Sobre las amenazas a Juana Alicia Ruiz Hernández

La llamada amenazante que recibió este jueves 4 de junio Juana Alicia Ruiz Hernández, docente, líder de la comunidad víctima de Mampuján, en María La Baja, Bolívar, es una seria advertencia contra la sociedad caribe que hoy transita por los senderos de la reconciliación en los Montes de María. Las amenazas contra líderes, como Juana Alicia, son evidencia de los factores de persistencia que aún mantiene nuestro conflicto y que tenemos que sobrepasarlo para consolidar la convivencia pacífica y la no repetición.

La Comisión de la Verdad quiere destacar la calidad de la señora Ruiz Hernández como madre, mujer afrocaribe, líder de la sentencia de justicia y paz de Mampujan, ganadora del Premio Nacional de Paz, integrante de la organización ‘Mujeres Tejedoras de Mampujan’ y animadora del Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María, labores que realiza por la reconstrucción del tejido social de dicha comunidad.

El hecho intimidatorio de Juana Alicia significa un atentado al corazón del proceso de reconciliación que adelantan las comunidades víctimas de esta región del Caribe después de la ola de violencia padecida en los años 90 y 2000 y que los sometió a 57 masacres, al despojo de tierras y al desplazamiento de miles de personas inocentes. 

Las alertas de marzo de la Defensoría del Pueblo, las recientes actuaciones de la fuerza pública y el exilio de líderes sociales del territorio por amenazas semejantes, indican que el Clan del Golfo pretende someter a los Montes de María a su férreo control territorial, al que sociedad y Estado han decidido impedir, reclamando respeto por su territorio. 

La Comisión de la Verdad, en marco de su mandato de esclarecer los hechos que generaron el conflicto y trabajar en el establecimiento de condiciones para la no repetición, convoca a reafirmar los acuerdos construidos y solicita al Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Protección, reforzar lo construido en el territorio con la adopción de medidas individuales y colectivas de protección a los líderes y lideresas sociales que han sido amenazados.