Sobre la situación de los campesinos en varias regiones del país

Este territorio ha sido objeto de procesos históricos de colonización desde los años 50, que incluyeron la migración de familias campesinas desde el Sumapaz y la región centro andina debido a la violencia bipartidista; la colonización dirigida por el Estado para promover el poblamiento de los entonces 'territorios nacionales'; y la colonización espontánea en busca de nuevas oportunidades.

Por la dificultad en su acceso y el abandono estatal, esta zona ha tenido influencia histórica de la guerrilla de las FARC-EP. Asimismo, se convirtió en un área favorable para la producción de cultivos de uso ilícito; fue el epicentro de la Zona de Despeje pactada entre la insurgencia y el Gobierno Colombiano y el escenario de múltiples formas de victimización a la población que allí habitaba. La presencia tardía de la institucionalidad y su llegada con medidas represivas ha significado la exclusión y la estigmatización de los pobladores y el incumplimiento de las garantías fundamentales del Estado Social de Derecho.

El tratamiento de la problemática de ocupación histórica de áreas protegidas por parte del campesinado, fue pactado en la Reforma Rural Integral y las medidas de participación política en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, previendo el cambio de control territorial en estas áreas de especial interés ambiental, y ha sido un tema abordado históricamente por las comunidades locales y otros actores, en diferentes momentos y procesos de diálogo, los cuales pese a contar con la participación de actores sociales, institucionales y de cooperación internacional han quedado truncos.

Entendemos la naturaleza como víctima del conflicto armado interno. La atención a esta problemática incluye su cuidado, protección y una intervención integral, la cual debe ser consensuada con las comunidades, con participación de los entes territoriales y nacional que incluya oportunidades para el campesinado de reconversión de actividades productivas, acceso y formalización de la tenencia de la tierra, esto en sintonía con la necesidad de avance hacia el ordenamiento social y ambiental del territorio.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, concebida como un mecanismo que aporta a la mediación y procesos de diálogo en situaciones que se hayan generado en razón del Conflicto Armado Interno en las regiones, y que puedan devenir en nuevos focos de conflictividad territorial, se pone al servicio en razón de su mandato, para el proceso de reactivación del diálogo social alrededor de la Mesa Regional de Concertación entre los pobladores de las áreas protegidas, las organizaciones que trabajan en el entorno, las entidades gubernamentales y el ministerio público, con participación de la Iglesia y la comunidad internacional, lo cual se propone como una tarea inminente y posible que permitirá decantar las diferentes consideraciones y alternativas sostenibles sobre la presencia de las comunidades en las áreas protegidas, permitiendo avanzar en pactos de convivencia pacífica que contribuyan a la construcción de una paz territorial, estable y duradera.

Francisco De Roux
Presidente de la Comisión de la Verdad