“Las mujeres han roto el silencio: hablan, lloran, cantan, gritan, escriben, marchan y protestan”: Julissa Mantilla

“No habrá convivencia posible sin relaciones de género equitativas”. Así de clara es Julissa Mantilla, la abogada del equipo Jurídico de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú y responsable de la línea de género, que compartió sus aprendizajes para inspirar el caso colombiano durante un taller con los equipos de trabajo de la Comisión y con el apoyo de Women’s Link Worldwide.

¿Cómo surge y qué período cubrió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú?

Fue creada en el 2001 para investigar un período de violencia entre 1980 y el año 2000. En ese momento investigamos los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos tanto por representantes del Estado, como de los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA. Esta comisión surgió fundamentalmente por iniciativa de las víctimas y con prioridad en ellas, con el fin de escuchar sus historias y testimonios.

¿En qué consistió su mandato?

El mandato cubrió la investigación de los crímenes de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, las graves violaciones a los derechos de las comunidades campesinas, andinas, amazónicas y otras graves violaciones de los derechos humanos en dos décadas, fue un espacio abierto de interpretación. Tuvimos una sede central en Lima y sedes regionales en diferentes ciudades principales del Perú. Se organizó con doce comisionados (dos mujeres y diez hombres), presidida por Salomón Lerner Febres, doctor en Filosofía y rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Empezamos recogiendo testimonios de las víctimas para la determinación de las causas de la violencia, las dimensiones y los patrones de violaciones de los derechos humanos y se prepararon las recomendaciones en materia de no repetición y de reparaciones.

¿Cómo se integró el enfoque de género en el objetivo de esclarecimiento de la verdad?

Lo primero que hay que decir es que en el contexto del año 2001 y su período de trabajo entre el 2001 y 2003, no había todos los avances en temas de género vinculados a la justicia transicional que por ejemplo sí existen en Colombia, tampoco había documentación de casos de violencia sexual, ningún antecedente. Entonces se pensaba que la violencia sexual había sido un daño colateral, algo que había pasado ocasionalmente o incluso que nunca había pasado. Esta falta de conocimiento sobre estos hechos estaba en la sociedad en general pero también en las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, porque estamos hablando de un momento en el cual no habían los estándares de la Corte Interamericana que hoy tenemos.

El abogado que dirigía el grupo jurídico de la Comisión, José Burneo, venía a hacer un doctorado en derecho penal internacional y conocía lo que había pasado en Yugoslavia, Ruanda y en la Corte Penal, de modo que se decide incluir una pequeña línea de género con muchas limitaciones de recursos, aunque con el apoyo de la cooperación internacional.

Allí, se nos encarga visibilizar y transversalizar el enfoque, pero debido a que no teníamos recursos y que la duración del mandato era de solo dos años, decidimos priorizar violencia sexual. Para ello creamos una sede en Lima y buscamos enlaces regionales con el fin de tomar testimonios para tratar de recuperar las voces de las mujeres.

¿Cuáles son sus principales hallazgos frente a los impactos que sufrieron las mujeres?

Lo que se logra en el capítulo de violencia sexual que aparece en el Informe Final es mostrar cómo fue un crimen cometido por todos los actores del conflicto armado. Se abordó la violencia sexual utilizando un poco los estándares del Estatuto de Roma de la Corte Penal, es decir, analizando como hubo también prácticas de desnudo forzado, amenaza de violación, chantaje sexual y todas estas formas de violencia sexual verificadas con las víctimas.

Hubo distintas formas de cometer el delito de violencia sexual. En el caso del Estado se presentaron muchos casos en el momento de las incursiones militares, las detenciones y los procesos de tortura. En el caso de los grupos subversivos se dio más en lo cotidiano cuando por ejemplo Sendero Luminoso organizaba las retiradas que eran una especie de campamentos, donde se retiraba al monte a la población; ahí, se cometían los abusos, violaciones, uniones forzadas. Fue similar en el caso del MRTA.

En el informe se comprueba que hubo violencia sexual en 15 de los 24 departamentos del país y que en los años más álgidos, entre 1984-1990, se presentó el mayor número de casos. En determinadas circunstancias fue una práctica generalizada y en otras fue una práctica persistente. Las víctimas fueron mayoritariamente mujeres vulnerables, campesinas quechua hablantes de todas las edades. Por otro lado, muchas de ellas no habían denunciado por distintas razones como tener una sensación de culpa, miedo al estigma, porque no les creían, porque tenían vergüenza, lo cual fue aprovechado para ignorar también lo que estaba sucediendo. Por primera vez se visibilizó este delito en la historia del Perú.