Reflexión desde la búsqueda de la verdad

Desde la misión que tenemos de escuchar a todos los lados poniendo en primer lugar a las víctimas para proponer caminos de convivencia, no repetición y reconciliación, sentimos la diversidad de esperanzas, indignaciones, sufrimientos y perplejidades que surgen en la movilización legítima. Hemos acompañado las marchas que anticipan en cantos y tambores una nación nueva y hemos estado en la calle atentos a comprender a los jóvenes que resisten.

Cargamos el dolor desgarrador de más de 50 muchachas y muchachos asesinados. Pedimos que no maten más. Que no usen contra la vida las armas del Estado y que atajen los disparos de civiles. Que no haya más torturas, ni violaciones a mujeres ni desaparecidos, ni heridos de bala. Que el gobierno actúe firme, públicamente, contra las acciones violentas que se han hecho desde instituciones del Estado. Y pedimos también que no haya policías del mismo pueblo muertos, ya dos o tres y otros heridos y quemados. Es intolerable que está explosión de esperanza, allí donde es mal manejada desde el Estado, se convierta en un baño de sangre.

Acogemos con esperanza y confianza plena la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Exigimos que se hagan pronto las investigaciones y se castigue a los responsables de todos los lados. La historia de la violencia que analizamos nos enseña que dejar pasar crímenes impunes consolida la incertidumbre y destruye la institucionalidad de la justicia y la democracia. Agradecemos y apoyamos la labor de los defensores de los derechos humanos nacionales y de los internacionales que han llegado a contribuir al esclarecimiento que debe hacer la Fiscalía y los jueces. Pedimos protección para ellos y ellas.

En nuestra tarea de esclarecer las verdades de la historia del conflicto encontramos que estigmatizar la movilización social provoca nuevas indignaciones, sobre todo de los jóvenes ante los compañeros asesinados; y constatamos que enfrentar la protesta civil con estrategias de guerra ha empujado la continuación del conflicto armado interno. Estamos ante un grito masivo de insatisfacción, hambre y desconfianza en las instituciones que requiere comprensión y escucha. Esto no es subversión armada. Cierto que quedan grupos insurgentes y mafias que pueden aprovecharse de las circunstancias, pero los líderes del Paro han protegido la movilización de esas pretensiones y es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo.

Valoramos el acompañamiento que a todo riesgo hace la Iglesia católica en Cali y otras ciudades por los derechos generales a partir de los pobres y excluidos, así como la presencia de otras iglesias y tradiciones espirituales; la dedicación de los rectores de universidades públicas y privadas a enfrentar la crisis, y la actitud de directivos de grandes empresas del Valle del Cauca y de Antioquia que han aceptado compromisos y responsabilidades y se abren a los jóvenes para buscar soluciones.

Conocemos y reconocemos la preocupación de ciudadanos, comunidades y empresas afectadas por el vandalismo que ha destruido edificios públicos, infraestructura, negocios pequeños y medianos, centros comerciales y transporte. Rechazamos estos hechos que sobre todo perjudican a los sectores populares y destruyen los bienes comunes. Los jóvenes han insistido en que esa violencia no es de ellos y que la utilizan para estigmatizarlos. Estos actos brutales también tienen que ser investigados y los perpetradores judicializados en debido proceso.

Las manifestaciones han puesto en evidencia que las formas como se da el “modelo económico” en Colombia profundizan la exclusión y el racismo y generan una profunda desigualdad que deja a la mitad de los colombianos en la pobreza, a multitudes campesinas sin tierra y a millones de jóvenes sin educación, empleo ni esperanzas hasta llevar a algunos a tomar el camino de las pandillas y a la lucha armada. Contra esta realidad estructural e innegable se moviliza el Paro.

Los bloqueos de carreteras y ciudades han mostrado la determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro a no aceptar más la injusticia intolerable. Pero el bloqueo nacional indefinido lleva al mismo tiempo costos inmensos para el pueblo en alimentación, salud y buen vivir y pérdidas enormes de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose. La Minga Nacional, inspirada en sus mayores, ha convocado a mantener los puntos de resistencia y a cambiar el método para convertir esos puntos en lugares donde se convoque a todos los sectores sociales a “caminar la palabra” y   construir en el diálogo un acuerdo que acoja los derechos de todos y dé salida a la crisis. El bloqueo fue un medio para conseguir un fin. El fin está ya en marcha en la ruta hacia el Pacto social por un nuevo país que han emprendido los indígenas, afros, campesinos y universitarios. 

El análisis de las causas del conflicto nos ha enseñado que una vez que se mete la violencia de asesinatos, odios y venganzas la confrontación convertida en un fin en sí misma lleva a la degradación y la deshumanización y se naturalizan violaciones salvajes a los derechos humanos. Por eso es necesario que el gobierno acoja cuanto antes las garantías de dialogo que pide el Comité Nacional del Paro y que éste no se pare de la mesa e inicien ya la negociación impostergable. Y es necesario que el gobierno al más alto nivel llegue a la mesa establecida por los jóvenes de Cali.

Constatamos con preocupación la manipulación que se hace a través de las redes cuando se incentiva la rabia contra otros, o cuando se propaga el miedo para llamar a acciones de fuerza o generar emociones que lleven a votar con ira en las próximas elecciones. Este es un momento que pide responsabilidad personal y respeto para no dejarse manipular ni manipular a otros.

Estamos convencidos de que el espíritu de dignidad y justicia que se expresa en esta manifestación ciudadana nos llevará, en la escucha y el diálogo y a una democracia más profunda e incluyente donde nadie sea considerado como enemigo y todos y todas disfrutemos de las condiciones para vivir plenamente como seres humanos.