Organizaciones defensoras de los derechos reproductivos presentaron informes a la Comisión

El pasado 18 de junio de 2020, Women’s Link Worldwide, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos presentaron ante la Comisión de la Verdad tres informes que evidencian las diferentes formas en las que los derechos reproductivos se han vulnerado en el marco del conflicto armado en Colombia tanto por parte del Estado como de grupos armados. Estos textos hacen parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirán como acerbo al riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.

“El aborto y la anticoncepción fueron una regla de la guerra que osciló entre la alternativa, la imposición y la violencia”, aseguró Vivana Rodríguez Peña de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, durante la entrega de los sobre violaciones a los derechos reproductivos en el marco del conflicto armado. En la misma línea Angélica Cocomá de Women’s link señaló que “la Comisión de la Verdad podrá verificar que los abortos, la anticoncepción y las maternidades forzadas obedecían a distintos fines, pero todas estas prácticas tenían una característica en común: controlar la capacidad reproductiva de las mujeres”.

El caso de Helena, quien, como muchas niñas rurales, fue reclutada por las FARC cuando tenía 14 años y obligada a usar anticonceptivos y a abortar, es el caso icónico del informe presentado por Women’s Link titulado ‘Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano’. En él se aborda el concepto de la violencia reproductiva como una categoría de análisis autónoma que no se limita a actos de naturaleza sexual. El informe da cuenta de que este tipo de violencia fue ejercida tanto por guerrillas como por paramilitares, y que fue una política o práctica sistemática y generalizada que afectó a mujeres excombatientes y niñas reclutadas, así como a mujeres civiles. Por otro lado, se señala la responsabilidad del Estado al no contar con una categoría de violencia reproductiva en el programa de reparación de la Unidad de Víctimas, y por excluir de la Ley de Víctimas a personas intrafilas que se desmovilizaron siendo ya mayores de edad.

“En contextos de conflicto armado alrededor del mundo, las mujeres y niñas han sufrido violaciones a sus derechos reproductivos que van desde esterilizaciones, abortos, embarazos, anticoncepción y maternidades forzadas, y Colombia no ha sido la excepción. Sin embargo, ninguna comisión de la verdad en el mundo ha indagado a profundidad sobre el ejercicio de la autonomía reproductiva y la violación de este derecho, y con estos tres informes la Comisión tiene la oportunidad histórica de hacerlo y dar recomendaciones de medidas estructurales que protejan el derecho a decidir de las mujeres sobre la maternidad y la gestación”, afirmó Juliana Laguna integrante de Women’s link.

De otra parte, el ‘Informe contextual sobre el aborto y la anticoncepción forzada a mujeres combatientes en el marco del conflicto armado’ fue entregado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 50 relatos de mujeres excombatientes que vivieron vulneraciones a su autonomía reproductiva durante su militancia en distintos grupos guerrilleros, son recogidos en el documento. A través de estos relatos, recopilados de diversas fuentes secundarias, se invita a considerar el impacto en el proyecto de vida de las mujeres. El informe propone que la construcción de la verdad es una oportunidad para las excombatientes de plantear nuevas perspectivas de vida que partan del reconocimiento de su autonomía sexual y reproductiva. “Es necesario que se visibilicen las voces de estas mujeres, para una verdadera construcción de paz”, expresó Ana María Méndez de la Mesa por la vida y la salud de las mujeres.

Finalmente, el Centro de Derechos Reproductivos entregó el ‘Informe de violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano’. “Históricamente ha existido un énfasis casi total en otro tipo de violaciones, pero se ha dedicado menos atención a otras formas de violencia tales como las violencias reproductivas”, señaló Cristina Rosero del Centro. La organización analizó 68 reportes públicos para rastrear los distintos repertorios de violencia reproductiva que han sido documentados en el país por organizaciones de la sociedad civil y fuentes oficiales. Estos hallazgos se presentaron en el documento que identifica una amplia variedad de modalidades de este tipo ocurridas en el conflicto, entre ellas se incluyen la violencia reproductiva institucional que se dio como resultado de la denegación de interrupciones voluntarias de embarazos y la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. El Centro tiene evidencia científica de que la exposición a tal herbicida puede generar impactos negativos como abortos involuntarios o infertilidad.

Las comisionadas Alejandra Miller y Ángela Salazar recibieron estos informes. “Hay una deuda que tenemos con las mujeres en Colombia y en otras partes del mundo, como es esclarecer la verdad de lo que le pasó a las mujeres entre filas. Y estos informes que nos están entregando hoy nos generan más compromiso de la Comisión para trabajar sobre la base de casos basados en las violencias que vivimos las mujeres”, explicó la comisionada Salazar.

Por su parte, Alejandra Miller expresó que abordar las violencias reproductivas supone todo un reto. “El negacionismo de estos hechos es profundo en todos los actores armados, es un negacionismo asociado a la normalización que hay de las violencias contra las mujeres, a esa legitimidad que existe que hace posible ese continuum de violencias del que ustedes hablaron y que la Comisión también está pudiendo constatar”, concluyó.