un atentado mientras abría la puerta de su casa, en la capital de ese departamento. A pesar de contar con un esquema de seguridad de la UNP, desconocidos le dispararon dejándola gravemente herida. Tres semanas después, la lideresa falleció a los 46 años en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva.

A Derly le tocó vivir la violencia desde muy joven, todavía no cumplía los 18 años cuando fue desplazada de la vereda Puerto Lozada, en Caquetá, luego de que guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero asesinaran a su esposo. En el 2007, mientras vivía en Campoalegre, Huila, le destruyeron su casa con una granada, desplazándola nuevamente.

El dolor que la violencia le causó la impulsó a defender a quien no sabía que tenía derechos. Su liderazgo era reconocido en Huila y Caquetá: hizo parte de la Red de Mujeres Desplazadas y Víctimas de Huila, fue vicepresidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, presidente de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Huila por el enfoque Mujer Víctima.

La noticia de su muerte recorrió velozmente la geografía nacional y los integrantes de las mesas de todo el país lamentaron profundamente su asesinato. Es un hecho que le recuerda al país el riesgo constante al que se enfrentan los líderes y lideresas de víctimas.

¿Por qué la violencia continúa?

Esta investigación le preguntó a los integrantes de las Mesas Municipales y Departamentales de Víctimas cuáles consideran que son las causas que generan que la violencia se recicle en sus territorios y esto fue lo que nos respondieron: