La vida y el difícil retorno en el resguardo Agua Negra de Putumayo

Los fusiles apuntaban directo a la sien del nieto de la abuela Soledad. La muerte del joven parecía inminente, mientras su comunidad, el pueblo murui del resguardo Agua Negra en Puerto Leguízamo, Putumayo, imploraba para que no lo asesinaran. La escena, en marzo de este año, la vivieron niños, niñas, adolescentes, adultos y abuelos que estaban allí, y por supuesto los victimarios que amenazaban con regar sangre en la cancha de concreto donde estaba amarrado el joven.

Fue Alfredo Caimito, gobernador del resguardo, quien pudo calmar a los violentos. Rogó por la vida del muchacho y logró que no lo “ajusticiaran”, como ellos querían, pero le dieron 24 horas para salir de la zona. El “delito” del joven fue enfrentarse a ellos, pedir que respetaran a su gente y negarse a ser reclutado. Por eso él y los suyos se vieron obligados a desplazarse, rompiendo con la ilusión del retorno que había comenzado a repoblar Agua Negra, en donde hoy solo quedan 16 familias.

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Agua Negra le debe su nombre al color oscuro de una cañada que baja desde la parte montañosa a desembocar al río Putumayo. La historia del poblado indígena se remonta a 1930, con los clanes Caimito y Moncada, procedentes de Santa Teresita, Ecuador, quienes buscaban nuevos territorios para asentarse. Solo hasta 1980 reconocieron su forma de organización como cabildo y años después, con la resolución 043 de 1994 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como resguardo.

El pueblo murui que habita esta zona se dedica al cultivo de caña de azúcar, yuca, plátano, sandía, entre otros productos, pero su ubicación a orillas del río, en zona de frontera entre Colombia, Perú y Ecuador, ha puesto a las familias en medio de la guerra entre disidencias, grupos criminales y fuerzas armadas del Estado, pues este es uno de los corredores del narcotráfico y donde se desarrolla el conflicto armado interno. La comunidad ha sido víctima de desprotección, pobreza extrema y falta de servicios mínimos como agua y energía eléctrica.

El desplazamiento de la abuela Soledad y su nieto ocurrió apenas quince días antes de una visita de la Comisión de la Verdad al territorio. El gobernador Caimito dice que este hecho es solo una muestra de cómo se ha recrudecido la violencia en la zona y, aunque guardaban esperanzas tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las desaparecidas FARC-EP, ahora son más escépticos.

En los mejores años de Agua Negra, que duraron hasta la década del 90, el resguardo llegó a albergar a 246 familias; sin embargo, la Asociación de Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo y Alto Predio Putumayo (Acilapp) registra que para el año 2000 quedaban 47 y en 2011 solo tres.

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El plan de retorno inició en 2015, liderado por organizaciones de derechos humanos locales y acompañadas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La idea es lograr que al menos ocho familias más, para completar 24, puedan volver. En 2018 levantaron de nuevo una maloca y gracias al apoyo de organismos internacionales ahora cuentan con paneles solares que los abastecen de electricidad, pero la comunidad afirma que, pese a los esfuerzos, no hay suficientes garantías para reconstruir sus vidas pues la guerra no cesa.

En febrero de este año la Defensoría del Pueblo manifestó que 59.636 habitantes de Putumayo y Amazonas, entre los que se encuentra la comunidad del resguardo Agua Negra, están en riesgo por la presencia de los denominados frentes primero y 48 de las disidencias de las FARC-EP, así como también del grupo de crimen organizado ‘Sinaloa - La Mafia’.

El narcotráfico, fuente de recursos de los violentos, ha estigmatizado el universo cultural del pueblo murui, pues la hoja de coca es concebida por ellos como una planta sagrada, un regalo de los ancestros desde el principio de los tiempos. Por el contrario, la producción de clorhidrato de cocaína es la causa de que los bombardeos y las balas sean una constante para combatir los sitios donde se procesa, afectando a las poblaciones indígenas establecidas allí. La misma Defensoría reveló en un informe de 2018 que, entre 1998 y 2017, fueron destruidos 90 laboratorios en el municipio de Puerto Leguízamo.

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Las 2.858 hectáreas que hacen parte de Agua Negra son imperceptibles desde el río Putumayo. No hay nada que señale el punto de inicio o donde termina el resguardo. Solo una tupida selva amazónica que deja ver algunos claros donde se levantan las casas y las chacras de cultivo de las familias. No obstante, hay un fenómeno latente que obliga a la mayoría de pobladores a restringir a lo más mínimo su movilidad por tierra: las minas antipersonal.

