Las cajas negras de la desaparición forzada

En la mañana del 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá. Las fuerzas armadas y de seguridad del Estado respondieron con una operación militar que duró dos días. El resultado fue cerca de un centenar de muertos y grandes partes del edificio destruidas por la acción de las llamas. La investigación, en lugar de centrarse en el tiroteo en el interior del Palacio, se enfoca en lo que ocurrió con los detenidos una vez que salieron del edificio.

Se basa en el trabajo de los familiares de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de las investigaciones judiciales y en los testimonios situados realizados por Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad, para mostrar cómo a un grupo de detenidos —trabajadores de la cafetería, visitantes, guerrilleros y magistrados— los clasificaron como “especiales” o “sospechosos”, los detuvieron, los llevaron a diferentes instalaciones militares y policiales de la ciudad, los torturaron y, en algunos casos, los ejecutaron extrajudicialmente o fueron víctimas de desaparición forzada. El caso de Palacio de Justicia, además de las consecuencias para las víctimas y sobrevivientes, tuvo importantes impactos a la democracia incluso aún hoy en día.

Las cajas negras son nuestra forma de nombrar la imposibilidad de acceso a la información durante el proceso histórico de análisis de lo que sucedió en aquellos días, el manejo de las personas y la información relativa a su paradero. Pueden ser los sitios de detención, tortura, asesinato o inhumación. También son los archivos en los que la información se destruye o se vuelve inaccesible. El trabajo ha sido definir los contornos, forma y volumen de estas cajas negras, así como explicar su funcionamiento.

El análisis hace legible la logística e infraestructura de la desaparición forzada, considerando tanto la violencia contra las personas como la violencia contra la evidencia. Basándose en 49 horas de video (algunas de las cuales nunca antes se habían visto), en cientos de testimonios (algunos tomados por la Comisión) y en una amplia multiplicidad de otras fuentes, se trazó un mapa del uso de las instalaciones militares en la desaparición forzada y se reconstruyó lo que ocurrió en ellas.

En esta investigación se muestra cómo lo que se planteó como un escenario caótico de liberación de rehenes por parte de las Fuerzas Militares ha servido durante décadas como historia de encubrimiento de una operación de contrainsurgencia planificada y organizada cuyos aspectos han durado hasta el presente. Se muestra en detalle, y por primera vez, la forma en que la fuerza pública y los servicios de seguridad utilizaron la Casa del Florero, museo de la época colonial, y las instalaciones militares del Cantón Norte, situada en el norte de Bogotá, como elementos centrales en la infraestructura de la desaparición.

Con el término “infraestructura de la desaparición forzada” nos referimos a la manera en que las diferentes cajas negras se conectan entre sí para formar un sistema de operaciones más amplio. Es la red material, burocrática e institucional que permite la ejecución del crimen en el tiempo. Es la relación entre los edificios a donde fueron llevados los clasificados como “especiales”; las calles y los vehículos utilizados para transportarlos; los archivos donde la evidencia fue ocultada; las instituciones que rechazaron manipularon e impidieron las investigaciones; los lugares de inhumación donde los cuerpos y restos óseos se han perdido.

Con la palabra “logística” nos referimos a la coordinación que establecen diferentes instituciones estatales para ejecutar la desaparición forzada y sostenerla en el tiempo: fuerzas militares y policiales, agentes de inteligencia, otros organismos de seguridad, jueces, funcionarios judiciales, forenses y criminalistas. 

Para entender la logística de la desaparición forzada puesta en práctica en el caso del Palacio de Justicia, es esencial considerar la historia de la supresión de la evidencia durante los últimos 36 años. Por esto, la reconstrucción de los espacios y la sincronización del material audiovisual se vuelven una herramienta poderosa, que permite encontrar huellas que se habían intentado borrar.

Los testimonios fueron una fuente crucial para reconstruir el uso de la Casa del Florero, del Cantón Norte y de otras ubicaciones en la ciudad. Para la Casa del Florero se analizaron testimonios de funcionarios judiciales, visitantes, magistrados, empleados de limpieza, periodistas, familiares de las víctimas y militares.

Para el Cantón Norte, se analizaron testimonios de detenidos, familiares y militares en dos períodos. El primero fue el del Estatuto de Seguridad (1978-1982), que permitió a entender cómo se reapropiaron las instalaciones militares para la actividad contrainsurgente. El segundo período fueron los días de la contra-toma del Palacio de Justicia, así como los que le siguieron. La relación entre ambos períodos muestra la continuidad de las prácticas de violencia estatal, aún después de finalizar el Estatuto de Seguridad.

Asimismo, se sincronizó el material fotográfico y de video con las grabaciones de audio, y se ubicaron en un modelo en 3D para analizar la manera en que las Fuerzas Militares y de seguridad trataron a los rehenes. Reconstruimos, incluso, escenas claves en las que aparecen, saliendo del Palacio, personas reportadas por los militares como muertas dentro del edificio. En la sincronización de vídeos se ha podido organizar el material audiovisual disponible sobre dos los días de la toma y contra-toma del Palacio de Justicia, el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

La investigación apoya a los familiares y a las organizaciones de víctimas en su trabajo de décadas, y hace un llamado para que se siga profundizando en la verdad sobre los acontecimientos y para que se establezcan responsabilidades.