La Comisión busca la verdad del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay

El estado de excepción, representado en el estado de sitio, se convirtió en una de las herramientas de gobierno más usadas durante el Frente Nacional (1958-1974) en Colombia. Bajo su normatividad, las garantías y libertades constitucionales quedaban suspendidas mientras la autoridad reestablecía la normalidad y el orden público, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes en diferentes regiones.

El Estatuto de Seguridad, expedido al inicio del gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-1982), se constituyó en la expresión máxima del estado de sitio. En los ejercicios de memoria y búsqueda de la verdad realizados por la Comisión en las diferentes regiones durante el último año, el Estatuto de Seguridad y su aplicación sobresale como un momento de desconcierto, dolor y zozobra dentro de los sectores sociales organizados y comprometidos con el avance social.

La promulgación del Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978, a un mes de posesionado el nuevo gobierno, desencadenó un repertorio de actuaciones alarmantes de las fuerzas militares y de policía: allanamientos de domicilio sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, consejos verbales de guerra para juzgar a civiles, hechos que constituyeron una falta de garantías y libertades constitucionales flagrantes y de ausencia de seguridad para quienes las reclamaban.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la exequibilidad del Estatuto de Seguridad el 30 de octubre de 1978, con salvamentos de voto de importantes magistrados: Ricardo Uribe Holguín, Juan Hernández Sáenz, Jesús Bernal Pinzón, José María Velasco Guerrero y Gustavo Gómez Valderrama, entre otros.

Los argumentos de los magistrados iban desde la ausencia de facultades del gobierno para “dictar un pequeño Código Penal, como es el Estatuto de Seguridad”, o de competencias para trasladar la jurisdicción penal ordinaria a los jueces militares, hasta la afirmación contundente de que “lo que se deduce fuera del tradicional propósito de alejar a los jueces ordinarios es una severa represión a las protestas sociales, al sindicalismo activo, a la agitación estudiantil legítima, a los esfuerzos para promover una toma de conciencia y acción respecto de los problemas que sacuden al país”.

Había unos antecedentes de mucha tensión entre las centrales sindicales y las fuerzas armadas por el uso excesivo de la fuerza durante el Paro Cívico de septiembre de 1977. La alta oficialidad de las Fuerzas Militares le había solicitado al Gobierno civil “eficaces medidas adicionales para garantizarle a la institución militar, y a sus integrantes, la honra a que tienen derecho, y a todos los ciudadanos la seguridad que requieren dentro de una patria amable”, en una carta inusual al gobierno anterior en diciembre de 1977.

La carta aludía a las críticas recibidas por las actuaciones de las fuerzas del orden durante el paro, críticas que tuvieron eco en un debate en el congreso con amplia difusión en la prensa escrita. La situación de derechos humanos se agravó luego del robo de armas del Cantón Norte del Ejército por parte del M-19 en Bogotá en el cambio de año entre 1978 y 1979, y la reacción militar y policial para recuperar las 7.000 armas y capturar a los responsables del robo.

En el terreno político los impactos del Estatuto de Seguridad también se sintieron. El político liberal Darío Echandía, salió de su retiro para afirmar: “El dictador de este país es el general Luis Carlos Camacho Leyva”, comandante del ejército, quien actuaba como “el dueño del gobierno y el mentor de la política dura”.

La respuesta de los sectores afectados y de la sociedad en general fue la organización del movimiento de derechos humanos, el cual fue surgiendo con diferentes núcleos regionales y bajo un fuerte hostigamiento estatal. Nació el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) creado después del primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas, organizado en Bogotá en 1979, como respuesta al Estatuto de Seguridad y encabezado por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, prestigioso internacionalista y diplomático.

La Comisión de la Verdad, en esta ocasión invita a Gustavo Gallón (director de la Comisión Colombiana de Juristas), Juan Salcedo Lora (general (r) del Ejército Nacional) y a Jesús Aníbal Suárez (gerente de Ediciones Aurora), con el propósito de escuchar las versiones y miradas de personas que participaron como protagonistas, testigos o afectados directa o indirectamente, para que contribuyan al entendimiento y la comprensión del contexto en el que sucedieron los hechos.

