Tras el conflicto que vivió el municipio de El Castillo y sus alarmantes desplazamientos y vaciamientos, la experiencia de regreso que se gestó fue significativa y un motivo de orgullo para los y las habitantes del municipio. La comunidad civil Civipaz, convertida en zona humanitaria, es resultado de la idea de uno de los mártires, Reinaldo Perdomo, quien soñó con volver rodeado de su comunidad a la tierra de la que había sido expulsado. Nunca lo logró, pero en su memoria muchas familias sí lo hicieron. Volvieron sin el acompañamiento del Estado y hoy le hacen frente a una serie de tensiones que persisten.
Regreso y no retorno
Mariela Rodríguez, líder comunitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz de El Castillo (Civipaz), nos dejó algo muy en claro a los peregrinos que terminamos el recorrido de 2020 en dicha zona humanitaria: que la comunidad llama regreso y no retorno al proceso de volver a este territorio. La diferencia es sustancial.
La palabra retorno es usada principalmente por instituciones gubernamentales o no gubernamentales para poner en relieve una situación de vulneración, generalmente el desplazamiento, que quiere ser reparada por medio de la asistencia. Quien retorna a un lugar lo hace porque le fueron garantizadas las herramientas y las condiciones suficientes para hacerlo. Esta definición está lejos de las condiciones reales que sobrellevaron las personas de El Castillo.
Por su parte, el regreso se gesta por medios propios. Esto es precisamente lo que le ocurrió a buena parte de las 400 familias que regresaron a El Castillo, de las más de mil que fueron desplazadas. Para ellas fue un proceso de construcción, o más bien de reconstrucción de lo propio. El regreso, entonces, es la solidificación de un ideal, de volver a trabajar la tierra, de vivir en condiciones justas y de poder desarrollar una vida con plenas garantías. El regreso es la consolidación de una resistencia.
Tensiones al volver
Las familias de Civipaz que se establecieron en la zona humanitaria desde 2006 encontraron un contexto adverso, que incluía la persistencia de presencia armada y de las lógicas de estigmatización y amenaza por parte del Ejército. Las familias continuaron siendo señaladas como subversivas o colaboradoras de la guerrilla y volvieron a ser agredidas por ello. Aunque esto no fue impedimento para seguir construyendo una vida en el territorio, fue necesario tomar algunas acciones.
Así pues, solicitaron y obtuvieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacerle seguimiento al prontuario de agresiones y amenazas de las que han sido víctimas. El Estado sería, desde ese momento, aún más responsable de reaccionar ante cualquier acto cometido en la región.
El 8 de abril de 2007 militares del Batallón 21 Vargas cortaron el alambre que demarca la zona humanitaria y sin permiso entraron al área de cultivos. En septiembre de 2008 militares señalaron al campesino Nenfer Leiva de ser miliciano y afirmaron que en la zona humanitaria había otros milicianos de las FARC. En julio de 2012 hubo presencia militar al lado de la zona humanitaria; aduciendo problemas para el desarrollo de sus labores, acamparon cerca y cuestionaron la figura del lugar. En mayo de 2017 militantes de las disidencias de las FARC atacaron un carro lechero cerca de la zona humanitaria e incursionaron en la zona. Más recientemente, el 13 de febrero de 2020, ocho días después de terminada la Peregrinación de los Mártires del Alto Ariari, varios militares ingresaron a la zona humanitaria. Ante la exigencia de los habitantes, los actores armados salieron, pero se quedaron en los potreros que rodean la finca. Estos hechos fueron reportados por El Espectador, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el informe Ariari: memoria y resistencia y por los mismos habitantes de la comunidad de Civipaz.
Paz y medio ambiente, hermanados por la misma raíz
En los terrenos de la zona humanitaria hay una gran ceiba, que pierde sus hojas a inicios de año, y luego, conforme avanza el año, va recuperando su follaje. Se lo conoce como el árbol de la vida y es el símbolo más claro de la resistencia y de la esperanza. En el suelo que rodea el árbol hay piedras pintadas que recuerdan a víctimas, actores en pro de la paz y personas que ya no están en cuerpo presente pero que representan las raíces que sostienen a este gran árbol. Parafraseando a Mariela Rodríguez, “Esta es la representación de la memoria, de que pese a cualquier adversidad siempre habrá ideales por los cuales persistir en que habrá una vida en libertad e igualitaria para todos”.
El regreso ha estado marcado por otra gran amenaza: la pérdida de la biodiversidad del territorio que, según los habitantes, es causada por proyectos petroleros nacionales y extranjeros que se llevan a cabo en el municipio. En defensa del medio ambiente, se han creado varias organizaciones que se oponen a estos proyectos y que trabajan por la protección y el acceso al agua, como la Corporación Ambiental para la Protección del Recurso Hídrico “Acueducto Comunitario Peñas Blancas”, organización comunitaria que defiende el derecho al agua por parte de la comunidad. Otro de los riesgos es la ganadería extensiva, uno de los motores más importantes de deforestación, tanto en la región como en todo el país. El regreso no tiene garantías plenas para la existencia de la vida digna, por la que los habitantes luchan cada día.