El Bajo Atrato-Darién y el Urabá han sido testigos del olvido estratégico estatal, la violencia de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. Las tensiones por la tierra y sus usos para proyectos agroindustriales, y el territorio como corredor de economía ilegales han traído nuevas oleadas de violencia quebrantando los tejidos sociales y comunitarios.
Las comunidades han sufrido las violencias del EPL, las FARC-EP, los paramilitares y grupos posdesmovilización. La primera guerrilla en llegar a la zona fue el Ejército Popular de Liberación (EPL), que llegó a la región a mediados de los setenta, luego de su creación en Córdoba en 1967.
A finales de esa misma década también llegaron las FARC-EP a la región. Luego de su quinta conferencia en 1974 y la sexta en 1978, decidieron expandir el accionar del grupo y tener al menos un frente por departamento, para evitar ser cercados por las Fuerzas Militares. Así se dio nacimiento al Quinto Frente Urabá Antioqueño, cerca de la frontera con Chocó.
Desde 1982 se tiene conocimiento de que ambos grupos tenían presencia en El Bajo Atrato - Darién. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) por medio de entrevistas recogidas en uno de sus informes del Bajo Atrato encontró que la presencia de los guerrilleros no se limitaba a una presencia armada, sino que buscaban intervenir en “asuntos administrativos, económicos y sociales, que apuntaban a ganar reconocimiento militar y político y configurarse como una especie de Estado paralelo”.
Los enfrentamientos entre los dos grupos guerrilleros comenzaron en el Urabá en 1978, cuando Bernardo Gutiérrez se retiró del frente quinto de las FARC-EP junto con once personas y se unió al EPL.
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) le apostó a la paz por medio de conversaciones con grupos guerrilleros para llegar al fin del conflicto de manera negociada. Al finalizar el mandato de Betancur, los diálogos fracasaron con la mayoría de guerrillas, que conformaron la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG). Las FARC-EP no participaron de este grupo y, en cambio, firmaron un nuevo cese al fuego y consolidaron la existencia de la Unión Patriótica (UP) como movimiento político alternativo a los partidos tradicionales, con la elección de cinco senadores, nueve representantes, veinte diputados y trescientos cincuenta y tres concejales en 1986.
El Cinep señala que durante esta etapa el proyecto político de la UP tomó fuerza en el Urabá antioqueño y chocoano, donde el poder local se sintió amenazado y recurrió a los grupos paramilitares. Durante los años posteriores continuó el asesinato de los líderes de este partido, que según informe del Centro Nacional de Memoria Histórica dejó más de cuatro mil personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas entre mayo de 1984 y diciembre de 2002.
El cese al fuego fracasó y las esperanzas de paz terminaron. La Coordinadora Guerrillera se interesó en vincular a las FARC-EP en su proyecto. Así, en 1987 se constituyó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) que comenzó a debilitarse con los procesos de paz del final del gobierno de Virgilio Barco y el comienzo del gobierno de César Gaviria.
En el Urabá el EPL firmó la paz en 1991, aunque, inmediatamente se creó una disidencia, liderada por Francisco Caraballo. Con la desmovilización del EPL nació el partido político Esperanza, Paz y Libertad. “El EPL fue la única fuerza que en ese momento negoció la reinserción, no solo el tema político. Trabajamos (con la comunidad) en la parte de alfabetización, se hicieron cartillas, se hizo escuela y caracterización del proceso de bienestar de las familias”, dijo una persona que estuvo en el proceso de paz del grupo guerrillero, entrevistada por Rutas del Conflicto y la Comisión de la Verdad.
Las FARC-EP vieron este proceso de paz como una traición y los declaró objetivo militar, con lo que se produjo una ola de asesinatos contra los integrantes del nuevo partido político. “Renuncié al trabajo que venía desarrollando en la reinserción y alfabetización por la serie de masacres contra los desmovilizados del EPL”, afirmó un excombatiente de esta guerrilla.
