En riesgo inminente la vida y la integridad de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del norte del Cauca

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el cumplimiento de su mandato para abordar la no repetición del conflicto armado, rechaza la violencia generalizada que se presenta en la zona norte del departamento del Cauca, la cual se agudiza y afecta directamente a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de esa zona del país.

En menos de 12 horas, entre la noche del 5 de diciembre y la madrugada del 6 de diciembre, en este territorio se presentaron cuatro graves hechos de violencia: una masacre, dos homicidios de comuneros, entre ellos, el hijo de una lideresa indígena, una amenaza individual a coordinador de la Guardia Indígena y una amenaza colectiva a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).

Los hechos ocurridos se suman a las 12 masacres que se han registrado en este departamento en lo que va corrido del año, así como a los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, y personas en proceso de reincorporación asesinados. El norte del Cauca es una zona en la que confluyen diversos intereses en disputa, que van desde las economías ilegales hasta la tenencia de la tierra. En su amplio proceso de escucha, la Comisión de la Verdad ha recaudado información que evidencia las múltiples alianzas de actores armados, económicos y políticos en la región, que perpetúan las causas del conflicto armado. No es solo un problema de narcotráfico, por eso se requiere la intervención integral del Estado y el fortalecimiento de las iniciativas sociales y comunitarias de protección de la vida, ante la arremetida de los violentos.

La Comisión de la Verdad expresa solidaridad con las víctimas y sus familiares, con las organizaciones indígenas y afrocolombianas y con toda la población del norte del Cauca. La Comisión llama a las autoridades departamentales y nacionales, y a las autoridades responsables de investigar y sancionar, a asumir la responsabilidad de aunar esfuerzos institucionales en acciones efectivas que protejan la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas y que conlleven a confrontar y superar los factores de persistencia generadores de la repetición del conflicto en este territorio.