“No queremos miradas de lástima, sino de gente resiliente”

El Distrito de Buenaventura se enfrenta a una de las peores crisis de los últimos años. El dolor profundo que hoy expresan sus habitantes ante una nueva ola de violencia que no cesa y se extiende, dejando a su paso acciones terror, pobreza y adversidad; contrasta con una resiliencia imparable que se niega a olvidar lo esencial: la esperanza de un futuro más digno y humano.

“El impacto que le causa a uno la forma como vive la gente en Buenaventura es tan vergonzoso, que uno no entiende cómo Colombia acepta una situación tan inhumana (...) Esto es salvaje, es inmoral, es contrario a la dignidad humana”, fue la frase con la que el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux dio inicio a una reunión el pasado miércoles, en la participaron autoridades del puerto y delegados de la comunidad internacional.

La Comisión hizo presencia durante dos días en Buenaventura, con el propósito de escuchar a sus habitantes sobre las causas de la persistencia de la violencia estructural en este territorio, de cara al informe final y a las recomendaciones que en perspectiva de no repetición deberá entregar al país a finales del 2021.

“Necesitamos lograr una propuesta seria, de tipo estructural que le digamos al país, porque pensamos que Buenaventura es un símbolo de lo que está pasando en toda Colombia de una manera muy dolorosa”, afirmó De Roux. 

El comisionado Leyner Palacios, quien acompañó este recorrido, lamentó la situación que padece una parte de la población e hizo un llamado a parar la violencia. “Lo primero que uno siente es impotencia y también, mucha rabia e indignación. No se concibe que una población que vive alrededor de un puerto sea tan pobre y esté tan humillada. Es inconcebible escuchar que la gente no puede salir de su casa después de las 4 de la tarde porque la matan”, dijo.

Un recorrido para escuchar

Hacia las 9 de la mañana del martes 16 de febrero, acudieron a la sede del Palenque Congal PCN de Buenaventura, cerca de 15 líderes, representantes de organizaciones y sociedad civil para relatar, ante Francisco de Roux y Leyner Palacios, lo que ellos consideran como una reaparición del terror.

Delegados de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacifico (CIVP), Fundescode, Pastoral Social y del paro cívico, contaron como desde el 30 de diciembre del año pasado, el miedo volvió a apoderarse de las comunidades ante constantes amenazas de parte de grupos armados ilegales. De la misma manera, afirmaron que hace poco más de dos semanas tuvieron que salir desplazadas unas 30 familias por la reaparición de bandas urbanas.

Sus relatos y peticiones coincidieron al demandar medidas de fondo y garantías de seguridad y no repetición frente a la estigmatización, los asesinatos, las desapariciones forzadas de líderes sociales y la violencia de género. “No queremos miradas de lástima, de pobres negros, sino soluciones y ojos para que vean la capacidad de resiliencia que tenemos”, aseguro un de los promotores del paro.

Fueron muchos los testimonios desgarradores que se conocieron en esta reunión, la realidad de las familias que vuelven a sufrir el desplazamiento urbano interno, la presión de armas de alta potencia y el poder de las mafias que se mezcla con autoridades y ciudadanos, que según afirmaron, pone en riesgo el liderazgo que ejercen las organizaciones empeñadas en sacar adelante al puerto.

“Lo más doloroso es la destrucción de la vida humana, la inseguridad, la incertidumbre, pero tenemos una enorme decisión de querer saber lo qué está pasando para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, sostuvo una de las participantes e integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacifico.

La comunidad insistió en la importancia de que el informe final que presente la Comisión incluya la verdad del Pacífico como un capítulo especial en el que se puedan describir las características estructurales de la violencia en el puerto, que pasa por una disputa por el control territorial, y otra muy focalizadas.

“Esperamos que las recomendaciones del Informe Final contribuyan a transformar en algo la realidad. No podemos prometerles soluciones inmediatas, tenemos que ser honestos y nuestro mandato está enfocado en el esclarecimiento, pero las recomendaciones pueden ser garantía de no repetición”, les dijo el comisionado Leyner Palacios. Entre tanto, Francisco de Roux les hizo un llamado a continuar en su objetivo de lograr un futuro más humano. “Los invito a que planteemos esos problemas estructurales de fondo. Esos problemas que el pueblo quiere que nosotros le digamos a los políticos y los empresarios del país. Buenaventura debe enfrentar esos problemas estructurales para que las cosas cambien”.

El miedo se apoderó de los barrios

Como parte de la agenda prevista, el presidente de la Comisión recorrió algunos barrios entre ellos, el Juan 23, tal vez el más afectado por la violencia de los últimos meses, como consecuencia de la guerra entre bandas.  

De Roux escuchó a los habitantes, y de ellos los temores que tienen ante la inminente aparición de nuevas ´casas de pique’. No obstante, se declaró conmovido al ver las banderas blancas que colgaban de las ventanas de las casas como una expresión de resistencia y de paz.

“Me he enterado de muchas cosas, he escuchado cómo vuelven, dolorosamente, los asesinatos, los crímenes espantosos que se vivieron con las casas de pique, la utilización de armas descomunalmente agresivas y de guerra”, advirtió.

El compromiso de las autoridades

En su tarea de construcción las recomendaciones hacia la no repetición, la Comisión también se reunió con las autoridades locales y del puerto. Acá participaron Francisco de Roux y Leyner Palacios, de manera presencial, y Alejandra Miller, desde la virtualidad.

El presidente de la Comisión fue enfático al demandar de las autoridades medidas urgente que frenen la violencia: “Es tan vergonzoso que yo no entiendo cómo es posible que Colombia acepte una cosa tan inhumana, es de tales proporciones lo que uno ve, es tan degradante, es una forma de vivir la gente tan horriblemente inhumana que uno se queda preguntando cómo es posible que hombres y mujeres con la misma dignidad de nosotros tengan que vivir así”.

Por su parte, el comisionado Leyner Palacios rechazó la pasividad del país ante esta situación. “Nos preguntamos ¿Dónde estamos los colombianos que permitimos que esto les pase a otros colombianos? Aquí hay una responsabilidad ética y moral. Fue decepcionante escuchar que los jóvenes viven en casas que no cuestan más de seis o siete millones de pesos, pero tienen fusiles y armas que cuestan 30 o 40 millones. Alguien les está dando esas armas”, aseguró.

A la reunión con instituciones, también participaron Víctor Vidal, alcalde de Buenaventura; Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura; Manuel González,  del  Movimiento Cívico;  padre Jhon Reina, del Movimiento Cívico;  Alexander Micolta,  Cámara de Comercio de Buenaventura; Angélica Mayolo, presidente ejecutiva Cámara de Comercio de Buenaventura;  Hernán Valencia, líder social-miembro del Comité del Paro Cívico; Judith Segura, líder social-miembro del Comité del Paro; Miyela Riascos, líder social-miembro del Comité del Paro Cívico; Daniel Luz, jefe de la oficina de Cali de la Misión de verificación de la ONU DD.HH; Larry Sacks,  Director Usaid.

Y  manera virtual,  Benjamín Mosquera, líder social - PCN - Movimiento Cívico Virtual; Felipe Montoya, gerente de Vivienda – Comfandi;  Manuel José Carvajal, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Carvajal Virtual;  María del Rosario Carvajal, presidente del Consejo Directivo de la Unidad de Acción Vallecaucana;  Rudolf Hommes,  Sociedad Portuaria de Buenaventura;   Manuel Ramiro Muñoz,  Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali;  Marcela Astudillo, presidente ejecutiva de la Fundación Carvajal.