La incansable búsqueda de los familiares de personas desaparecidas en Colombia

La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se unen para el segundo Encuentro por la Verdad: ‘Reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas’, que se realizará en la ciudad de Pasto, Nariño, del 26 al 28 de agosto.

La desaparición en distintas circunstancias del conflicto armado —desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y durante las hostilidades— ha sido un hecho invisible en el país. La búsqueda de las personas desaparecidas ha sido liderada, principalmente, por las mujeres y familiares, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos y han exigido respuestas frente a dos preguntas claves: qué pasó y dónde están sus seres queridos.

La desaparición quebranta para siempre la vida de sus familiares, a quienes somete a una tortura emocional y los mantiene en incertidumbre permanente. La desaparición afecta las dinámicas de su comunidad y al conjunto de la sociedad colombiana. La desaparición transforma los roles en las familias y agrede cultural y espiritualmente a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, al pueblo rrom, a los campesinos y campesinas y a las personas LGBTI.

Quienes buscan a sus seres queridos no temen llegar a lugares inhóspitos; exigen respuestas sin importar poner en riesgo su integridad, y jamás desisten.

Ante los obstáculos y la indiferencia de la institucionalidad, los familiares, los pueblos y comunidades y las organizaciones de víctimas —principalmente de desaparición forzada— han acumulado sus propias metodologías de búsqueda; han logrado el reconocimiento de la desaparición en Colombia a nivel normativo, y han llegado hasta instancias internacionales para reclamar verdad y justicia. Incluso, les exigieron al Estado colombiano y a la antigua guerrilla de las Farc-Ep que se incluyera en el Acuerdo de Paz la creación de un mecanismo dedicado a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Esto obliga a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —mecanismos creados en el marco del Acuerdo de Paz— a generar un proceso de reflexión social sobre los impactos de la desaparición y la labor emprendida por las mujeres y familiares en la lucha por la memoria y la dignificación del buen nombre de las personas desaparecidas.

De esa manera, los dos mecanismos se unieron en un proceso de reconocimiento que inició en cinco ciudades del país y que culminará con un acto solemne el miércoles 28 de agosto, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Javeriano de Pasto, ubicado en la calle 21 # 25-59.

Asimismo, previo a esta ceremonia, los días 26 y 27 de agosto se realizarán conversatorios alrededor de experiencias internacionales y nacionales de búsqueda y eventos culturales para dignificar la labor de mujeres, familiares, organizaciones, pueblos y comunidades.

Dimensionar la desaparición, uno de los desafíos

El universo de personas desaparecidas en Colombia aún es desconocido. Las instituciones que han tenido la tarea de llevar registros sobre este hecho manejan datos estadísticos distintos, los cuales responden a sus funciones o mandatos. A esto se suman los subregistros producto del miedo (por amenazas u otras formas de revictimización) que dificultan que familiares realicen el proceso de denuncia.

Sin embargo, una de las fuentes de información que la UBPD considera más incluyentes es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los siguientes registros: desaparición forzada: 83.036 casos; secuestro: 38.357, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas; reclutamiento de menores: 17.895, de los cuales 154 están reportados como personas desaparecidas. No obstante, el universo podría superar las 120.000 personas.

Tal cantidad de colombianas y colombianos dados por desaparecidos en el contexto del conflicto armado sería equivalente a si fueran desaparecidos todos los habitantes de Rionegro (128.000) en Antioquía o todos los habitantes de la ciudad de Ipiales (123.000) en Nariño.

Esto es una muestra de que la responsabilidad de buscar a las personas dadas por desaparecidas no recae únicamente sobre los familiares, sino en el Estado y la sociedad en general, para dar respuestas y aliviar el sufrimiento de quienes no desisten en su lucha.