La persistencia de conflicto armado y la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño requiere un diálogo urgente

El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones de Colombia donde se ha presentado el conflicto armado con mayor intensidad. Desde la década de 1970 hacen presencia diferentes grupos armados como el EPL, el ELN, las FARC-EP, así como distintas expresiones de autodefensas y paramilitares. Las guerrillas ejercieron control sobre la población hasta mediados de la década de 1990, momento en que los grupos paramilitares Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y Bloque Central Bolívar disputaron el control territorial y poblacional, así como los intereses alrededor de la economía de la coca y de la extracción del oro, lo cual está en el trasfondo de disputas recientes.

En esta región persiste el conflicto armado y la violencia a pesar de los sucesivos procesos de paz y de desmovilización. El accionar de los grupos armados, relacionado principalmente con la disputa por diferentes rentas legales e ilegales, y por el control territorial, ha desembocado en una crisis humanitaria alimentada por el aumento del desplazamiento forzado, los asesinatos y las prácticas de control social. Según datos de la Unidad de Víctimas, los seis municipios que conforman esta subregión (Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí) sumaron 203.318 víctimas hasta octubre de 2020.

Con el fin de reflexionar sobre las causas de la persistencia del conflicto armado en este territorio,  y de escuchar propuestas y recomendaciones de diferentes actores de la sociedad encaminadas a que estas violencias no continúen ni se repitan, hace cinco meses la Comisión de la Verdad comenzó la ruta del diálogo para la no continuidad y la no repetición. Este proceso, que incluyó una serie de conversaciones virtuales y presenciales con diferentes sectores de la población, concluirá con el Diálogo que se realizará en el Jardín Botánico de Medellín, de 9:30 a.m. a 12:00 m., allí, con la conducción de la comisionada Patricia Tobón y el comisionado Leyner Palacios, conversarán algunos de los participantes del proceso y se presentarán los principales hallazgos de este ejercicio. El evento se transmitirá en vivo por las redes sociales de la Comisión de la Verdad, Colombia 2020 y El Espectador.

En estos meses, la Comisión de la Verdad escuchó a unos 100 representantes de organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos, organizaciones campesinas y de víctimas, colectivos de mujeres y población LGBTI, alcaldías y personerías, institucionalidad regional y nacional con presencia en el territorio, comunidades étnicas, excombatientes, fuerza pública, y de los sectores académico, empresarial, artístico y cultural.

Uno de los principales factores de persistencia del conflicto armado, mencionado reiteradamente en estas conversaciones, fue la manera en que el Estado hace presencia en este territorio. Por un lado, se habla de una presencia esencialmente militar que ha desembocado en casos de estigmatización y violación de derechos humanos en contra de la población civil. Y por el otro, se reitera la escasa presencia social del Estado que no garantiza derechos como la educación, la salud y el empleo. El Bajo Cauca reporta los indicadores económicos y sociales más negativos del departamento, y unos altos niveles de pobreza extrema en contraste con su gran riqueza medioambiental.

Otro de los factores de persistencia más nombrados por los asistentes a esta ruta son las acciones violentas de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, el ELN y las disidencias de las Farc, y la misma fuerza pública, en medio de disputas por el control territorial de esta subregión, que tiene una posición estratégica por su conexión con las regiones del Catatumbo y Urabá; el control de las rutas del narcotráfico y de la explotación minera; y la ocupación del vacío de poder que dejaron las Farc tras su desmovilización.

Los rezagos en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, el uso y la tenencia de la tierra, la desconfianza en la institucionalidad y la débil infraestructura vial, también fueron temas recurrentes en los diálogos de profundización de esta ruta, que tendrá como evento principal el Diálogo del viernes 20 de noviembre, en el que se espera poner en marcha una agenda concreta de acciones que tengan continuidad en los territorios.

Marta Villa, directora de la Comisión de la Verdad en Antioquia, asegura que en el evento final esperan “socializar y compartir con el país las dos preguntas que llevamos a los diálogos sectoriales: por qué persiste el conflicto armado en esta región y qué tenemos que hacer como sociedad para que no se vuelva a repetir. Además, queremos enviar el mensaje de que es la sociedad civil y la institucionalidad pública, a las que les corresponderá seguir trabajando en las garantías de no repetición porque la Comisión de la Verdad es una institución temporal”.

El Diálogo para la no continuidad y la no repetición en el Bajo Cauca antioqueño tendrá como invitados a Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC); Claudia Vallejo Avendaño, de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz; Margarita Palacio, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca; Ludys Soto, indígena zenú y consejera regional de paz para el Bajo Cauca; Santiago Cardona Múnera, vicepresidente de operaciones en Colombia de Mineros S.A.; Kelly Echeverry de la Ruta Pacífica de las Mujeres Antioquia, y la Gobernación de Antioquia.

En octubre pasado se realizó el Diálogo para la no continuidad y la no repetición en el Catatumbo. Ahora es el momento de reflexionar sobre la reconfiguración de dinámicas violentas  y la persistencia del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño, un diálogo urgente para el país. El próximo año, el centro de la conversación serán el Cauca y el Bajo Atrato.