Uno de los hechos más recordados es la masacre de 1994 en La Chinita, un barrio de invasión y obrero de Apartadó, Urabá, donde guerrilleros de las FARC-EP ingresaron y asesinaron a treinta y cinco personas, varias de ellas simpatizantes del partido creado por los desmovilizados del EPL. (ver masacre)
Con la arremetida de las FARC-EP, un sector de desmovilizados del EPL, retomó las armas, con un grupo llamado Comandos Populares. Entre finales de 1995 y comienzos de 1996, los dos grupos perpetraron varias masacres contra lo que ellos consideraban, las bases políticas del enemigo. Los paramilitares de Córdoba, comandados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño y las fuerzas del Estado, aprovecharon esta situación para llegar con fuerza al territorio.
En 1996 el frente Pedro León Arboleda, otra disidencia del EPL, que operaba en los límites entre Antioquia y Chocó, se entregó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). El nombre de Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny, que más adelante volverá a cobrar importancia, hizo parte de quienes cambiaron de bando ese año.
En 1995 se creó el grupo paramilitar de los Guelengues en Necoclí, Antioquia, bajo las órdenes del ganadero Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias ‘Carlos Correa’. Según la sentencia del proceso de Justicia y Paz en contra del bloque Elmer Cárdenas, los hermanos Castaño eran los comandantes generales mientras que Correa respondía por las finanzas de la organización.
En octubre de ese mismo año, al ver que faltaban personas para las incursiones paramilitares y llegar al Bajo Atrato, la casa Castaño creó el grupo de Los 70 en la zona rural del municipio de Necoclí. A lo que se le sumó el grupo Chocó, con treinta hombres, para realizar las incursiones en Unguía, Acandí y Riosucio.
Así, el entramado paramilitar, conformado por los hombres de los Castaño, miembros de la fuerza pública y empresarios de la región se consolidaron en el Urabá en 1996. A principios de 1997, la expansión continuó hacia el Chocó por el río Atrato, con las operaciones Génesis del Ejército y Cacarica de los paramilitares. Varios líderes de la región fueron masacrados y gran parte de la población abandonó el territorio y se desplazó a los cascos urbanos. A partir de ese año, los grupos paramilitares se unificaron en una sola estructura, llamada Bloque Elmer Cárdenas, liderada por Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Durante los años posteriores, se fortaleció el poder del entramado paramilitar en la región, con los proyectos de palma que se gestaron en las tierras de los desplazados.
En 2003 llegó el proceso de diálogo entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, en Santafé de Ralito, Córdoba. El Bloque Elmer Cárdenas se retiró de la mesa de negociación y no admitió los acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de la organización. En septiembre de 2005 volvió al proceso y en junio de 2006 se desmovilizó la mayor parte de la estructura armada, 1.536 personas.
Pero este proceso de desmovilización fracasó en la región, con la conformación, casi inmediata de un grupo conocido en ese momento como Los Urabeños, creado en 2006 por Vicente Castaño y dos de sus lugartenientes, Ever Veloza García, alias HH, y Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, hermano de ‘El Alemán’. Desde sus inicios han delinquido en la zona de Bajo Atrato -Urabá.
Ante la desaparición y posible asesinato de Vicente Castaño en 2007, ‘Don Mario’ tomó las riendas del grupo criminal, que pasó a llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hasta su captura en 2009. Desde entonces los hermanos Úsuga, que habían pertenecido al EPL y a las AUC, se convirtieron en los líderes de la organización. Giovanni murió en un operativo de la fuerza pública en enero de 2012, quedando como única cabeza de las AGC, su hermano Dayro Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Aunque la fuerza pública ha realizado varios operativos que han terminado con la captura y muerte de varios jefes de esta organización, las AGC, también conocidas como el Clan del Golfo, se fortalecieron en la región durante casi una década y se expandieron a otras zonas del país.
Con la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, en 2016, el Bajo Atrato-Darién y Urabá pasó a ser disputado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. Los combates entre estos dos grupos armados por el control del narcotráfico siguen dejando comunidades indígenas y afro desplazadas y asesinadas.
En la actualidad, la presencia del ELN ha disminuido y las AGC controlan el territorio. Esto ha traído la disminución en los enfrentamientos que dejan a las comunidades en medio. “Nosotras no podemos salir del territorio con tranquilidad. No sabemos si vamos a quedar en la mitad de un enfrentamiento”, afirmó una lideresa del territorio, que participó en los diálogos. Sin embargo, las amenazas y la violencia se mantienen, así como la resistencia de quienes han habitado estos territorios durante décadas.
