El aporte de los pueblos indígenas en la construcción de país

En Colombia existen 115 pueblos indígenas, de los cuales 65 conservan sus idiomas propios. Son pueblos originarios que han sido afectados gravemente por el conflicto armado, y que resisten desde sus formas de vida, cosmovisiones y autodeterminación, aportando a la construcción de una sociedad colombiana diversa, brindándole una riqueza lingüística y cultural invaluable. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 para dignificar las resistencias y permanencia de los pueblos, reconociendo la diversidad étnica, cultural, lingüística y espiritual y haciendo un llamado a las sociedades a fin de prevenir la discriminación, así como aunar esfuerzos que permitan avanzar en la protección de los pueblos milenarios.

La mayoría de pueblos indígenas en Colombia han sido afectados de manera desproporcionada a causa del conflicto armado, es por ello, que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ha venido trabajando para recoger sus voces y su participación efectiva, incorporando sus narrativas, reflexiones y análisis respecto a la relación histórica del Estado Nación con los pueblos indígenas, haciendo evidente la reproducción del modelo colonial, discriminatorio y racista, ahondando en las dinámicas de la economía política, en los impactos, hechos y afectaciones ocurridas en el marco del conflicto armado contra los pueblos indígenas y sus territorios.

Los pueblos indígenas han sido históricamente desconocidos, violentados y discriminados, las prácticas y períodos continuos de violencia en los diferentes procesos de la colonización en sus territorios, han generado muerte física y cultural, genocidios y etnocidios que hasta la fecha siguen dejando secuelas en sus realidades e imaginarios sociales.

Los imaginarios coloniales del indígena como “bárbaro” y “salvaje” aún persisten hoy en día en el imaginario nacional, reforzado el racismo estructural, el irrespeto por sus culturas, y la idea de que sus territorios son objeto de conquista y explotación. Durante muchos años los indígenas fueron relegados a vivir bajo las figuras de terraje, endeude y servidumbre en sus tierras. Gran parte de ellos se replegó hacia las profundidades de las montañas, selvas, llanuras, páramos o desiertos donde resistieron a diferentes procesos de dominación cultural y territorial. El despojo de su territorio y su cultura no se ha detenido, hoy las economías extractivistas siguen violentado las formas de vida indígena y su territorio.

El reconocimiento de los derechos, la autodeterminación y respeto por los territorios de los pueblos indígenas han sido fruto de su lucha constante, han batallado contra la negación persistente en el proceso de independencia y creación de la República donde el Estado a través de políticas, leyes y normas no correspondió con las necesidades ni con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, más bien facilitó el despojo de sus territorios, el exterminio físico y cultural aún más fuerte en el marco del conflicto armado interno y la violación incesante de sus derechos individuales y colectivos.

Los pueblos indígenas han resistido a estas violencias desde sus prácticas culturales, espirituales y procesos de organización social. A través del cuidado de sus conocimientos tradicionales, la protección de sus territorios y su vida comunitaria, el fortalecimiento de sus sistemas organizativos y de gobiernos indígenas y tradicionales, el desarrollo de propuestas en defensa y reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales, así como los procesos de mediación y resistencia pacífica para la resolución de conflictos.

Las luchas políticas de los líderes indígenas por su territorio y sus derechos comenzaron desde el período de La Conquista y se han postergado en el período de la colonización y la república. La Cacica Gaitana, de Timaná, Huila, fue una de las primeras mujeres indígenas en resistir al régimen español. Se reveló por la invasión, el despojo de las tierras y el pago de tributos a los españoles entre 1539 y 1540. En la época de la colonia las resistencias y enfrentamientos de los pueblos indígenas con la Corona española y los procesos de colonización, permitieron que los españoles reconocieran y titularán parcialidades a los indígenas, lo que generó el nacimiento de los resguardos. 

Una vez acabada la independencia, a comienzos de la república, la nueva institucionalidad que se emancipó de España no cambió su relación colonial frente al tratamiento de los pueblos indígenas, por el contrario, comenzaron a disputarse sus tierras, incluidos los territorios reconocidos como resguardos coloniales durante el dominio español.

En este contexto comenzaron las luchas de los líderes indígenas, José González Sánchez (Totoroez), Eutiquio Timote (Pijao) y Manuel Quintín Lame (Nasa), que entre 1912 a 1925 participaron en una rebelión indígena en la región del Cauca, Tolima y el Huila. En el contexto de los debates de la reforma agraria en Colombia en los años 60, los indígenas retomaron sus luchas por la defensa del reconocimiento de sus territorios ancestrales y la constitución de tierras y resguardos del que fueron despojados, así fueron creando y consolidando un proceso de organización comunitaria para la protección, gobernabilidad y exigibilidad de sus derechos culturales y territoriales.

El surgimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el 24 de febrero de 1971 en Toribío, Cauca, marca un hito para la historia del país, al ser la primera organización indígena que sea crea para la recuperación de los resguardos, la defensa del territorio ancestral, la creación y fortalecimiento de los Cabildos; hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, defender la historia, la lengua, las costumbres. En 1973 surge también el Consejo Regional Indígena del Vaupés.

