Décadas de ausencia: los relatos de desaparición forzada en la Policía Nacional

Con la emoción apretando por dentro, como canta Rubén Blades, las familias de integrantes de la Policía, que fueron víctimas de desaparición forzada, participaron en un Espacio de Escucha organizado por la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Unión Europea y en alianza con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Durante el encuentro se conocieron historias que dan cuenta de décadas de incertidumbre. Relatos de hechos del conflicto armado colombiano en los que, de un día para otro, a cuatro mujeres les arrebataron a sus seres queridos.

El comisionado Carlos Martín Beristain expresó: “La desaparición es un dolor permanente en las familias y amigos, pero sus testimonios ayudan a entender la dimensión de la violencia. Hay que valorar cuando quienes sufren estas pérdidas deciden hacer públicos los episodios que vivieron, para que la sociedad conozca lo difícil que pueden ser estos procesos”.

De acuerdo con la Policía, el Grupo de Investigación Criminal Justicia Transicional y la Fiscalía, entre 1990 y 2020 han ocurrido 118 casos de desaparición forzada de integrantes de la Policía, pero solo 46 se encuentran en el Registro Único de Víctimas (RUV), mientras que otros 15 no están documentados y se espera por otros 57 que no han sido declarados ante el Ministerio Público.

Larry Sacks, director en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), le envió un mensaje de aliento a las familias que todavía viven en medio de la incertidumbre, muchas de ellas cargando el sufrimiento por más de 20 años. Además, dijo que el fenómeno es preocupante incluso por fuera de la fuerza, pues las autoridades calculan que hay más de 180.000 personas desaparecidas, “que es como si estuviera desaparecida toda la población de la ciudad de Tunja”.

Por su parte, el coronel Fernando Pantoja, jefe del área de historia, memoria histórica y víctimas de la Unidad Policial para la Edificación de Paz, señaló que la desaparición forzada es el acto victimizante más cruel. “Este hecho debe desaparecer de los fenómenos delincuenciales que padece Colombia”, el oficial también recordó que la institución tiene dentro de su visión contribuir al esclarecimiento de la verdad.

Luego de conocer las tres historias que se presentaron durante el espacio de escucha, el comisionado Carlos Martín Beristain observó que se percibe una falta de respuesta institucional y es importante que se haga este reconocimiento y se les dé a los familiares de las víctimas el tiempo y la importancia que merecen.

“También podemos observar que la desaparición suele recaer en las mujeres. Una esposa, una hermana, una hija que son quienes pierden a esas personas que amaron”, anotó.

Beristain llamó la atención sobre cómo la burocracia se ha convertido en la excusa más recurrente para dilatar las investigaciones y ahondar en las heridas de las familias que reclaman saber qué ocurrió. “Es necesario generar más contacto con las víctimas y sus allegados”.

En la toma de Morales se llevaron al subteniente y al cabo primero

Antes de que la guerrilla irrumpiera en el municipio de Morales, Bolívar, Mónica Villanueva recordó que a ella y a su mamá les tocó salir del pueblo, en diciembre de 1990, escondidas en un camión de ganado porque había rumores de que las secuestrarían para exigirle a la Policía un intercambio por guerrilleros que estaban presos. Las dos habían ido a visitar a Bernardo Villanueva, que era subteniente y comandante de la estación policial.

Su hermano, contó, siempre les decía lo complicado que era vivir en un sitio rodeado de insurgentes, pero siempre buscaba tranquilizarlas porque según él estaba cerca un ascenso y lo trasladarían. Sin embargo, el 16 de mayo de 1991, mientras se jugaba un campeonato de fútbol en la cancha de Morales, el antiguo frente 37 de las FARC-EP se tomó el pueblo.

“Los combates duraron toda la noche hasta que se acabó la munición. Al otro día los policías se entregaron y la guerrilla los enfiló en el parque y se llevó monte adentro a 14 agentes, un cabo y mi hermano”, relató Mónica.

Ese episodio, encerrada en un cuarto con su hija, lo vivió Merly Suárez, esposa del cabo primero Héctor Suárez. Recordó que, durante la toma, los dueños de la pensión en la que vivían se recriminaban el hecho de haber alojado a policías y sus familiares. Ese 16 de mayo cortaron la luz, los teléfonos, y lo único que le quedó a Merly fue rezar y tratar de tranquilizar a su hija de cinco meses, mientras los otros le pedían que la callara, pues decían que por eso los iban a matar.