Según la fuerza pública aún delinquen sietes estructuras ilegales armadas en la zona. Las personas ya no los ven solamente en camuflado y por los ríos, también están en las comunidades. El silencio reina ante el miedo de que los grupos armados se enteren de alguna denuncia.
El conflicto entre los grupos armados ya no es el mismo, la guerra ideológica entre paramilitares y guerrilla cada vez es menos clara. "Desde el 97 no hay una lucha contrainsurgente, lo que hay es una lógica de imposición de procesos de narcotráfico, los grupos armados se distribuyen y disputan las zonas por el narcotráfico", dice Leyner Palacios comisionado de la Comisión de la Verdad. Por lo que se reclama una mayor presencia estatal en la región.
Las comunidades recomendaron que el Estado no debe llegar solamente en su forma militar. También debe hacerlo con oportunidades, principalmente para los jóvenes que se están llevando los grupos armados ilegales. Aunque en la zona del Urabá, el Comité Universidad Empresa Estado Social, CUEES reconocé los avances que han tenido, dicen que falta seguir trabajando. El Bajo Atrato y el Darién, lo reconocen como una zona con menos oportunidades.
“El principal objetivo de los paramilitares era la acumulación de tierras para los proyectos, después estaba sacar a la guerrilla”, contó un líder afro en los diálogos para la no repetición de la Comisión de la Verdad.
Este testimonio da cuenta de una realidad que vivieron los y las habitantes de la región después de la segunda mitad de la década de los noventa. Las comunidades indígenas y afro han sido violentadas, masacradas, desplazadas y despojadas de sus territorios, en medio de un plan de economía a gran escala que ve las tierras de esta región como una oportunidad de riqueza a través de cultivos de banano y palma aceitera, que no ha tenido en cuenta a las diversas comunidades.
El despojo empezó con la llegada del entramado paramilitar que buscaba el control territorial, sacar a las FARC-EP de la zona y lavar dinero a través de empresas agroindustriales. Para Indepaz, el despojo de comunidades afro, especialmente, se debió al plan criminal liderado por la Casa Castaño y una conjunción de intereses de terratenientes, empresarios, políticos, servidores públicos civiles, militares, grupos armados ilegales para imponer el proyecto político, económico, militar y social del paramilitarismo, como se afirma en el informe de Macrocriminalidad con Licencia Legal de Urabá-Darién.
Uno de los casos que muestra cómo el cúmulo de intereses sobre la tierra y su uso se dio en el despojo de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, donde la siembra de palma fue utilizada para lavar dinero del narcotráfico y financiar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. (ver ¿Cómo nos quitan la tierra?).
Para la investigadora Yamile Salinas Abdala, la tenencia, ocupación y uso de la tierra se transformó radicalmente a favor de la puesta en marcha del plan criminal de despojo, legalización y blanqueo de dineros mientras se violaban derechos humanos de las comunidades, a lo que llamó el despojo material. Esto, para que años después, se consolidara el despojo jurídico a través de prácticas fraudulentas de servidores públicos para destinarlas a negocios agroindustriales.
En la violencia desmedida de finales de la década de los noventa y principios del 2000, mientras se expedían las adjudicaciones de títulos colectivos, el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó fue desplazado por los paramilitares. El abandono de la tierra fue aprovechado por empresarios y ganaderos, para adquirir grandes extensiones de tierra a bajo costo con el favor de servidores públicos. (ver caso).
Los y las habitantes del Bajo Atrato-Darién Urabá manifestaron la desconfianza a las empresas que tienen grandes negocios en los territorios. Les recuerda a los noventa, cuando los paramilitares tenían un pie en la organización criminal y otro en algunas empresas, como fue el caso de Maderas del Darién. El Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá determinó en la sentencia del desmovilizado Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán, que esta empresa había financiado al Bloque Elmer Cardenas con 6.909.320.000 millones de pesos.
