Así avanza la Comisión de la Verdad en Antioquia
En esta territorial han sido escuchadas más de 1.000 personas.
Hasta marzo de 2020, el equipo territorial de Antioquia avanzó en la recolección de fuentes primarias y secundarias en 28 municipios del departamento. En este proceso de escucha se realizaron 365 entrevistas individuales a víctimas, familiares y testigos, 6 entrevistas a actores armados, 44 entrevistas en profundidad, 2 historias de vida y 28 entrevistas colectivas por las que pasaron 600 personas. En total, la territorial conversó con 1.015 personas para esclarecer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado.
¿A qué municipios ha llegado la Comisión en la territorial Antioquia?
Andes, Concordia, Urrao, La Pintada y Amagá (en el suroeste), Bello, Itagüí y Medellín (en el Valle de Aburrá), El Bagre, Nechí y Caucasia (En el bajo Cauca), Yarumal, Santa Rosa de Osos y Briceño (en el norte), Segovia, Remedios y Yolombó (en el nordeste), Frontino, Santa Fe de Antioquia, Liborina y Dabeiba (en el occidente) y San Carlos, San Rafael, Sonsón, Argelia, Guarne, Cocorná y El Peñol (en oriente).
¿Qué nos estamos preguntando en Antioquia?
Uno de los ejes de investigación de la Comisión en Antioquia tiene que ver con la estigmatización y criminalización de diferentes formas de organización social para impedir la pluralidad política. Según fuentes primarias y secundarias abordadas hasta ahora, en el contexto del auge de la movilización social en los setenta y de la apertura democrática en los ochenta, surgieron y se consolidaron expresiones organizativas que reivindicaban derechos sociales y políticos. Mientras las guerrillas intentaron cooptar sus reivindicaciones en algunos de los territorios, en algunos casos los sectores de la élite económica y política, asociada en ocasiones a sectores de la institucionalidad pública y, posteriormente, al paramilitarismo, usaron la estigmatización y la criminalización, derivando en numerosos casos hacia prácticas de exterminio. Hay indicios asimismo de que los señalamientos y estigmatizaciones estuvieron relacionados con políticas nacionales y discursos mediáticos de construcción del enemigo, todo ello con el fin de mantener el statu quo.
Uno de los factores explicativos de la persistencia del conflicto armado en Antioquia está relacionado con las diferentes formas de responsabilidad del Estado y en especial, sus prácticas violentas. En este contexto, el equipo se pregunta si las acciones ilegales dirigidas hacia ciertos sectores sociales, actores políticos y movimientos sociales, han impedido no solo el fin del conflicto armado sino su esclarecimiento. Como lo han narrado ya muchas investigaciones en la región, las Fuerzas Militares del Estado y sus agencias de inteligencia tienen responsabilidades en la profundización del conflicto armado en Antioquia. Las actuaciones de unidades militares, de policía y otras fuerzas de seguridad estatales, incluso algunas de carácter local de Medellín, como el Departamento de Seguridad y Control y el Departamento de Orden Ciudadano, han sido responsables no solo de una larga serie de acciones de violencia relacionadas con la represión, como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sino también de la construcción simbólica y discursiva de unos estereotipos de identidades consideradas peligrosas y que deben ser eliminadas. Por otro lado, la desconfianza estatal se ha alimentado en muchos territorios por la connivencia entre agentes del Estado y grupos paramilitares, lo que se ve reflejado en la complicidad para cometer acciones ilegales como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la represión. Por eso, surge la pregunta de ¿Cómo todo esto ha generado un efecto que continúa a través del tiempo y ha fragmentado posibles diálogos con el Estado a nivel local y regional?
Otras preguntas giran en torno a la relación entre el conflicto armado y el narcotráfico, ¿los vínculos entre narcotráfico y conflicto armado explican transformaciones del conflicto, aprendizajes criminales y dimensiones políticas conectadas con explicaciones culturales del uso de la violencia?; y en torno a la urbanización del conflicto armado, ¿Medellín, como epicentro de la confrontación armada y la actuación de todos los actores armados explica un cambio en las lógicas de la guerra? ¿Se puede explicar desde allí el poderío de los actores armados y la confrontación al monopolio de la fuerza por parte del Estado? ¿Es la ciudad un determinante en el fracaso de la estrategia guerrillera y en la reconfiguración del conflicto armado a nivel nacional?
¿Cómo vamos durante la pandemia?
Los equipos de las territoriales de la Comisión están en casa. Este ha sido un tiempo oportuno para volver sobre el camino recorrido, sistematizar, analizar, sintetizar los hallazgos y visualizar lo que nos falta para llegar al informe final que se deberá presentar en noviembre de 2021.
La Comisión sigue escuchando testimonios (todas las personas pueden escribir por los medios virtuales para que los equipos de esclarecimiento se pongan en contacto), y ampliando e diálogo social sobre el sentido de la verdad y la no repetición, a través de la radio y los medios virtuales.
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