Naciones Unidas ratifica su respaldo técnico y político al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición

La Directora General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón Cifuentes; el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Roux, y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, se reunieron con la Secretaria Adjunta para Asuntos Políticos y de Paz de las Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, así como con el Comité de Expertos del Consejo de Seguridad, quienes ratificaron su respaldo político y técnico a los tres mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

“Quiero hacer énfasis en el apoyo de las Naciones Unidas a los esfuerzos que han hecho. El Secretario General, António Guterres, ha sido muy claro en el apoyo a las instituciones de la justicia transicional. Tienen todo el apoyo de nosotros”, indicó la Secretaria Adjunta para Asuntos Políticos y de Paz de las Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo.

Durante los encuentros virtuales llevados a cabo este viernes, el sistema de justicia transicional colombiano compartió con los representantes de Naciones Unidas sus avances y resultados, llamó la atención sobre los hechos de violencia que siguen ocurriendo en Colombia -como masacres, asesinatos a líderes y lideresas sociales, y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz-, y destacó el compromiso que ha asumido el sistema de las Naciones Unidas para la implementación del Acuerdo de Paz.

“Naciones Unidas reafirma el compromiso histórico de la UBPD con las víctimas”

En su intervención, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, indicó que la Misión de Verificación de la ONU ha destacado ante el mundo la labor de la Unidad de Búsqueda para dar respuesta, desde una perspectiva humanitaria, a cientos de familias que esperan conocer qué pasó con sus seres queridos. “Son cerca de 120.000 personas a quienes buscamos en nuestro país. No hemos cesado nuestra labor, aún en medio de esta pandemia por COVID-19, que afecta a todos por igual”.

La Directora de la UBPD enfatizó en que, para seguir avanzando en los 12 Planes Regionales de Búsqueda, que este mecanismo tiene en marcha en todo el país y llevar a cabo acciones de recuperación, intervenciones en cementerios y entrega digna de cuerpos en coordinación con la JEP y la Fiscalía General de la Nación, “reconocemos el respaldo de las Naciones Unidas al

reafirmar el compromiso histórico de la Unidad de Búsqueda con las víctimas, cuyo legado servirá de ejemplo a nuevas experiencias de transición en el contexto internacional”. 

Resaltó, además, la importancia de instalar un Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el que confluyan diferentes instituciones del Estado colombiano, las víctimas, organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos y excombatientes. “Este Sistema facilitará la articulación para agilizar la búsqueda y entrega digna de personas, en el que el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación son indispensables”, aseguró.

“Necesitamos su apoyo para que sean protegidos los que quieren contar verdad”

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, alertó el momento al que se enfrentará el Sistema Integral el año entrante y en el que la Comisión terminará su mandato, en medio de una campaña política que buscará destruir la verdad y la JEP. 

“Necesitamos de todo su apoyo en estos tiempos fuertes porque el trabajo de todo el Sistema se rodeará de la campaña política en Colombia, gran parte de la movilización política será para que voten para destruir a la JEP”, expresó De Roux.

Afirmó que llegó el momento en el que la verdad se abre paso en Colombia que ha visto la transformación de miembros del Partido Farc cuando deciden aceptar sus responsabilidades y reconocer que ellos mismos se “habían destruido a sí mismos, a su legitimidad y su dignidad”.

“Para la dimensión ética que tiene la Comisión es sustancialmente importante, porque permite que se abran al país con la verdad por encima de todo, aunque los maten”, pero lamentó que esto se de en medio de una paradoja en la que si antes se pedía verdad, cuando esta verdad sale, es catalogada de mentira. 

“Nosotros como Comisión damos el beneficio de la confianza a quienes habiendo sido perpetradores y victimarios salen a reconocer responsabilidades y comienzan a entregar verdad que nosotros tenemos que esclarecer y contrastar. Necesitamos su apoyo para que sean protegidos los que quieren contar verdad porque hay determinación de matarlos y esto podría ser un mal inmenso”.

“Los políticos deben dejar de utilizar el Acuerdo de Paz para alcanzar sus intereses”

Por su parte la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, agradeció el apoyo de la comunidad internacional, y de manera especial, el apoyo político y técnico de las Naciones

Unidas que ha sido fundamental para el Acuerdo de Paz y para consolidar el modelo de justicia transicional en Colombia.

La magistrada Patricia Linares destacó en estos encuentros que, a la fecha, en la JEP se han acreditación 307.783 víctimas, se han sometido a la jurisdicción 12.616 personas, se han realizado 107 diligencias y 430 versiones dentro los siete grandes casos abiertos donde está emergiendo la verdad que reclaman millones de víctimas en Colombia.

 La magistrada también expresó ante los delegados de la ONU, las presiones y dificultades que ha tenido la JEP, y el modelo, que se han acrecentado recientemente ante la contienda política.

“Es necesario que los políticos dejen de utilizar el Acuerdo de Paz para alcanzar intereses de partidos políticos. El acuerdo de paz trasciende esos intereses, es una necesidad del país, es la esperanza de las víctimas y de la juventud colombiana. No hay vuelta atrás, seguiremos avanzando a pesar de las dificultades. Es importante que se nos permita avanzar en nuestras tareas”.

Por último, la presidenta de la JEP agradeció el apoyo de la ONU para proteger el Acuerdo de Paz, y el beneplácito del Consejo de Seguridad para extender y ampliar el mandato de la Misión de la ONU para el monitoreo de la aplicación de las Sanciones Propias que impondrá la JEP en 2021.