La alianza entre ‘paras’ y los empresarios de esas épocas marcó a las comunidades. Miembros del sector de la palma y el banano que asistieron a los diálogos para la no repetición de la Comisión de la Verdad, señalaron que era necesario no hacer generalizaciones a la hora de señalarlos como colaboradores de grupos ilegales. Contaron que muchos de ellos fueron presionados a entregar dinero a un actor armado.
“A mi me tocaba pagar, yo no colaboraba porque quería, lo mandaban a uno llamar y uno iba, porque no había control de la fuerza pública, al que no iba lo mandaban buscar” afirmó un empresario del Urabá.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó el estudio formal de los hechos vinculados a la situación territorial de la Región de Urabá en lo que se conoce como el caso 004, en la que las comunidades han podido escuchar a responsables por la violacion de derechos humanos y el despojo de su territorio, como fue el caso del general retirado Rito Alejo del Río.
Con la ganadería creciente que se desarrolla en medio de cultivos de palma abandonados y con el fortalecimiento del sector bananero, el retorno de los consejos comunitarios ha estado lleno de obstáculos. Por un lado, la presencia de grupos armados tras las desmovilizaciones de los paramilitares y de las FARC-EP; y por el otro, los procesos de restitución que no avanzan rápidamente, en medio de la violencia contra los y las lideresas de restitución de tierras.
Líderes sociales del Chocó le contaron al proyecto La Paz en el Terreno que “hubo al menos 126 agresiones contra líderes y lideresas sociales, entre ellas 69 amenazas y 43 asesinatos. Dos de cada tres de estos hechos ocurrieron en el Bajo Atrato - Darién, con 56 amenazas, 16 asesinatos y un atentado, entre otras agresiones”. La zona del Bajo Atrato-Darién y el Urabá se ha visto como una zona de alto riesgo para los líderes de restitución. Según el CINEP hay tres escenarios que la obstaculizan: el primero es la confabulación entre actores armados, ocupantes de tierras y servidores públicos para el despojo de los territorios, el segundo es la presencia y control territorial de las AGC que tienen intereses directos sobre la tierra, y el último es la estigmatización por parte de políticos a estos procesos.
Como se lo narraron a la Comisión de la Verdad en los diversos diálogos sociales que se llevaron a cabo, las comunidades en muchos casos prefieren no denunciar el despojo por miedo a ser asesinados.
Según los datos de la organización Forjando Futuro, se han resuelto judicialmente 890 casos de restitución y se han proferido sentencias en 373. En dichas sentencias se le ordena al Fiscalía investigar a empresas bananeras, maderables y palmeras.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) tiene 1.923 solicitudes de restitución tierras de 1.712 predios en los cuatro municipios que conforman el Bajo Atrato. Riosucio (1436) concentra tres de cada cuatro solicitudes que se hacen en la subregión. Le siguen Unguía (226), Acandí (157) y Carmen del Darién (104). En el Urabá existen 6654 solicitudes de tierras, según la Unidad de Restitución de Tierras
En el Bajo Atrato-Darién y Urabá se han resuelto judicialmente 277 casos y se ha proferido sentencias en 162. De igual manera se han restituido 13,429 hectáreas y se les ha otorgado la propiedad de la tierra a 365 mujeres. Al momento solo cuatro resguardos indígenas han recibido sentencia a favor de la restitución: el Resguardo Indigena "CUTI" Etnia Embera Katio, Resguardo Indigena "Arquia" Etnia Tule, Resguardo Indígena "Dogibi de Eyakera" Etnia Embera Dobida, Resguardo Indigena "Tanela" Etnia Embera Katio (Chocó).
Todavía existen comunidades indígenas en la lucha por la recuperación de su territorio ancestral, como es el caso de los resguardos Chidima Tolo y Pescadito. La Corte Constitucional por medio de la Sentencia T 129-2011, ordenó la salvaguarda de la comunidad para su retorno. Sin embargo, este proceso no se ha hecho efectivo tras diez años de proferida la sentencia. Incluso el 19 de abril de 2016, el juez Primero Civil de Quibdó, especializado en restitución de tierras, emitió el Auto Interlocutorio 074 en el que afirmó que no se ha avanzado en la sentencia de 2011.