Por eso, al centro tradicional donde está la maloca, la escuela, el comedor comunitario y la casa del gobierno autóctono, se llega mucho más fácil a través del río y sus afluentes. Aunque fácil es un decir, porque para llegar al pueblo más cercano, Puerto Leguízamo, hace falta navegar por más de siete horas. Claro, hay embarcaciones más rápidas, como la que sirve de ambulancia para la Misión Médica, que pasa una y otra vez sobre el ancho caudal del Putumayo, pero son muy pocas las personas que cuentan con embarcación propia, y estas tienen motores básicos de poca fuerza.

En el trayecto entre Puerto Leguízamo y Agua Negra, más allá del radio de acción de la Armada Nacional, hay tramos donde se ven algunos botes estacionados en las orillas. Willington Villareal, consejero de derechos humanos de Acilapp, explica que es mejor evitarlos y no cruzar la mirada si hay alguien, pues por lo general se trata de integrantes de grupos armados ilegales que, ocultos en medio de los árboles, avisan por radio teléfono cualquier movimiento diferente al curso natural de las aguas. Un río vedado para la comunidad.

“Usted se imagina el potencial que podría tener esto. Tanta belleza que no la conoce la mayoría de los colombianos. Estos son paisajes que podrían ser aprovechados y visitados por muchos, pero que la guerra no deja. Los gobiernos no saben de lo que se pierden por el abandono en el que nos tienen”, expresa Ramiro, uno de los pasajeros de la lancha en los que viaja el equipo de la Comisión.

Una vez en tierra, Willington cuenta que sí hay caminos que se han abierto en medio de la selva, pero que luego de que un desmovilizado de las disidencias revelara la existencia de minas antipersonal, en Agua Negra prefirieron cercar el sitio señalado para evitar desenlaces fatales. No se sabe si son 300 metros, 500 o más los del corredor minado, pero están a un solo paso de la chacra donde cultiva una de las abuelas del resguardo. A un solo paso. Esta fue una conversación con uno de los niños que participó del Espacio de Escucha organizado por la Comisión:

— ¿Qué es eso que dibujaste allí?

— Son la zona prohibida, solo hasta ahí podemos llegar a jugar.

— ¿Por qué?

— Porque ahí hay minas que a uno lo pueden matar o dejar sin una pierna.

— ¿Te dan mucho miedo?

— Ya nos acostumbramos, pero sí nos gustaría que vinieran a quitarlas para poder jugar tranquilos.

Además de las minas, el gobernador Caimito menciona el problema de los ejércitos ilegales, así sin nombre porque es igual si son de unos o de otros. Los armados llegan al resguardo y se instalan en sus lugares sagrados, usan la maloca para montar sus campamentos y se pasean amenazando la vida de la comunidad a su antojo. “Son cosas de todas las semanas. Cuando llega una lancha uno siente miedo”, dice.

Aunque ya han pasado seis años desde que inició el retorno, y pese a las amenazas que pretenden frenar el proceso, en Agua Negra no tienen un profesor asignado para la escuela, el último se fue hace tres años. Tampoco hay un puesto de salud con el que puedan atender cualquier emergencia y las familias piden que, al menos, les lleven conectividad para poder comunicarse entre ellas o reportar si algo sucede.

Los paneles solares solucionaron el problema de energía eléctrica para las casas que están en el centro tradicional del resguardo, pero la comunidad solo puede vivir con la luz del día. Cuando oscurece, se sienten vigilados por los violentos y prefieren quedarse encerrados en sus casas. Las celebraciones o las reuniones nocturnas en la maloca son muy limitadas. El conflicto armado restringe la tranquilidad de la que debería gozar el territorio. “Sobre todo quienes ejercemos como líderes nos sentimos todo el tiempo al borde de la vida”, confiesa el gobernador.

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Acilapp señala que, específicamente en relación con el pueblo murui de esta zona, la expectativa es lograr llegar a 3.553 hectáreas restituidas y al menos 43 familias retornadas. Muchas de esas familias se encuentran desplazadas en cabeceras municipales como Puerto Asís, Puerto Leguízamo o incluso Florencia, en el departamento de Caquetá.

Por lo pronto, en Agua Negra siguen esperando que la situación mejore y han empezado a planear varios proyectos productivos. Uno de los que ronda la mente de los líderes del resguardo es construir un trapiche para poder aprovechar mejor el cultivo de caña. También insistirán en la llegada de un docente, buscarán la forma de montar su propio puesto de salud y les urge contar con dos abuelos murui para que les enseñen a los más jóvenes la lengua nativa y así no perder su cultura y sus tradiciones.

La consigna para enfrentar la violencia la enmarcan en una frase: “Queremos que la historia se cuente y no que se repita”. Así muestran su poder de resiliencia, aunque sin dejar de lado el temor porque el conflicto armado pueda agudizarse. Les pasa como a Ismael, el personaje principal de ‘Los Ejércitos’, la novela de Evelio Rosero, que un fragmento al reflexionar por el abandono que sufre su pueblo dice: “De aquí en adelante quién sabe cuántas familias irán a quedar, ¿quedaremos nosotros?”.