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Comisión de la Verdad

Por el respeto a la vida, la dignidad y el derecho a la protesta pacífica

La Comisión de la Verdad, como institución de Estado, expresa su profunda preocupación porque la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas especialmente jóvenes, ha sido reprimida violentamente por miembros de la fuerza pública.

|COMUNICADO Mayo 04 de 2021

Por el respeto a la vida, la dignidad y el derecho a la protesta pacífica

La Comisión de la Verdad, como institución de Estado, expresa su profunda preocupación porque la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas especialmente jóvenes, ha sido reprimida violentamente por miembros de la fuerza pública y mancillada por individuos que vandalizan y destruyen.

Acompañamos el dolor de las familias y amigos de quienes han sido asesinados cuando se manifestaban en las calles contra la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión. Invitamos a continuar en la movilización pacífica por la convivencia y la justicia social como la mejor manera de honrar su memoria.  Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades, que han sido constatados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar.

Llamamos a cuidar el legítimo derecho a la protesta ciudadana, rechazamos los actos violentos, provengan de donde provengan, y ante la evidencia de la violación a los derechos humanos, recalcamos la responsabilidad particular que recae sobre los miembros de la fuerza pública. Proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad. Las personas que cometan delitos deben ser puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes. El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni las justas reivindicaciones que se han expresado en ellas.

Pedimos la máxima atención a los clamores de respeto por sus derechos de una ciudadanía indignada y rechazamos la estigmatización y la respuesta violenta del Estado a la protesta social, porque son factores determinantes de la persistencia del conflicto armado como hemos podido constatar en la búsqueda de la verdad histórica.

Es indispensable poner en marcha los diálogos con la ciudadanía y sus organizaciones activas en el paro, responder con grandeza a sus exigencias legítimas, llegar a acuerdos y garantizar el cumplimiento de los mismos. La militarización lejos de producir seguridad prolongará la desconfianza y la confrontación. Este es el momento de decidir por los grandes cambios que conducen a la paz y la reconciliación de los colombianos.

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