Desde los diálogos de profundización con excombatientes se habló del problema de la tierra, en la que manifestaron que las empresas llegaron a acumular predios que tienen un significado ancestral y que no se resuelven los litigios “entonces llega el armado, en medio de la pelea por recuperar la tierra, y juega un papel determinante en el conflicto”
Las comunidades le recomendaron al Estado, a las entidades y a los empresarios escenarios de diálogo para llegar a acuerdo sobre la tierra, respetar la consulta previa para implementar proyectos agroindustriales, minero energéticos y agroforestales. “Yo pienso que aún a estamos a tiempo de construir una utopía que nos permita compartir la tierra y sus riquezas” afirmó uno líder afro a la Comisión de la verdad
La posición geoestratégica de los municipios del Bajo Atrato-Darién y el Urabá ha sido un punto clave en el desarrollo del conflicto en la región. Popularmente, algunos han definido a esta zona como la mejor esquina de América porque el golfo de Urabá, en donde desemboca el río Atrato, tiene la posibilidad de conectar el sur con el centro y el norte del continente, a través de la frontera colombo panameña, así como el Pacífico y el Caribe.
Esa inmensa facilidad de movilidad ha sido principalmente aprovechada por los grupos armados ilegales, que se han asegurado de mantener el control de esta ruta para traficar drogas, armas y personas. Según explicó la fuerza pública en el diálogo para la no repetición con la Comisión de la Verdad, las principales rentas de los grupos armados en la región provienen precisamente del narcotráfico. “El principal combustible para el narco es lo que cobran por dejar pasar insumos, la pasta base, y los cargamentos de cocaína hacia el extranjero. La extorsión es otra fuente importante para estas estructuras”, dijo un miembro de la Policía.
Además de la conexión geográfica que permite la región, otra característica que captó el interés de los grupos armados para asentarse en este territorio fue la cercanía con los densos paisajes, por un lado de la selva del Darién, por el otro del nudo del Paramillo, que son de difícil acceso para las autoridades, y en consecuencia favorables para el tráfico de economías ilegales.
Otras expresiones ilegales de la economía que pasa por esta región, pero en menor medida, son las del oro y la madera, recursos naturales cuya explotación sigue siendo un negocio multimillonario y devastador para los ricos ecosistemas, por ejemplo los de la selva del Darién, una de las zonas más biodiversas del planeta. La agencia internacional de periodismo ambiental, Mongabay, explicó que la ruta de la madera ilegal proveniente del Bajo Atrato empieza en Riosucio y Unguía, donde se talan grandes cantidades del recurso, y llegan a Turbo, desde donde se distribuye a las demás regiones del país.
Un miembro de un grupo étnico que habita en la región del Bajo Atrato y que participó en los encuentros con la Comisión de la Verdad, señaló que la guerra persiste en la región por intereses económicos. “Las FARC-EP fue una narcoguerrilla y ahora tenemos el narcoparamilitarismo. Es el factor económico que reina dentro de los parámetros de lucha que tienen ellos”, dijo. Precisamente, ese interés económico de los grupos armados por los corredores de Bajo Atrato-Darién y del Urabá para el narcotráfico, pero también de las tierras para el cultivo de la coca para uso ilícito, configuró a la fuerza la organización del territorio.
Los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, tuvieron una fuerte presencia en este estratégico territorio, y controlaron sus corredores de movilidad entre 1997 y 2006. El uso de la violencia fue la estrategia para imponer sus intereses, sin que el Estado actuara con determinación. Al contrario, se aliaron con servidores públicos, actores políticos y empresarios de la región para asegurar el desarrollo de las economías ilegales y legales, particularmente, de la desprendida del banano.
De acuerdo con el informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién, del Centro Nacional de Memoria Histórica, los bloques de las ACCU se ocuparon de renglones productivos específicos. “El Frente Arlex Hurtado tuvo como objetivo asegurar la expansión del cultivo de banano para la exportación y la resolución de los conflictos obrero-patronales que se presentaban entre los empresarios del banano y los sindicatos”, dice el informe, que agrega que “el Frente Turbo, asociado al Bloque Bananero, cobró por el embarque y el uso de puertos bajo su control en el municipio de Turbo para la exportación de cocaína al exterior”. Finalmente, el Bloque Elmer Cárdenas se involucró también con la extracción de maderas provenientes del Bajo Atrato, y los cultivos de teca y caucho.
