La verdad, para no repetir los errores y los horrores

“Es necesario comprender qué pasó para que no se repitan los horrores de la guerra”, explica el equipo de La Comisión. Primero en Tarazá y Cáceres, que limitan con el sur de Córdoba. Luego en Caucasia, Zaragoza y El Bagre. Finalmente, en Nechí, límite con el departamento de Bolívar. La misma frase aclaradora en cada municipio: “Para que no siga pasando, querrán decir”.  

En estos seis municipios atravesados por ríos y atardeceres naranja, la guerra se ha reciclado, como en muchas regiones del país. El Bajo Cauca es una muestra de la historia de Colombia.

Hoy, esta tierra se la disputan grupos herederos del paramilitarismo, el Eln y disidencias de las Farc. También hay presencia de más de más de 6.000 efectivos del Ejército que hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles. Los enfrentamientos por territorios entre el Clan del Golfo y los Caparrapos para mantener el control sobre rutas y cultivos del narcotráfico dispararon las cifras de desplazamiento y homicidios. Más de 1.800 personas se han desplazado hacia Medellín, según datos de la Alcaldía de Medellín.

Periodistas amenazados, líderes sociales asesinados, reclutamiento forzado de menores, accidentes por minas antipersonal, control social. Este es el panorama actual de los 8.500 kilómetros cuadrados de esta subregión de Antioquia.

Hace apenas unos días, 120 familias fueron desplazadas del corregimiento de La Caucana en Tarazá. La mayoría de ellas accedieron a programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

En medio de la confrontación quedan numerosas comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que, aun así, creen que si se esclarece la verdad habrá más procesos de convivencia en su territorio y que si se comprenden las causas de la violencia podrán, de manera colectiva, pensar cómo superar la estigmatización de la región, reconstruir el tejido social y avanzar hacia la confianza entre la población y la institucionalidad, encontrar caminos hacia la no repetición.

¿Por qué el Bajo Cauca?

Esta región es un corredor para el narcotráfico por su cercanía con el Nudo de Paramillo, limita con el Urabá antioqueño y facilita el acceso al corredor de los Montes de María y el Sur de Bolívar y el Catatumbo.

En la década del sesenta llegaron los grupos guerrilleros del Eln y el Epl, y más tarde, las Farc. A finales de los años ochenta se concentraron en esa región buena parte de las acciones de grupos paramilitares contra la Unión Patriótica y movimientos sociales.

En uno de los municipios vecinos de la región, Segovia, tuvo lugar una de las primeras masacres paramilitares de Antioquia: noviembre de 1988. 40 muertos y más de 50 heridos.

Entre 1985 y finales de los noventa hubo más de 200 acciones violentas entre asesinatos, secuestros, masacres y destrucción de infraestructura. También, empezó la confrontación más fuerte con grupos paramilitares pertenecientes las Autodefensas unidas de Colombia, AUC. Con el cambio de milenio se incrementaron los homicidios de civiles en confrontaciones y se impuso el dominio paramilitar.

Luego de la desmovilización de la mayoría de grupos paramilitares con el proceso de Justicia y Paz, narcotraficantes que pertenecían a diferentes bloques de las autodefensas se reorganizaron (Bacrim, Bandas Criminales Emergentes).

Hoy, en medio del recrudecimiento del conflicto armado por cuenta del Clan del Golfo, los Caparrapos y disidentes de las Farc, víctimas del municipio dicen que quieren saber la verdad: por qué los desplazaron, por qué asesinaron a sus líderes, por qué se llevaron sus hijos. “Conociendo la verdad vamos a poder parar este exterminio social y las futuras generaciones no cometerán más horrores ni errores”, dice Adolfo Echavarría, del Consejo Comunitario Afrocolombiano de Colorado, Nechí.

La Comisión estuvo en la región con la compañía y asesoría de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA) y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes contribuyeron a establecer relaciones de confianza entre la Comisión y la población civil, las víctimas, las organizaciones sociales, las fuerzas armadas y las autoridades locales de cada municipio.