Las comunidades negras, indígenas y campesinas son violentadas, confinadas y desplazadas, en medio de un Estado que llega de manera militar y a cuentagotas en lo social. El miedo y el recuerdo de los peores años del conflicto sigue presente en la población.
Los territorios que tuvieron fuerte presencia, primero por las FARC-EP y luego de las AUC, hoy están bajo una fuerte influencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la región, las casas, colegios y las carreteras están llenas de letreros que le recuerdan a propios y visitantes quién es el grupo armado que controla los negocios ilegales y gran parte de la vida social de la región. Los asistentes a los diálogos para la no repetición de la Comisión de la Verdad, insistieron en la necesidad de ser escuchados sobre lo que está pasando en los territorios, especialmente, el control de movilidad de líderes y líderesas de las comunidades, que salen a espacios de escucha y formación.
Cada vez se hace más difícil conocer quién hace parte de un grupo armado, lo que ha llevado al silenciamiento de las comunidades. Antes se presentaban con el camuflado o sabían quienes eran los milicianos, ahora están en medio de la población civil. En algunos casos están identificados y controlan la movilidad, se les conoce como ‘puntos’, quienes saben lo que ocurre en la población.“A nosotros nos toca mostrar invitaciones o certificados de que vamos a eventos para que el ‘punto’ nos deje salir del territorio y después podamos entrar sin problema”, afirmó miembro de una comunidad étnica en los diálogos de profundización.
En otros casos, donde los ‘puntos’ no son visibles, el actor armado se entera de lo que sucede dentro de las comunidades. El miedo llega ante las amenazas y el temor a que haya un informante entre la población, así no haya certeza de ello. De igual manera, si hay temporadas de tranquilidad, las comunidades sienten temor a que algo grave ocurra. Una de las participantes le dijo a la Comisión de la Verdad que, “no ha pasado nada, qué va a pasar. Le tenemos miedo hasta al futuro”.
La comisionada Lucia González, le habló a los actores armados en el Diálogo Final para la no continuidad del conflicto y la no repetición:
Con el Acuerdo de Paz, las comunidades étnicas y mestizas sintieron que podían llegar nuevas oportunidades y vivir en tranquilidad, la esperanza se ha ido desvaneciendo por la presencia de grupos armados y las fallas en la implementación del proceso de paz. “Vivimos la guerra, el conflicto y el desplazamiento, no masivo pero sí selectivo y estamos resistiendo. El gobierno debe cumplir”, declaró un líder de una comunidad del Urabá.
Nadie se atreve a discutir el control de las AGC en el territorio, especialmente luego de que este grupo armado expulsó al ELN en medio de una dura confrontación. El control de los ríos Salaquí y Truandó como ruta para el narcotráfico fue el detonante de violencia por esos años.
Según documentó El Espectador, hasta 2019, 40 familias de la comunidad Pavas habían abandonado el territorio debido a los enfrentamientos entre estos grupos. Durante ese año, según cifras del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría “7.385 personas, que corresponden a 1.703 familias de 26 comunidades indígenas de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio padecen situaciones relacionadas con la condición de confinamiento”.
El control de las AGC también se ha manifestado en el cobro de las llamadas ‘vacunas’. Antes los grupos armados exigían el pago de este dinero a quienes llegaban con gran capital a la zona. Las personas que asistieron a los diálogos contaron que, en la actualidad, el cobro de vacunas aqueja a toda la población. “Estamos peor que hace unos años con las vacunas, hasta a la señora que vende fritos le pregunta cuánto gana para cobrarle”, manifestó una persona.
La violencia durante estos años dejó cientos de familias desplazadas que quedaron en medio de los enfrentamientos. La presencia de la fuerza pública es evidente. “El Chocó siempre ha estado militarizado, pero todo sigue igual”, dijo con temor uno de los asistentes a los diálogos. Esta situación es evidente y también es denunciada por el comisionado Leyner Palacios. “El río Atrato está totalmente militarizado, pero cómo es posible que con esa presencia de la fuerza pública los grupos armados continúan haciendo con la gente lo que les da la gana”, dijo el comisionado en una entrevista para Rutas del Conflicto.
En los diálogos, los distintos sectores coincidieron en las fallas que han tenido los dos procesos de grupos armados, las AUC y las FARC-EP, con los gobiernos en las últimas décadas.
Excombatientes, que participaron en los encuentros, afirmaron que en el compromiso de dejar las armas y empezar un proceso de reincorporación, el Estado debía llegar a las zonas de influencia de los grupos ilegales para que no fueran ocupadas por otros actores, como ocurrió. “Acá se repite la historia, porque los únicos que salimos del territorio fuimos nosotros, los grupos paramilitares se fortalecieron y ampliaron su radio de acción”, aseguró un excombatiente.
Otro de los problemas que han empezado a afectar a las comunidades, en especial a los jóvenes, es el consumo de sustancias ilegales, principalmente en los cascos urbanos de los municipios. “Estamos viviendo una situación delicada de deserción escolar, consumo de estupefacientes y embarazos a temprana edad”, dijo un líder de una comunidad afro. Otra persona aseguró que los jóvenes no están obedeciendo a las autoridades de sus comunidades por esta misma razón.
El reclutamiento forzado y el consumo de estupefacientes no cesa en el Bajo Atrato-Darién y Urabá. Las comunidades ven como causa del reclutamiento la falta de oportunidades de empleo y educación, sobre todo en el Bajo Atrato. Como recomendación,
todos los actores que asistieron a los diálogos, llegaron a la conclusión de que el Estado debe tener una presencia integral en la región para ofrecer estudio y trabajo a los jóvenes. “Los muchachos terminan en la banda delincuencial que llega a los espacios de recreación a invitar a otros, a reclutarlos”, aseguró un líder a la Comisión de la Verdad.
Tanto las comunidades como el sector empresarial ven condiciones particulares respecto a la seguridad en cada subregión, aunque en ambos territorios hay presencia de grupos armados, en el Bajo Atrato-Darién la situación de orden público es más delicada. “En Urabá estamos mejor y no sucede lo mismo que en el Bajo Atrato que están todos los actores armados y hay un control más fuerte de la población”, afirmó un empresario de la zona.
El Paro Nacional se atravesó en medio de los diálogos, pero no tuvo una repercusión fuerte. A pesar de que varias comunidades se manifestaron, solamente lo hicieron algunos días. “Es que las comunidades nos decían que lo que estaba viviendo el país, ellos lo viven todos los días. Ellos pararon dos días por solidaridad con el resto del país”, afirmó Adith Bonilla de la Comisión de la Verdad.
Según el medidor de pobreza multidimensional del DANE, Carmen del Darién fue el peor municipio de la región con un porcentaje mayor al 75%. Riosucio, Acandí, Unguía, San Pedro de Urabá y Mutatá la tuvieron entre el 50% y el 75%. Seguido de Turbo (49.9%). El mejor de la región fue Apartadó con el 28%.
La región, por ser la puerta a Centroamérica, también ha sufrido un problema con los migrantes que van hacia el norte del continente. Personas que vienen de varias partes del mundo llegan hasta este punto para emprender camino por la selva en el tapón del Darién, lo que ha generado otra renta para los grupos armados, inseguridad en el territorio y casos de violencia sexual contra menores, como lo denunció recientemente Caracol.