Por su parte, en las zonas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, los hombres de Vicente Castaño, líder de las ACCU, impusieron el cultivo de palma, para lo cual desplazaron y aterrorizaron a las comunidades negras que habitaban sus territorios colectivos. (Poner el capítulo de la serie Así nos roban la tierra).
Después de la desmovilización paramilitar en 2006, los grupos residuales de las autodefensas continuaron controlando los negocios ilegales en el territorio, con la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La codicia por estas tierras y, especialmente, el dominio del narcotráfico, los insumos, las armas y el tráfico de migrantes siguen dejando a las comunidades en medio de violentos enfrentamientos y represalias contra las poblaciones que intentan tener una actividad económica distinta a la impuesta por la ilegalidad.
La falta de continuidad de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, así como el poco apoyo a las comunidades que quieren aprovechar las bondades y la abundancia natural del territorio para consolidar opciones productivas diferentes, o para retomar las actividades que tenían antes de la llegada de la coca, va a seguir fortaleciendo a los grupos armados ilegales, que se alimentan de las necesidades socioeconómicas de las personas que habitan los municipios del Bajo Atrato y Urabá, para continuar lucrándose de las rentas ilegales que alimentan el conflicto.
En las regiones del Bajo Atrato-Darién y del Urabá hay una preocupación común entre sus habitantes: la situación de los jóvenes del territorio. El reclutamiento de los grupos armados es una realidad, pero también lo es que muchos adolescentes se unen a las bandas porque las ven como una opción de empleo y una fuente de ingresos. “Las ilegalidades aprovechan esas debilidades coyunturales que tiene la población para decirle a la juventud: ‘yo te pago 2 millones de pesos’, con eso te engaño y eres mío”, dijo un líder étnico durante los Diálogos para la No Continuidad con la Comisión de la Verdad.
Esta problemática con los jóvenes alrededor de la falta de oportunidades para el estudio, el empleo o desarrollar un proyecto de vida desde la legalidad, es el reflejo de las circunstancias de exclusión y falta de una presencia sólida de la institucionalidad, en las que históricamente han vivido estos territorios. “El Estado ha sido negativo a lo que la población ha pedido. No han querido comprometerse con los campesinos, ni con las víctimas ni con los jóvenes”, dijo una lideresa de la región que participó en los Diálogos para la No Repetición con la Comisión de la Verdad.
Por un lado, el departamento del Chocó constantemente presenta las cifras de pobreza más altas del país. De acuerdo con el reporte Pobreza Monetaria en Colombia del DANE, para 2019 el 68,4% de la población en el Chocó vivía en la pobreza; para 2020, el 64,6% de la población. Particularmente, en los municipios del Bajo Atrato-Darién presentan las siguientes cifras de pobreza multidimensionales, analizadas por el DANE: Acandí (51,4%); Riosucio (70,9%); Unguía (63,4%); Juradó (71,8%); Carmen del Darién (77,8%).
Por el otro, en cuanto a los municipios del Urabá, estos viven la dualidad de ser una región en la que se mueven millones, pero donde sus pobladores habitan en condiciones que no corresponden a la prosperidad que se supondría de una zona geoestratégica como lo es el Golfo de Urabá. Las cifras de pobreza multidimensional del DANE se presentan así en los municipios del Urabá: Turbo (49,9%); Apartadó (28,0%); Necoclí (62,7%); San Juan de Urabá (61,1%); San Pedro de Urabá (62,3%); Arboletes (59,1%); Chigorodó (37,7%), Mutatá (57,8%), Murindó (81,5%).
La encuesta de Pobreza Multidimensional de 2019 fue publicada por el DANE en julio de 2020 y actualizada en diciembre de 2020.
Las poblaciones con mayor número de habitantes en situación de pobreza son a su vez las más afectadas por el conflicto armado. Comunidades indígenas, afro y mestizas siguen intentando sobrevivir, manteniendo sus costumbres y guardando su autonomía, en medio de las confrontaciones. Sin embargo, cada vez, la situación se torna más difícil “Nuestros jóvenes están en peligro, desertan de los colegios porque les pagan a 40 mil pesos el día”, dijo uno de los participantes en el encuentro con grupos étnicos.
