Pacto por la búsqueda de las personas desaparecidas en Buenaventura

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición convoca, el 12 y 13 de abril, al ‘Pacto por la Búsqueda – Buenaventura Territorio de Paz’, para visibilizar ante la sociedad civil e instituciones estatales la magnitud, sistematicidad y continuidad de la desaparición de personas en este territorio y atender a las víctimas de los demás crímenes ocurridos en el conflicto armado que durante décadas han afectado a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas, a mujeres, jóvenes y campesinos. 

Por esta razón, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad -mecanismos del Sistema Integral- tienen prevista la realización de una jornada de diálogo, sensibilización y trabajo articulado en la que participarán junto a víctimas, lideresas, líderes, organizaciones sociales, instituciones y representantes de la comunidad internacional.

Este escenario plantea la coordinación de los esfuerzos que sean necesarios para agilizar la búsqueda de al menos 841 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Buenaventura, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos, según datos entregados a la Unidad de Búsqueda por cuenta del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como escuchar la voz y darles un lugar central a las víctimas, comunidades y sectores afectados por la guerra. 

La práctica de la desaparición forzada en Buenaventura ha sido generalizada y se ha usado como estrategia de la disputa territorial por parte de diferentes actores armados que históricamente han hecho presencia en el distrito. En el acceso a la bahía, los esteros han sido los lugares para la comisión de este tipo de crímenes y se han identificado algunos sitios de disposición de cuerpos y la ubicación contigua de casas de desmembramiento. Por ello, este lunes se realizará un recorrido en balsa hasta el estero de San Antonio, en donde además se llevará a cabo un acto simbólico en homenaje a las víctimas de Buenaventura.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), institución del Estado que lidera la búsqueda, la formalización del pacto -que se realizará este martes- se suma a una serie de acciones humanitarias que ha realizado este mecanismo en territorio desde 2020. Entre ellas, los diálogos con víctimas, líderes y lideresas de Buenaventura, quienes manifestaron su preocupación en torno al proceso de dragado que se inició en el estero de San Antonio, así como el desarrollo un estudio que establezca las estrategias para realizar la búsqueda subacuática de personas desaparecidas en la zona. Por ello, la UBPD ratifica su permanencia en el Valle del Cauca para darles respuestas a las víctimas y a la sociedad.

Para la Comisión de la Verdad, desde su abordaje extrajudicial, el foco de su trabajo está en comprender con más profundidad las verdades éticas y políticas que hay alrededor de la desaparición y de esta forma avanzar en presentar un relato que devele los complejos entramados políticos, sociales, económicos y culturales que propiciaron esta práctica en el marco del conflicto armado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) propone aportar a la concreción de objetivos estratégicos, como cerrar la histórica brecha de impunidad de crímenes atroces que se han cometido en esta región; hacer realidad los derechos de las víctimas a la participación efectiva, al esclarecimiento de la verdad y al acceso a la justicia que permitan la identificación, juzgamiento y sanción a los máximos responsables y los partícipes determinantes de los crímenes atroces; el reconocimiento del daño causado y el establecimiento de las correspondientes medidas reparadoras y restaurativas.

Las acciones de las entidades del Sistema Integral buscan, además, impulsar la efectiva e integral implementación del Acuerdo Final de Paz en el país, de manera particular en Buenaventura y en la región del pacífico medio (Valle del Cauca y Cauca). El Acuerdo de Paz es la hoja de ruta que le permitirá al Estado recuperar el control del territorio, desactivar la violencia, garantizar la justicia, reducir los altos niveles de pobreza, ofrecer alternativas legales a quienes dependen de las economías ilícitas, llevarles desarrollo a quienes históricamente han vivido marginados y cicatrizar las heridas que dejaron 50 años. 

La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para acelerar y poner en marcha el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la subregión del Pacífico Medio que también incluye tres municipios de Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí. A pesar de que el proceso de formulación del PDET ya se concretó y en el caso de Buenaventura se consolidaron 215 iniciativas distribuidas en ocho pilares: educación, infraestructura, salud, tierra, alimentación, saneamiento básico y paz, aún no se conoce una hoja de ruta que las impulse en el tiempo.

Si existe una región que reúne todos los desafíos que debemos enfrentar como país para poner fin al capítulo de la guerra, es el puerto de Buenaventura. Pocos lugares como este municipio del occidente del Valle del Cauca, por donde pasa más del 41% del comercio internacional de Colombia, demanda tantos esfuerzos de las instituciones. Solo en lo que va de 2021 han ocurrido 41 homicidios, 13 desapariciones forzosas y más de 8.000 desplazamientos, según documentó la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos A este escenario se le suman instituciones débiles, la corrupción y una fuerza pública que no controla la zona. La ausencia de Estado que padece el puerto es ilegal, inmoral y antiética. 

La comunidad de Buenaventura no está sola: cuenta con el compromiso y veeduría de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP, y la Comisión de la Verdad. Estamos en el puerto con las organizaciones de víctimas, de mujeres, de jóvenes, las organizaciones étnicas y campesinas, la Diócesis de Buenaventura –con el respaldo y apoyo de la Conferencia Episcopal y 

del Secretariado Nacional de Pastoral Social–, la academia, gremios locales y los medios de comunicación nacionales y regionales comprometidos con la implementación del Acuerdo Final de Paz; la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión de Verificación de la ONU y representaciones diplomáticas en Colombia.

Las víctimas, las comunidades y sectores afectados de Buenaventura, su zona rural de influencia y en la región pueden tener la plena certeza de que cuentan con el claro compromiso y voluntad de las entidades del Sistema Integral con la agenda de derechos humanos y la consolidación de la paz territorial.