“Al sentir la soledad de las calles, que habían parado los disparos, en la madrugada nos dimos cuenta que había un agente herido, otro muerto en una carreta en el parque principal y al resto se los habían llevado”, expresó Merly.

Meses después liberaron a los agentes, pero ni el cabo ni el subteniente llegaron con ellos. Uno de los uniformados le dio una razón de su esposo a Merly: le pedía que cuidara mucho a la niña, que esperaba verlas pronto. A Mónica le entregaron un papelito en el que su hermano le contaba cómo estaba. A los dos la guerrilla los mantenía atados de pies y manos.

Pasaron muchos años, hasta 1997, cuando la familia Villanueva recibió noticias. Un guerrillero le dijo a la mamá de Bernardo que no los buscaran más porque estaba muerto. A Merly también le contaron que cuando el cabo y el subteniente trataron de fugarse, a orillas del río Ariza, el comandante guerrillero había dado la orden de ejecutarlos.

Las dos familias no pudieron sepultar a sus seres queridos, no tienen idea de dónde quedaron los cuerpos. Incluso en 2017 la Fiscalía contactó a los Villanueva para decirles que Bernardo no se encontraba como desaparecido y tuvieron que empezar un trámite para que quedara registrado.

En ambos casos reclaman que les hubiera gustado mayor acompañamiento de la Policía, porque al menos hasta hace un par de años no sintieron el respaldo necesario de una institución preocupada por quienes pierden a esos hombres que sacrificaron sus vidas por el deber y el uniforme, mientras ellas buscaban con desesperación en cualquier listado para encontrar los nombres de los suyos.

Diana Paola Suárez, la hija del cabo, manifestó que no haber crecido junto a su padre provocó que ella “desarrollara miedos e inseguridades. Aunque agradezco la fortaleza de mi mamá que me ayudó a sobrellevar estas dificultades. Pedimos mayor atención a las víctimas por parte del Estado, más inversión en oportunidades para evitar que los jóvenes terminen en grupos armados ilegales”.

Un viaje sin retorno

El 1 de enero de 1993, la novia del agente Tomás Contreras llamó a la familia del uniformado para saber cómo había llegado del viaje, pues el día anterior él le había dicho que iría a Cúcuta, desde Bucaramanga, para pasar el fin de año. La noticia los sorprendió a todos. En casa nadie sabía dónde estaba.

Blanca Nelly, la hermana de Tomás, fue al comando de Policía de Santander para averiguar, pero allí tampoco tenían idea y lo único que le dijeron es que quizás estaba con algunos amigos, porque no tenía licencia y debía presentarse a trabajar, pero que tarde que temprano aparecería.

Ocho días después apareció en los periódicos la noticia de su desaparición. Se especuló que lo entregarían en San Vicente de Chucurí, pero eso no quedó en nada. Blanca Nelly recordó que también mencionaron que lo tenía en su poder el ELN, porque campesinos habían sido testigos de cómo lo tomaron prisionero; la moto en la que viajaba el agente la habrían vendido y fue vista circulando en algunas carreteras.

Dejamos pasar el tiempo, a ver si dos hermanos que también estaban activos en la Policía obtenían información. En mayo de 1993 declarado desaparecido, en 1996 un juzgado dijo que era presunta muerte para las pensiones y las garantías para la familia.

“Mi hermano tiene 27 años y 11 meses desaparecido y no sabemos nada. El año pasado, en noviembre, me hablaron sobre la ley de reparación. Por curiosidad nos acercamos a indagar y nos dijeron que mi hermano no estaba reportado como desaparecido, incluso una muchacha que nos atendió encontró una diligencia de exhumación de unos restos practicada en 2017 que estaba a nombre de mi hermano”, contó.

A raíz de este hallazgo se reactivó la búsqueda. Blanca Nelly fue a la Fiscalía e hizo los trámites para que lo incluyeran en el sistema como desaparecido. No obstante, sigue sin respuestas. El 10 de diciembre del año pasado asistió a una ceremonia de dignificación a policías desaparecidos y para ella fue un impacto ver la cantidad de uniformados de los que no se tienen novedades.

Ella, así como las familias Villanueva y Suárez tan solo buscan hallar la verdad para poder vivir en paz, le dicen al Estado y a los violentos que basta ya, que no quieren que ninguna otra persona pase nunca más por ese dolor constante que padecen y que se ahonda cada día.