Guahibiadas y explotación petrolera

El 5 de octubre se realizó el último de la serie de encuentros preparatorios en torno a las afectaciones del conflicto armado interno desde una mirada regional. El encuentro inició a las 2:00 p.m. con el ritual de armonización realizado por la autoridad tradicional del pueblo Sikuani Ramón Cedeño, desde la comunidad Kaliawirinae en el departamento de Arauca.

El espacio tuvo como epicentro dos temáticas centrales: el racismo estructural vivido por los pueblos indígenas de la Orinoquia (mal denominados ‘guahibos’) y los procesos de resistencia y resiliencia de los pueblos indígenas frente a las prácticas extractivas que ponen en riesgo su pervivencia y el buen vivir en sus territorios.

El comisionado Saúl Francoinstaló el encuentro y lo exaltó como una oportunidad excepcional para conversar sobre esta realidad de lo que ha sido “la deshumanización y el exterminio de los pueblos indígenas”.

La Orinoquía comprende los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Por el nororiente se consideran al departamento Norte de Santander y el norte de Boyacá. La región es el hogar de 23 pueblos originarios y cerca de 15 pueblos migrantes que han sufrido múltiples hechos de violencia que los ha puesto en riesgo de exterminio físico y cultural. El encuentro convocó, en esta ocasión, a la población nacional en torno a los pueblos Sikuani, Piapoco, Achagua, Sáliba, U’wa, Amorua, Makaguan, Betoy, Hitnu-Cuiba, Cuiba-Wamonae, Maiben Masiware, Waüpijiwi, Yaruro, Tsiripo, Yamalero, Tinigua, Mapayerri y Jiw, además recordó que los pueblos Guayupé y Chiricoa se encuentran en riesgo inminente de extinción física y cultural.

Felipe Uncacia, líder indígena del pueblo U’wa, y actual consejero de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena (ONIC), señaló que “hoy más que nunca, tenemos que visibilizar la problemática que actualmente también se viene presentando en los territorios indígenas, como es la explotación de recursos naturales, la explotación de minería, la contaminación ambiental, el desplazamiento, pero también el mercado de tierras que viene ocurriendo en la región de la Orinoquía colombiana”. Asimismo, resaltó la importancia de que “sean reconocidos los derechos importantes como son la consulta previa, los derechos a la vida, los derechos a permanecer en el territorio, el derecho a tener una cultura propia desde los pueblos indígenas”.

De los 115 pueblos, según los informes de la Corte Constitucional y la ONIC, 68 se encuentran en riesgo de exterminio físico cultural, como resultado del conflicto armado interno, actividades económicas y otras acciones.

Racismo estructural, prácticas extractivas y conflicto armado

La región de la Orinoquía es biodiversa y rica en recursos naturales, con una economía concentrada, principalmente, en monocultivos agroindustriales, ganadería extensiva y extracción petrolera. Asimismo, se han sumado actividades de economía ilegal como el contrabando por las condiciones de frontera y corredores asociados al narcotráfico. Todas estas prácticas, tanto legales como ilegales, han codiciado los territorios de los pueblos indígenas, lo cual ha puesto en riesgo sus derechos individuales y colectivos, situación que se complejiza por la presencia de grupos armados y la poca presencia del Estado.

El primer bloque de testimonios presentado ocurrió entre las décadas de 1930 y 1970 en el contexto de las “guahibiadas”, cacerías indiscriminadas de indígenas que, en su momento, naturalizó el asesinato de indígenas por “colonos”, terratenientes, funcionarios públicos y, en general, por la población de la región para el control y despojo de sus territorios; acciones ignoradas por el Estado colombiano y, en algunos casos, con la complicidad del mismo, que se convirtió en una política de exterminio físico de pueblos indígenas y de racismo estructural de la sociedad llanera.

Empera Beatriz Romero, indígena Sikuani de la comunidad de Canánama contó en su lengua sobre la masacre de la Rubiera, perpetrada en Arauca: “Nosotros los indígenas fuimos a donde los blancos a pedir sal, comida y panela, y los blancos decían que estábamos robando. Los blancos llamaron a los indígenas, los reunieron, yo no sé la fecha exacta pero sí sé que fue en Arauca, es verdad que los asesinaron”.

Otro testimonio fue presentado por Luis María Caribala, indígena Sáliba de Orocué, Casanare, quien habló del inicio de la persecución indígena desde los tiempos coloniales con la imposición de la religión católica: “Cuando llegaron los jesuitas, ahí comenzó todo. A nosotros nos educó una pedagogía en Cristo y eso a nosotros hace que nos olvidemos lo cultural”. Además, agregó que “como en todo conflicto, hay temor, hay dificultades, hay desplazamiento, entonces eso hace que se restrinjan todas las prácticas; las afectaciones más graves fueron lo de la lengua Sáliba, la lengua Sáliba fue una que fue afectada con la educación, nos prohibieron, nos cohibieron, no nos dejaban hablar libremente”.

El siguiente testimonio se ubica en el tiempo de las Guahibiadas, las guerras bipartidistas y la presencia de Dumar Aljure como comandante de las guerrillas liberales. Marcelino Sossa, indígena Sikuani, señaló que “la presencia de Dumar Aljure en nuestro territorio significó una grave situación, al igual que al campesinado que también estaba en aquella época bastante asustado. Dumar Aljure, se decía, que era un guerrillero que tenía que defender a los pueblos menos favorecidos, pero eso no fue así, él  no dejaba funcionar bien nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestra manera de vivir, pues porque vivíamos era asustados, nosotros corríamos de un lado a otro; tanto así que a quien no obedecía, él lo mataba, se puso al servicio de los ricos de la época”.