En aspectos básicos como el acceso a la salud o la educación, los municipios tienen cifras preocupantes. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 2018, la cobertura de educación superior en municipios del Chocó es muy baja: por ejemplo, en Riosucio, el año en que más cobertura se presentó fue 2010, con una tasa de 4,3%; en 2016, 2017 y 2018, las tasa de cobertura fue 0,0%, es decir, no se reportó la matrícula en alguna institución de educación superior de ningún joven en el municipio.
Situación similar han vivido los municipios del Urabá antioqueño. De acuerdo con cifras del MEN de 2018, en Mutatá el año que presentó la tasa más alta de cobertura de la educación superior fue 2010 con 4,8%. Los años 2016, 2017 y 2018 presentaron tasas de cobertura del 0,0%.
Se extrae de la gráfica de Apartadó, Antioquia porque cuenta con sedes universitarias. Para 2018, el municipio tenía 1956 estudiantes matriculados en universidades. Datos del Ministerio de Educación Nacional, MEN.
Durante el diálogo con el sector privado, los empresarios reconocieron la débil presencia del Estado e incluso hablaron de cómo ellos mismos intervinieron para llevar algunos servicios a las comunidades. “Presenciamos la ausencia completa del Estado. No había Ejército, la Policía ausente. Los empresarios fueron los que empezaron a hacer responsabilidad empresarial: los primeros que hicieron casas, carreteras, fueron los empresarios. Si no se meten la mano al dril y empiezan a buscar beneficios para la comunidad tendríamos un atraso más grande”, contó Luis Fredy Mejía, gerente de EPM para la región de Urabá durante el encuentro con el sector privado.
Sin embargo, esas responsabilidades concedidas de parte del Estado hacia los privados, abrió otros conflictos que aún hoy no se han podido tramitar. “En territorios como Urabá, el Estado le entregó la responsabilidad a empresarios y el empresario hizo lo que le dio gana. Y luego el Estado fue cooptado por la fuerza empresarial, entonces el Estado hacía lo que la empresa quería”, explicó un líder de una de las organizaciones afro que participó en los diálogos para la no repetición con la Comisión de la Verdad.
El Estado no ha logrado impactar con una oferta institucional acorde a las necesidades de estas regiones y el control, no solo económico, sino social, está en manos de los grupos al margen de la ley. “La falta de oportunidades empuja a que los habitantes de la región vean como buena opción vincularse con los actores armados. Necesitan una presencia institucional que atienda a las personas del territorio, que ha sido muy golpeado por la violencia”, dijo la representación de una entidad de cooperación internacional que participó en los encuentros con la Comisión de la Verdad.
El clamor de los y las habitantes de las regiones del Bajo Atrato-Darién y del Urabá es que el Estado llegue, pero con sus instituciones a atender las necesidades de la población. Hasta el momento, lo que se percibe es que hay presencia, pero solamente a través de lo militar; y ni siquiera ese tipo de asistencia ha sido efectiva para cuidar a las comunidades de las confrontaciones del conflicto. “Es complejo dar propuestas a la juventud. Muchos jóvenes están en las pandillas, y cuando los chicos no hacen parte de los grupos son objeto de retaliación por parte de las estructuras del Clan del Golfo. Hay que ofrecer opciones reales, que les interesen y que comprendan la idiosincrasia de los jóvenes allí, para que se encuentre una solución real”, dijo un miembro de la fuerza pública durante el diálogo con la Comisión de la Verdad.
El sentimiento de descuido por parte del Estado se ha traducido en desconfianza de las poblaciones hacia las instituciones estatales, las cuales se perciben como entidades débiles y corruptas en las que no se pueden apoyar.
Por ese motivo, las comunidades abogan por el fortalecimiento de sus procesos autónomos y que se preserven sus proyectos propios, también como parte del reconocimiento de su propia cultura y costumbres. De ese modo, muchos de ellos siguen trabajando en defensa de la tierra y las comunidades, pues el arraigo a sus pueblos es más grande que las necesidades que históricamente han pasado.