Víctimas de ejecuciones extrajudiciales exigen que el Estado acepte su responsabilidad

Luego del ‘Encuentro por la Verdad: reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia’ realizado este 5 de octubre, la Comisión de la Verdad tiene el reto de incluir en su Informe Final las exigencias hechas por las víctimas y la solicitud de increpar al Estado sobre su responsabilidad en la práctica de este hecho. Desde diferentes territorios las solicitudes fueron al unísono: garantías de no repetición, verdad para alcanzar la reconciliación, reparación a las víctimas, dignificación a sus nombres y el compromiso de no continuidad.

Este acto se puede considerar como un primer paso necesario y fundamental de contribución para la reparación simbólica a las víctimas. Cada uno de los representantes que hablaron en nombre de diferentes territorios y de muchas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales demostraron su valor, tenacidad y sus formas de resistencia.  

Martha Giraldo, representante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado (Movice), expresó: “No hay reconciliación sin memoria, exigimos la depuración de las Fuerzas Militares, erradicar las lógicas del desprecio a la vida y su deshumanización que son la piedra angular para este crimen”.

En reconocimiento a la lucha incansable de las madres por resguardar la memoria de sus hijos y exigir la verdad, la comisionada Alejandra Miller comentó: “Buena parte de las víctimas directas son hombres, buena parte de quienes reclaman justicia y verdad son mujeres, madres, hijas, hermanas, abuelas, que guiadas por el amor levantaron las primeras voces”.

A pesar de las adversidades, las madres se han organizado para que nunca más en Colombia una vida valga más que otra. “Las mujeres pusieron en lo político ese sentimiento que solo las madres pueden sentir con el fin de que otras no padecieran el mismo dolor y han sido empujadas por la guerra a asumir la manutención de sus hogares, a sostener la memoria, han tenido que aprender a enfrentar la ignominia de frías salas judiciales, a viajar de ciudad en ciudad encontrando una lucecita de esperanza”, añadió la comisionada.

Los testimonios compartidos fueron un llamado de atención a la sociedad para que reconozca lo ocurrido. Al igual que los impactos y afrontamientos que hasta hoy han vivido distintas comunidades, poblaciones y sectores sociales que padecieron las ejecuciones extrajudiciales. “Debo reconocer que pasé 48 años viviendo en una burbuja sin saber en qué país vivía. Ahora que conozco la historia, me duele y pienso en lo que hice como ciudadana durante el conflicto” comentó Luz Marina Bernal Parra, madre de una de las víctimas de Soacha, Cundinamarca.

Además de haber sido víctimas de esta práctica inhumana, los testimonios evidenciaron la estigmatización que han padecido tras la pérdida de sus seres queridos. Tanto la búsqueda de los cuerpos de sus familiares, como el organizarse para obtener justicia han sido causales de amenazas, de desplazamiento, de falta de reconocimiento de parte de la institucionalidad y, en especial, de un olvido que ha dejado pasar el tiempo para resolver cada uno sus casos. 

Ante declaraciones públicas que han negado lo sucedido, Bertina Badillo, representante de las víctimas del sur de Bolívar, mencionó: “Levanto mi voz como madre por una nación que está sumergida en sangre derramada a manos de sus militares”. A estos testimonios y a las conclusiones expresadas por cada una de las víctimas, el comisionado Carlos Beristain agregó: “Un efecto de la negación es que permite que estos crímenes se sigan repitiendo. La negación es un veneno para la sociedad, porque hace que se contamine y termine siendo insensible ante el dolor de las víctimas”. (Lea también ► “Sus testimonios son un antídoto frente a este veneno de la negación”)

El comisionado Alejandro Valencia habló de la labor desarrollada por la Comisión y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y de cómo estos testimonios han aportado información relevante, relacionada con hechos, dinámicas y contextos: “Existe un estimado de 6.402 víctimas en el periodo 2002-2008. Sin embargo, esta es una cifra preliminar que puede tener variaciones en el futuro. La información acopiada por la Comisión de la Verdad da cuenta de que existe un alto subregistro de casos”.

Y cerró su intervención refiriéndose a la inclusión de este fenómeno en el Informe Final de la Comisión: “Esperamos poder profundizar algunas de estas tesis y seguir adelantando la investigación con el ánimo de presentar este caso, lo mejor documentado posible, en nuestro Informe Final”.

Las diferentes organizaciones y entidades que hicieron parte del encuentro, tales como la ONU, Human Rights Watch, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la organización Minga, destacaron la importancia de trabajar en conjunto, proteger a las víctimas por la incidencia que tienen sus relatos en la construcción de la verdad y la necesidad de entender lo ocurrido para determinar quiénes deben ser imputados en el caso 003 de la JEP.

“Hemos oído a militares que dicen que a ellos les pedían cuerpos con uniforme y armas. Ese reporte servía para demostrar que la unidad era exitosa, que se estaba ganando la guerra. La cifra de 6.402 casos nos aterró, pero no son solo cifras, son historias de vida que se fueron. Eso es lo que nos lleva a trabajar por la verdad de lo que pasó, a imputar responsabilidades y dejar claro que esto ocurrió en toda Colombia”, aseguró Catalina Díaz, magistrada de la JEP. 

Para el cierre, Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo: “Nosotros esperamos que la Comisión pueda con ustedes hacerle sentir a Colombia la gravedad de este crimen. Decirles que ustedes nos han tocado en el alma, que queremos continuar esta conversación a fondo, profunda. Ustedes son lo central de todo lo que estamos haciendo, tengan la más absoluta seguridad de eso”. (Lea también ► “Esperamos que la Comisión y las víctimas le hagamos sentir a Colombia la gravedad de este crimen”)

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