En alto riesgo se encuentran las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y su Grupo de Trabajo de Género rechazan el incremento sistemático de amenazas, intimidaciones, asesinatos y desplazamientos del que vienen siendo víctimas las integrantes de la ‘Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz’, por parte de grupos armados ilegales en varios territorios del país.

A estos hechos, se suma la falta de garantías institucionales que ponen en riesgo su seguridad e integridad personal y familiar, y obstaculizan y paralizan el cumplimiento de su misión política y técnica.

Para la Comisión, estas amenazas significan un retroceso en la implementación de los acuerdos de paz, y constriñen el impulso y seguimiento que se venía haciendo desde la Instancia a la implementación y transversalización del enfoque de género pactadas en el acuerdo.

De las 16 integrantes de este organismo, cinco se han visto obligadas a suspender todas sus actividades, abandonar sus espacios de incidencia y desplazarse. Otras cinco han tenido que limitar y reducir su participación en los procesos organizativos y de representación por las mismas razones. Es decir, el 62.5% de las integrantes la Instancia Especial carecen de las condiciones básicas de seguridad y protección para ejercer su liderazgo y cumplir a cabalidad el compromiso que significa su trabajo social y político.

Con el fin de salvaguardar los compromisos de este organismo, clave para construcción de la paz y los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, la Comisión de la Verdad apoya y respalda las peticiones que hace la Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género en el Acuerdo Final de Paz al Gobierno Nacional y a todas las instituciones y entidades del Estado para que el constreñimiento de las libertades y derechos ciudadanos se detenga y sean sometidas a la ley las dinámicas que propagan el miedo social contra las mujeres y líderes; así como para que la presencia integral del Estado sea una realidad en las regiones más afectadas por las dinámicas violentas de los grupos armados ilegales.

Instamos al Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar su vida, las de sus familias y sus comunidades y a propiciar todas las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones y liderazgos.