El espacio de Contribución a la Verdad se realizará este jueves 29 de julio, de manera virtual, entre 2:00 y 4:00 p.m. Sígalo a través de comisiondelaverdad.co y facebook.com/comisionverdadc.

Perfiles de los participantes

-        Gustavo Gallón Giraldo

Director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y ex representante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial. Es abogado graduado en la Universidad Externado de Colombia; máster en ciencias políticas en la Universidad de París I y tiene estudios de doctorado en sociología política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Ha sido docente de las universidades de los Andes, Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Pontificia Javeriana y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y columnista de El Espectador.

Ha sido representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial, presidente del Consejo Directivo del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional en Washington, miembro del Consejo Directivo del Servicio Internacional por los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, y miembro de la Comisión Andina de Juristas.

Ha liderado demandas como la del Marco para la Paz, que tuvo al gobierno en alta tensión por sus efectos en las negociaciones de La Habana, o frente al fuero penal militar, la Ley de Inteligencia o la de Justicia y Paz.

-        Juan Salcedo Lora – general (r)

Nació en San Jacinto, Bolívar. Estudió su bachillerato en los colegios San José y Barranquilla, ambos en la capital del Atlántico. Se graduó como Subteniente del arma de Artillería el 4 de diciembre de 1.958, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba en la ciudad de Bogotá.

Perteneció al Ejército Nacional más de 35 años. Su especialidad dentro de la institución fue en artillería.

En su ejercicio militar se ha desempeñado como: Director de Inteligencia del Ejército, comandante de la Segunda Brigada de Ejército y la Décima Cuarta Brigada del Ejército, Comandante Primera División, Jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, director de la Escuela Superior de Guerra, Agregado Militar a la Embajada de Colombia en Washington, Agregado Militar a la Embajada de Colombia en Italia.

Ha sido docente en Táctica, Estrategia, Artillería de Campaña, Historia Militar, Derecho Internacional de los conflictos, Justicia penal internacional e Inteligencia en los varios centros docentes civiles y militares.

El 13 de diciembre de 1994 recibió su tercer sol de general, la máxima condecoración del Ejército.

Fue presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de las Fuerzas Militares, ACORE entre el 2008 y el 2012, y del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares entre 1997 y 2001. Además, presidió la Federación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional entre 1998 y 2001.

-        Jesús Aníbal Suárez

Fue miembro fundador de la Unión Patriótica en 1985 y actualmente es el gerente de Ediciones Aurora, una editorial especializada en publicaciones sobre historia, economía, ciencias políticas y sociales, derecho, y literatura.

Ha tenido participación en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos desde su fundación e en abril de 1979

Fue secretario ejecutivo del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, desde 1992 hasta 1996. Con ocasión del VIII Foro de julio de 1996 tuvo que salir al exilio. Además, fue compilador del libro "Derechos Humanos en Colombia. Veinticinco años. Itinerario de una historia" publicado en 2004.

¿Qué son los Espacios de Contribución a la Verdad?

Son espacios en los que la Comisión de la Verdad entrevistará a diferentes personas que, de manera voluntaria, deseen contribuir al proceso de esclarecimiento de la verdad.

A estos espacios acuden todas aquellas personas con relevancia nacional o regional que hayan sido CONVOCADAS PÚBLICAMENTE por la Comisión, y/o que hayan expresado su voluntad de contribuir con la verdad. Podrán ser convocados expresidentes de la República, políticos, exministros, exmilitares, exguerrilleros, exparamilitares, empresarios, víctimas directas, familiares de una víctima y un testigo de excepción, entre otros.

Se debe aclarar que se convocarán a personas que estén vinculados con períodos precisos relacionados con el mandato de la Comisión y/o que tengan conocimiento, ya sea como protagonistas, víctimas, responsables o testigos de algún tema relacionado con el mandato de la entidad.