Marcelino, como dirigente indígena, hizo un llamado a “que reconozcan que nosotros hemos sido siempre víctimas de parte de los no indígenas por el desconocimiento que tienen, no saben los valores que nosotros tenemos, no saben cómo vivimos, no saben de nuestra economía, no saben de nuestra manera como funcionamos. Es momento que el Estado nos reconozca”.

Dentro de las afectaciones por la presencia de empresas extractivas, se presentó un testimonio sobre los efectos de la incursión de la petrolera Tropical Oil Company en la región de la Orinoquía. Rosalba Giménez, lideresa indígena Sikuani, contó que “los grandes terratenientes de los llanos se adueñaron de los territorios ancestrales como el territorio del Manacacias, Menegua, Carimagua, todos esos territorios quedaron en manos de las multinacionales, en manos de los monopolios que nunca compraron y que nunca indemnizaron a los pueblos indígenas. Nosotros somos víctimas históricas y somos hoy todavía víctimas porque a nosotros nos masacraron fue por las tierras, a nosotros nos despojaron de nuestras tierras por los recursos naturales, por el petróleo, por el oro”. Rosalba resaltó que “lo económico no puede prevalecer sobre el interés de la vida, el ambiente, lo social”.

El espacio testimonial que continuó recopiló experiencias en los pueblos Betoy, Hitnut, Sikuani y Makaguan sobre los daños ocasionados por la petrolera OXY a la Laguna del Lipa ubicada en Arauca, lugar sagrado que por la actividad extractiva generó afectaciones espirituales, territoriales y ambientales, que a su vez impactaron la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas de la región. Darío Tulivila, indígena del pueblo Betoy, relató los desplazamientos forzados a los cuales se vio sometida la comunidad, a la vez de la difícil travesía para retornar a sus territorios: “Nos tocó venir al resguardo a nosotros mismos como comunidades indígenas, asustados, con miedo, pero llegamos y aquí estamos nosotros”.

El último testimonio fue dado por líderes del pueblo U’wa sobre los hechos ocurridos en el territorio delimitado como “Bloque Samoré”, una extensión de 275.000 km² en el departamento de Norte de Santander y en el norte de Boyacá, concesionado a la compañía petrolera OXY, que a su vez comprende territorio ancestral del pueblo U’wa. José Cobaría, indígena U´wa, relató que “por medio de las instituciones como el Ministerio del Interior, el INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente) y otras instituciones estatales certificaron de que en esa área no había presencia indígena, entonces por eso se le concedieron esos derechos a la OXY. Qal pueblo U’wa nuca se le consultó”. El proceso de apropiación del territorio atrajo la presencia de la fuerza pública, el Ejército Nacional y otros actores armados como el Décimo Frente de las FARC. El líder U’wa hizo un llamado a que sea real la consulta previa que se le debe hacer a los pueblos indígenas.

Recomendaciones para la No Repetición

Delicia Willches Aguablanca, líder del pueblo U’wa y miembro de la organización ASOU’WAS, comenzó el espacio de recomendaciones para la No Repetición. En su intervención pidió que “no haya más procesos de repetición de lo que ha vivido los pueblos indígenas de Colombia, como la expropiación de tierras, los procesos de colonización, el desplazamiento forzado, el exterminio de las riquezas culturales, especialmente de esta parte de la Orinoquía que se está acabando poco a poco”. Además, pidió “salvaguardar la pervivencia de todas las culturas”

Rosmira Sandoval, cabildo de la comunidad de Kuitua, del pueblo U’wa, dijo: “No a la explotación de la Madre Tierra, esto afecta a nuestras nuevas generaciones, afecta la vida, la pervivencia de nuestros usos y costumbres”. Rosmira resaltó la importancia de “que aprendamos a convivir en este país lleno de diversidad étnica y cultural que esa es la riqueza que fortalece al pueblo colombiano”.

La magistrada de la JEP Belkis Izquierdo, del pueblo Aruhaco, reflexionó en cómo la pandemia ocasionada por el COVID-19 “ha puesto a reflexionar sobre la verdad, sobre cómo lograr la reconciliación, como hacer la paz territorial”.

Por su parte, la comisionada Patricia Tobón Yagarí señaló lo importante de “mirar como conjuntamente como sociedad podemos ayudar a la transformación de estos conflictos y ayudar a las comunidades indígenas de esta región del país que tanto han sufrido en este conflicto armado”.Y el comisionado Alejandro Castillejo, quien cerró las intervenciones, resaltó que “precisamente, uno de los grandes problemas que tenemos en este país, en los territorios, es pensar que hay seres humanos de segunda categoría o de tercera categoría. Seres humanos a cuyos territorios pensamos que podemos transformar, convertir o arrasar, si se quiere, para convertirlos en mercancía”.

Y añadió que: “La historia del mundo indígena en Colombia y en América Latina, en general, es una historia de muchas devastaciones, devastaciones de personas concretas, de su vida íntima, de su vida personal, de su mundo interior; incluso de su subjetividad. Devastaciones colectivas, devastaciones familiares”.

El encuentro cerró con la muestra de artesanía tradicional realizada por Estella Amaya, originaria del resguardo Caño Cawasi del pueblo Sikuani, y con una muestra de resistencia desde el canto y la danza titulada “Desde lo propio”, compartida por Diana Yepes del resguardo Wacoyo.