Espacio de escucha en San Andrés, Providencia y Santa Catalina evidencia fuertes afectaciones del narcotráfico en las islas

Con el fin de conocer las afectaciones que ha dejado el conflicto armado en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desarrollaron el espacio de escucha ‘La experiencia raizal en medio del conflicto armado’ que permitió profundizar en las propuestas de transformación estructural que se necesitan en las islas.

Después de unas palabras de apertura por parte de Alberto Gordon, presidente de la Autoridad Raizal, el espacio presentó una contextualización del conflicto armado al interior del territorio y evidenció la evolución de las afectaciones que incluyen desde desapariciones, narcotráfico, desarraigo y ruptura del tejido social y miedo de contar lo que pasaba en las islas. Marilyn Jiménez, coordinadora de la estrategia de participación y sectores de la Comisión, explicó: “Para hablar hoy en día de lo que significa ser parte de la comunidad raizal, es importante reconocer la relación de las islas con el conflicto armado, relación que ha sido ignorada y muchas veces minimizada por los relatos dominantes existentes en la materia”.

La magistrada de la JEP, Xiomara Balanta, contrastó la percepción que se tiene hacia afuera de las islas frente a la verdadera realidad que se vive al interior de la comunidad: “El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido reconocido a nivel mundial como un paraíso tropical, un lugar vacacional insuperable. Sin embargo, el continente no logra comprender el impacto que ha tenido el conflicto armado en este pueblo que vive toda su cotidianidad en torno al mar. Poco se sabe de la sangre derramada por los y las raizales en el marco de la violencia. Se desconoce su contexto, su historia y cómo esto ha generado una degradación cultural y ancestral”.

Al igual que en el resto del territorio colombiano, el archipiélago no fue ajeno a la situación de violencia y narcotráfico que empezó en los años 80 y que poco a poco se fue instalando en diferentes comunidades. “Para los 80, San Andrés ya no era lo mismo, el narcotráfico empezaba a apoderarse de la isla, en los 90 empiezan las desapariciones y un sin número de hechos que se desatan en el año 2000”, explicó Alberto Gordon, para dar un contexto explicativo de cómo el narcotráfico se radicó en las islas, afectando la cultura, la comunidad y los valores.

Otro factor a tener en cuenta es la ubicación geográfica de las islas que posibilita el transporte marítimo como medio para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. Ante esto, la antropóloga Inge Helena Valencia de la Universidad ICESI explicó: “No se puede subvalorar el aumento del pie de fuerza en el territorio, paralelo a un recrudecimiento de conflictos, y lo que supone también una militarización hacia afuera, la ruptura de ese territorio, de ese mar que antes era recorrido, conectado por los marinos, por los navegantes, por el pueblo raizal que como lo dicen muchos liderazgos son quienes realmente hacían la soberanía y hoy por hoy es un territorio fracturado, donde sus relaciones están fracturadas”.  

Por su parte, Ralph Newball, exgobernador de San Andrés, habló sobre cómo el narcotráfico unido a los problemas que se evidencian como la sobrepoblación o la falta de empleo han posibilitado el incremento de los hechos violentos y el desarraigo de los jóvenes de la isla. Asimismo, la politóloga Sally Ann G. Taylor aclaró: “Existen imaginarios fragmentados que se deben tener en cuenta para entender cómo la cotidianidad se ve interrumpida por actos violentos que han sobrepasado la territorialidad para entrar a lo marítimo también”.

Con relación al papel de la mujer raizal y al fenómeno de la desaparición, la documentalista Luz Marina Livingston, lideresa raizal de Providencia, habló sobre la situación que deben vivir las mujeres isleñas tras la pérdida de sus esposos: “La mujer ha sido presionada, porque cuando su esposo desaparece, ella no solo se convierte en la mamá de siempre, sino también hace el rol del papá. La mujer isleña siempre piensa que ese hombre va a volver, a pesar de que han pasado cincuenta años, siguen guardando la esperanza. Es una tortura que se mantiene internamente y también es una presión social sobre la mujer y la familia”.

Con ese panorama de afectaciones específicas hacia la mujer isleña, Inge Helena y Luz Marina coincidieron en el planteamiento de que el narcotráfico ha impuesto en la cotidianidad de la comunidad una serie de factores tales como la corrupción, la falta de justicia, la estigmatización del pueblo raizal y múltiples dinámicas de violencia propias de este fenómeno. Valencia considera, además, que estas afectaciones y la violencia misma, se han visto agudizadas en el proceso de integración de las islas al proyecto del Estado colombiano, que ella califica de penoso, ya que “territorios como este no pueden ser solo vistos en momentos de calamidad por parte del Estado”.      

Luego de este análisis hecho se plantearon conclusiones enfocadas en recomendaciones para la no repetición del conflicto armado. Se habló de la necesidad de tener mayor visibilidad de las islas, sus comunidades por parte de las entidades del Estado y de la sociedad en general, debido a las conflictividades que padecen al no poder acceder a más oportunidades y posibilidades para la juventud y de contar con un modelo turístico y económico de mayor proyección que integre a la comunidad raizal.

En este sentido, Sally Ann Taylor enfatizó: “Hay que revisar el modelo turístico y económico estructural y, además, ver cómo pueden irrigarse los beneficios de este modelo. Pensar también en la importancia de liberar, sanar y restaurar. Asumimos que la Comisión de la Verdad viene haciendo un proceso de liberación de la verdad, de un esclarecimiento, de una respuesta a la demanda social de un país que pide que se esclarezca y se diga la verdad. Acompañado de ese esclarecimiento debe venir un proceso de sanación”.

Para concluir el espacio, el comisionado Carlos Ospina destacó que debe existir un frente común entre la autoridad gubernamental y la autoridad raizal para poner fin al conflicto armado del territorio, pues no es posible que se mantenga la ruptura que se percibe entre las autoridades y los raizales. Dijo que pareciera que la policía no llegara para comprender la cultura raizal, sino para avasallar. Una conclusión similar fue expresada por el pastor Gordon, quien pidió al Estado una política de inclusión del pueblo raizal que permita involucrarlos como el pueblo que habita ese territorio que es ofertado como destino turístico sin tenerlos en cuenta. Agregó que la militarización no puede ser la única forma de presencialidad del Estado y que son necesarios los buenos oficios de los gobernantes y la justicia: “La soberanía la ejercemos nosotros los pueblos, la fuerza protege, pero la soberanía la ejercemos nosotros”. 

Finalmente, la magistrada Xiomara Balanta expresó la importancia del espacio de escucha desde la institucionalidad y el compromiso de la JEP con la impartición correcta de justicia como parte del compromiso con las víctimas, quienes son la centralidad del Sistema Integral para la Paz. Con este espacio la Comisión de la Verdad avanza en dar respuesta a la marcada necesidad de generar mayores espacios de diálogo social a partir de una escucha amplia y efectiva a las comunidades étnicas.

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