comisiones en el mundo

Las comisiones de la verdad se han desarrollado de manera particular en Latinoamérica y en África, aunque también han existido en Europa y Asia. Si bien en general las comisiones de la verdad alrededor del mundo tienen varios aspectos en común, sus mandatos y poderes de investigación específicos han diferido considerablemente, reflejando las necesidades, las posibilidades y los contextos políticos de cada país.

A lo largo de la historia se han identificado muchos factores que llegan a influir en las posibilidades de transición de un país a otro. Uno de los principales es la fortaleza armada y política de los diversos responsables de los hechos victimizantes; y otra que ha tenido un valor significativo en estos periodos de posconflicto es la fuerza organizativa que tiene la sociedad civil, incluyendo a las víctimas y los grupos defensores de derechos humanos en estos países.

Aunque en general las comisiones de la verdad se enfrentan a contextos adversos (tareas complejas, un corto tiempo para desarrollar su mandato, recursos económicos reducidos, contradictores y campañas de desprestigio), pueden hacer contribuciones fundamentales dentro del proceso de transición del país donde se desarrollan, especialmente cambiando la forma de ver y entender algunos aspectos polémicos de la violencia que se ha vivido recientemente en estos países.

En el caso argentino, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato, tuvo el propósito esencial de esclarecer los casos de tortura y desaparición forzada presentados durante la dictadura militar.

La Conadep tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado con el objetivo de prevenir la no repetición de la violencia. Entre sus recomendaciones se destacó la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica, y la aprobación de normas legales que declaren la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad.

La información recopilada por la comisión, y especialmente el gran número de testigos directos identificados en sus expedientes, fue fundamental en el juicio de altos miembros de las juntas militares, logrando el encarcelamiento de cinco generales. Sin embargo, se impidieron muchos juicios debido a la aprobación de leyes que otorgaban prácticamente amnistía a los militares. Incluso, muchos condenados fueron indultados en 1989 por el presidente entrante Carlos Menem.

Por su parte, la Comisión de Verdad del Perú fue la primera en Latinoamérica en desarrollar audiencias públicas. Tuvo un componente que permitió hacer desarrollos en lo legal y abordó ampliamente la violencia sexual contra las mujeres.

Javier Ciurlizza, exsecretario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, y actual director de la Fundación Ford para la región Andina, se refirió a estas audiencias en ‘Reflexiones sobre la verdad’, una serie de textos creados por expertos sobre la necesidad de buscar la verdad del conflicto armado en Colombia: “A través de decenas de audiencias públicas, dimos a conocer las historias de horror en horarios estelares en medios de comunicación. Luego, incluimos esos testimonios y cientos más recogidos en entrevistas y procesos de investigación en un informe que entregamos al presidente y a los otros poderes del Estado. Tratamos, además, de devolvérselo a las víctimas, y generó gran indignación ciudadana frente al horror”.

A esto se sumó que la Comisión de la Verdad encontró que el 75% de las víctimas del conflicto hablaban quechua u otra lengua indígena, lo que llevó a destacar la influencia que tuvo el racismo y la discriminación como detonante de la violencia y llevó a la sociedad peruana a poner la lupa sobre estos aspectos.

En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación investigó durante nueve meses hechos relacionados con tortura, desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 - 1990). Su resultado fue el Informe Rettig que se entregó en febrero de 1991 al presidente Patricio Aylwin.

Tras leer el informe, el presidente Aylwin pidió perdón en nombre del Estado, en una emotiva alocución televisada, suplicó perdón de las víctimas y destacó la necesidad de avanzar hacia la reconciliación. Al tiempo, le pidió a las Fuerzas Armadas gestos de reconocimiento de responsabilidades por el dolor causado.

Contrario a esta solicitud, Pinochet respondió con un comunicado expresando su desacuerdo con el informe e insistió en que el ejército "había salvado la libertad y la soberanía de la patria con el golpe de 1973”.

Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala se caracterizó por hablar del genocidio. Es decir, dio la calificación de actos de genocidio en particular a las violencias ejercidas contra el pueblo maya de ese país y también se preocupó por abordar la violencia de género. “Esta comisión de Guatemala fue una de las primeras que se preocupó por las causas estructurales del conflicto, en este caso el racismo y la discriminación contra los indígenas”, asegura María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su siglas en inglés).

En Canadá, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se creó en 2008 para esclarecer y reconocer una serie de abusos sistemáticos cometidos contra los pueblos indígenas durante más de un siglo, especialmente relacionados con internados educativos para los niños indígenas en donde los obligaban a cambiar de religión y a asimilar prácticas culturales occidentales, todo esto basado en abusos físicos y psicológicos.

En su informe, la comisión aseguró que estos internados formaron parte de una política sistemática de genocidio cultural de las autoridades del país contra la población indígena. Además, el informe denuncia que los objetivos de esa política fueron eliminar los órganos de gobierno y derechos de los aborígenes a través de un proceso de asimilación y causar la desaparición de sus pueblos como entidades legales, sociales, culturales, religiosas y raciales diferenciadas de Canadá.

Un año después de la publicación del informe, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ofreció oficialmente disculpas a los indígenas canadienses. Pese a la gran investigación de la comisión, aún hoy se siguen descubriendo hechos atroces cometidos contra la población indígena canadiense, como cuando a principios de junio de 2021 se encontraron más de 750 tumbas sin identificar en el internado escolar de Marievel, una institución que funcionó desde 1899 hasta 1996, a unos 2.500 kilómetros al noroeste de Toronto, una de las principales ciudades del país.

Estos procesos dan cuenta de la diferencia en los resultados de las comisiones de la verdad, especialmente dependiendo de las condiciones y necesidades de cada sociedad y cómo se disponen estas a encarar el futuro con base en el conocimiento del horror, pero siempre con una clara apuesta por la transformación, la reconciliación y la no repetición.