La Comisión de la Verdad frente a la pandemia del COVID-19

Ninguna persona o institución puede considerarse al margen de este acontecimiento mundial. Consciente de sus tareas y responsabilidades, la Comisión de la Verdad quiere llamar la atención sobre los siguientes aspectos que considera de especial interés en la actual coyuntura de emergencia sanitaria y humanitaria.

La persistencia de la confrontación armada en varias regiones del país durante la epidemia hace mucho más crítica la situación de la población, en especial del campesinado, los pueblos étnicos y los líderes sociales. Hasta ahora, 11 excombatientes de las Farc y 32 líderes sociales han sido asesinados durante la emergencia. Algunas comunidades, en especial en el norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño y Arauca han estado bajo amenazas, viven el confinamiento sanitario bajo el miedo de ser víctimas de actos violentos, o han tenido que huir de sus territorios y recluirse en condiciones de hacinamiento y lejos de servicios de salud, lo que las hace más vulnerables al COVID-19. 

Desde el comienzo de la epidemia en Colombia, a principios de marzo, la Comisión hizo un llamado a todos los actores armados que han persistido, pidiéndoles un cese en sus hostilidades, al menos mientras dure el grave problema de salud. Solo el ELN respondió al llamado de distintas organizaciones y personalidades, cesando sus acciones armadas durante el mes de abril, pero las reinició a partir del 1 de mayo sin que se lograra ningún acercamiento con el gobierno para explorar el reinicio de la negociación política, y ya se registra casi un ataque diario a la infraestructura petrolera.

La Comisión vuelve a hacer un llamado urgente a todos los actores armados para que, por razones estrictamente humanitarias, detengan temporalmente su accionar y permitan que la sociedad concentre su atención y sus recursos en prevenir y cuidarse de la enfermedad, sin los apremios y riesgos de la confrontación armada.

La pandemia ha evidenciado también las inequidades y deficiencias en los servicios de salud, las precarias condiciones en que trabaja gran parte del personal de salud y el mayor riesgo que tienen los pueblos étnicos, la población desplazada por el conflicto, los desempleados y trabajadores informales y los demás sectores que padecen pésimas condiciones de higiene, nutrición, vivienda y hacinamiento, tales como la población carcelaria, de inquilinatos y “pagadiario”.

El departamento de Amazonas está reflejando de manera dramática la gravedad de la situación y la crudeza de las inequidades y las exclusiones acumuladas. En la amazonia colombiana vive el 76% de los pueblos indígenas del país y allí, sin un solo hospital con capacidad de respuesta y con enormes dificultades de acceso a servicios básicos, la pandemia tiene una incidencia once veces mayor al promedio del país, un número de casos y una mortalidad desproporcionadamente altas, con un impacto devastador sobre la población, la cultura y el entorno. Van ya más de 700 casos y de 30 muertos, entre ellos algunos Taitas y el diputado a la Asamblea Departamental Camilo Suárez, quien había solicitado con urgencia la presencia estatal.

La Comisión quiere llamar la atención de toda la sociedad y de los distintos órganos del Estado sobre la urgencia de priorizar efectivamente la respuesta a las necesidades de estos sectores. Dicha respuesta implica tanto acceso a servicios asistenciales de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado y la dotación del personal de salud y de la red hospitalaria, en especial los hospitales públicos y universitarios, como el suministro básico de agua potable, alimentación y condiciones de vivienda, movilidad y comunicación.

La gran prioridad de la sociedad es la vida en condiciones dignas. El dilema actual no es entre la salud y la producción económica. Ni la emergencia sanitaria puede opacar la emergencia humanitaria, ni la atención directa a la enfermedad puede desviar la atención de los demás problemas y del empeño en la construcción de la paz que el país viene buscando. La paz es condición necesaria para la salud y viceversa. Ambas son prioridades sociales e imperativos ético- políticos permanentes.

Más allá del aprovechamiento de la epidemia para fines o intereses particulares, es necesario concentrar las propuestas, las leyes, las acciones y los recursos públicos en la adecuada respuesta a la emergencia sanitaria, con especial atención a los sectores anteriormente enunciados, y en  convocar a todos los sectores e instituciones del país a repensar y reformular de fondo aquellos aspectos de la estructura y el funcionamiento social cuya urgencia o  inconveniencia hayan sido evidenciadas por la crisis sanitaria. La reducción de las inequidades, la garantía de servicios básicos universales, la inclusión social de los pueblos étnicos y los sectores marginados, la reconfiguración del sistema de salud y la persistencia decidida en la construcción de una paz que nos motive y nos incluya a todos, deben estar en los primeros lugares de este debate y en las consiguientes reformulaciones.

La Comisión de la Verdad reafirma ante el país su decisión de continuar trabajando sin descanso, en las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, por el logro de sus objetivos de aportar con la verdad a la construcción de la paz y al cese definitivo de la confrontación armada. Y espera del Estado, del gobierno y de todos los sectores de la sociedad su comprensión, apoyo y compromiso, sin los cuales es inviable y carecería de sentido el trabajo de la Comisión.

Francisco De Roux – Presidente de la Comisión                                                   

Saúl Franco - Comisionado

Bogotá, 13 de mayo de 2020.