Posteriormente, en 1979 se conforma la organización de Autoridades Indígenas del Sur Occidente del País (AISO) en Nariño y Cauca, ahora llamado Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO). En 1980 se crea la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) bajo los principios políticos y organizativos de unidad, territorio, cultural y autonomía; en 1982 el pueblo arhuaco se toma el Orfelinato de Las Tres Avemarías de Nabusimake, en la Sierra Nevada de Santa Marta, expulsando definitivamente a la misión capuchina que había negado y violentado la cultura arhuaca.  Este hecho impulsó las discusiones sobre la necesidad de construir una política etnoeducativa, así nace, en1983 la Confederación Indígena Tayrona, que reunía al pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), fue constituida durante el Congreso de 1995 en Mitú, con la participación de representantes de los 64 Pueblos Indígenas Amazónicos. Y finalmente se consolida Las Autoridades Tradicionales de Colombia Gobierno Mayor, fue constituida por 11 pueblos indígenas ubicados en áreas urbanas y rurales en diferentes departamentos del país.

El movimiento político indígena abre un panorama de participación política que les permite visibilizar sus realidades, pensamientos y saberes, y exigir su derecho a la tierra y a su autodeterminación. Sin embargo, desde los años 70 el conflicto armado interno profundizó las violencias a la población indígena. Los actores armados entraron a controlar sus territorios, poniendo a las comunidades en medio de confrontaciones, desconociendo las autoridades tradicionales y generando conflictos internos.

El desplazamiento forzado, el confinamiento, el asesinato de líderes y autoridades, el reclutamiento forzado de jóvenes, las múltiples violencias contra las mujeres y niñas, entre ellas la violencia sexual, los procesos de despojo territorial y las graves afectaciones a sus derechos humanos y colectivos son algunos de los impactos que aún hoy viven muchas comunidades.  Aún así, los Pueblos Indígenas han seguido luchando por sus derechos y por la reparación individual y colectiva por las violencias que han vivido.

El movimiento indígena colombiano participó activamente del proceso de la séptima papeleta desarrollado en 1990, que fue la antesala a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En representación de los pueblos indígenas participaron Lorenzo Muelas, del pueblo misak, Francisco Rojas Birry indígena embera y por el movimiento de Quintín Lame Alfonso Peña Chepe, indígena Nasa. 

Los pueblos indígenas lograron incorporar en la Constitución Política de 1991 los derechos al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país; el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos y la condición de inembargables, imprescriptibles e inalienables de los resguardos; el reconocimiento de los idiomas indígenas como idiomas oficiales; el reconocimiento a tener gobiernos autónomos en términos de sus tradiciones y la conformación de sus Entidades Territoriales Indígenas; el derecho de la administración de la justicia propia; el derecho a percibir recursos del sistema general de participación; el derecho a  la consulta y la participación en las decisiones sobre aquellos proyectos susceptibles de afectar sus territorios y culturas, y el derecho a la participación política.

La firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), buscó dar un marco normativo para la autonomía política, cultural y económica de los pueblos, y garantizar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Este Convenio fue fundamental para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la construcción de la Constitución Política de Colombia de 1991 y las leyes que hoy los amparan.

Aunque en el marco legal los pueblos indígenas fueron ampliamente reconocidos, en la práctica siguieron siendo violentados y discriminados. El incumplimiento de la Constitución Política de 1991 y la omisión legislativa por parte del Congreso para desarrollar los artículos reconocidos en la Constitución, así como el asesinato sistemático de indígenas entre 1991 y 1996 llevaron a los pueblos indígenas a la toma de la Conferencia Episcopal el 5 de julio de 1996. La toma duró 43 días y se levantó luego de que el Gobierno aceptó las peticiones de los pueblos indígenas.

En 1996 se crea la Mesa Permanente de Concertación Nacional (MPC) como espacio de diálogo y acuerdo entre las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional, mediante la expedición del Decreto 1397 de 1996. Aunque los pueblos indígenas han ganado espacios de diálogo y decisión, la realidad en los territorios no ha cambiado sustancialmente. Hoy el conflicto armado persiste en los territorios indígenas, estos siguen siendo lugares de disputa y constantes violaciones a los derechos de los pueblos, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Los pueblos indígenas de Colombia han sido defensores de la paz y el fin del conflicto armado. Han salvaguardado saberes y culturas milenarias que hoy aportan una visión sostenible de la vida y el territorio. La participación de la Comisión Étnica para la Paz en los diálogos de la Habana dio lugar al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. A través de un enfoque étnico y diferencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición, se busca garantizar para los pueblos indígenas, afrocolombianos y rrom la reparación colectiva e individual, la justicia, la verdad y la no repetición, en camino a un futuro en paz.

Es necesario entender el contexto de los pueblos indígenas, sus apuestas por la defensa de sus derechos, reconocer las múltiples formas de violencia de las que históricamente han sido víctimas, esta comprensión contribuirá a superar la narrativa colonial que hoy persiste en la sociedad colombiana y a encontrar los caminos para atender sus necesidades y perspectivas humanas y culturales.

La construcción de una narrativa histórica de los pueblos indígenas y las dinámicas e impactos del conflicto armado es necesaria para conocer las causas profundas de este largo período de violencia, para que, a través del reconocimiento de estas realidades, todos los ciudadanos y las futuras generaciones puedan entender su pasado y adquieran una conciencia y un compromiso ético para no repetir esta cultura de exclusiones históricas que han conllevado al conflicto armado, que aún no cesa.

Por esa razón es importante reconocer, cuidar y preservar la vida y la sabiduría indígena porque es fundamental para la construcción de paz y la memoria histórica de nuestro país.