Los desplazados que cruzaron las fronteras por culpa del conflicto

Los países en América que registran el mayor número de población exiliada, refugiada, o víctima del conflicto colombiano son precisamente los países vecinos de Venezuela, Ecuador y Panamá, junto con Canadá. Según la Dirección de Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, el número histórico de peticionarios de refugio de origen colombiano registrados desde 1984 hasta junio de 2019 es 186.638, de los cuales 66.161 son refugiados reconocidos. Esto indica que alrededor de 120.477 han debido buscar otra alternativa migratoria. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a 2017, reportó a 123.581 personas colombianas exiliadas en Venezuela, aunque menos del 10% han recibido estatus formal de refugiado, mientras que hay 17.302 personas refugiadas en Panamá y 8.049 en Canadá.

Los corredores fronterizos son una posibilidad de escapar por tierra de los horrores de la guerra para quienes no cuentan con la posibilidad de salir del país por otros medios. Sin embargo, cruzar la frontera también representa un alto grado de vulnerabilidad para las víctimas e incluso una probabilidad de nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Si bien las víctimas buscan la protección y seguridad que no tuvieron en Colombia, también permanecen en territorios fronterizos de los países de acogida, por lo que sus vidas no están exentas de riesgos de amenaza de actores armados que también cruzan la frontera.

En estos territorios se han registrado desplazamientos masivos, incluso de comunidades enteras, especialmente entre 1999 y 2006. Esto ha afectado de manera particular a los grupos étnicos y pueblos binacionales cuyos territorios ancestrales han sido limitados o atravesados por las fronteras impuestas desde las divisiones de los Estados y por la actuación de los actores armados, todavía en la actualidad. El conflicto armado ha generado confinamientos, restricciones a la libre circulación del propio territorio, alteraciones a las formas de gobierno propio y múltiples afectaciones culturales que la Comisión de la Verdad ha empezado a escuchar.

Después de un trabajo en Europa y el Cono Sur de América Latina desarrollado en la primera parte del año, con la formación de redes de apoyo y equipos para la toma de testimonios, la Comisión de la Verdad está concentrando también esfuerzos en el esclarecimiento de los fenómenos de violencia y migración por las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá, así como comenzando el trabajo en Costa Rica o México. Este trabajo lo ha adelantado la Macroterritorial Internacional con el nodo de trabajo en Ecuador y con estrecha articulación de los equipos territoriales en las Macrorregionales Nororiente (territorial Cúcuta), Antioquia (territorial Apartadó) y Amazonía, por ahora.

El trabajo en estas regiones representa unos retos significativos por el contexto político de polarización y desconfianza entre gobiernos de Colombia y Venezuela, así como por la persistencia de grupos armados y la militarización en los territorios fronterizos. Se han dado algunos acercamientos de pedagogía, mapeo de actores aliados y organizaciones, identificación de fuentes y algunas tareas puntuales de esclarecimiento.

Estos pasos se basan en la confianza con las organizaciones de víctimas con las que la Comisión está adelantando actividades, tales como el Foro Internacional de Victimas, la Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC, los representantes de mesas de víctimas, el Grupo de víctimas de la frontera, y las redes de apoyo a población refugiada y con necesidad de protección internacional, así como algunas universidades de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Este despliegue territorial se desarrolla gracias a los acuerdos de cooperación que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tienen con la Comisión de la Verdad.