Cauca reclama una presencia integral del Estado

Actores sociales, étnicos, empresariales del norte y cordillera occidental del departamento del Cauca y firmantes del Acuerdo de Paz, hoy miembros del Partido Comunes, acudieron al llamado de la Comisión de la Verdad para contribuir a la necesidad que tiene la sociedad de comprender los hechos que facilitan la persistencia del conflicto y la violencia armada en este departamento y para contar las resistencias que se tejen y cómo las formas de convivencia  son el único camino posible para garantizar la vida en medio de la adversidad.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, ofreció un saludo de apertura al espacio, donde destacó estas iniciativas de convivencia y agradeció los aportes de los y las habitantes de Cauca para consolidar una narrativa hacia la estabilización: “Queremos agradecer el esfuerzo que se hace desde el norte del Cauca y la cordillera occidental para ayudarnos a encontrar caminos de reconciliación. Ustedes han encontrado en el diálogo una salida posible para la construcción de nuevos caminos. Gracias a la voluntad de ustedes de ir juntos nos demuestran que sí es posible avanzar en las adversidades. Nos demuestran que se puede avanzar juntos respetando la vida”.

Por su parte la embajadora de Suecia, Helena Storm, ratificó el apoyo que brinda su gobierno a la paz y a las iniciativas de la población para superar y resistir los hechos de persistencia que se presentan en el territorio: “El Cauca ha sido particularmente afectado por el conflicto. Las disputas territoriales entre actores armados han puesto en riesgo la vida de municipios, comunidades y colectivos. Sin embargo, ha sido también refugio de movimiento y pueblos que se resisten a ser parte del conflicto que buscan desde el diálogo alternativas reales para alcanzar una paz duradera. Desde la embajada de Suecia hemos asumido un rol en el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. En ese sentido estamos convencidos de que la paz y la verdad no pueden construirse sin la participación y el diálogo efectivo de las vidas, reconociendo sus diversidades y protegiendo la vida de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y ambientales”.

En el primer panel del conversatorio, la comisionada Alejandra Miller socializó algunos interrogantes que se ha planteado la Comisión de la Verdad, resultado de la fase de escucha amplia y plural que ha posibilitado a la entidad rastrear algunos elementos que no permiten la consolidación de la estabilidad en la región. “En la Comisión de la Verdad, en estos tres años hemos escuchado a más de 1.000 personas de toda la región, nos estamos haciendo distintas preguntas que nos ayudarán a resolver qué es lo que hay detrás. Una de esas es ¿por qué la fuerza pública no toma control en esos lugares donde se sabe que pasan las rutas de economías ilegales”, expresó.

Por su parte, Edwin Mauricio Capaz, consejero regional del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) identificó algunos elementos que aportan al entendimiento de los factores de persistencia en los territorios: “Hemos visto que existen intereses de mantener inestabilidad en la región. Poderes que requieren de la invalidación de procesos organizativos locales por los indígenas y los afrodescendientes. Poderes que se basan en la violencia para mantener su hegemonía local”.

Asimismo, para Clemencia Carabalí, representante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca (ASOM), una causa estructural para la persistencia del conflicto armado está relacionada con las capacidades económicas que se desprenden del conflicto armado: “Yo creo que persiste la situación de violencia en nuestros espacios étnico territoriales porque para muchos la guerra es un negocio. Persisten situaciones de violencia por la falta de atención integral. La presencia de la fuerza pública, no es suficiente. Necesitamos una presencia efectiva del Estado. Consideramos necesario avanzar en diálogos que concreten un acuerdo humanitario que sobreponga la vida sobre cualquier cosa. Sentimos que se anulan nuestros espacios de participación”.

A su vez, el representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cesar Díaz, aseguró que: “Si no se reconoce al campesinado como sujeto de derechos y la problemática por el uso de y la tenencia de la tierra y por el respeto por la naturaleza, no habrá soluciones y la conflictividad va a ser mayor”.

Una mirada necesaria a esta conversación fue la de los y las jóvenes como actores vitales en la transformación de los factores de persistencia. La lideresa e integrante de la Agenda Joven de Paz, Laura Lozano, dialogó sobre a las afectaciones históricas a la juventud en el marco del conflicto armado: “El alto consumo de sustancias psicoactivas está afectando mucho a los jóvenes. Muchos de ellos trabajan en estas economías ilegales y el nivel de deserción escolar es alto en la región”.

En representación de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Valeria Mosquera, hizo énfasis en que deben eliminarse las acciones que revictimizan desde la estructura del Estado, con lo cual, se amplia la brecha de desconfianza frente a la institucionalidad en los territorios: “Estamos en medio de una sensación de impunidad que envía un mensaje a la población muy negativo. Se percibe un mensaje público que se envía a la sociedad por la reducida capacidad que tiene el sistema de justicia a la hora de resolver el esclarecimiento de los hechos de persistencia”. Y añadió: “Un segundo fenómeno, es la falta de confianza a la Institucionalidad. Las respuestas del Estado de lo que le pasa a la gente se reducen a lo material, pero encontramos dolores sociales que no se han tramitado y persiste una ausencia en lo psicosocial”.

Asimismo, en el panel se abordó cómo una las afectaciones históricas al departamento, que tiene orígenes en el secuestro y asesinato del empresario Harold Eder en marzo de 1965 en el municipio de Corinto, es la falta de confianza empresarial y los efectos económicos que ha traído a la región. En representación de este sector participó Carlos Arturo López, presidente del consejo gremial del Cauca, quien señaló: “Estamos convencidos de que un factor determinante es la falta de competitividad. La empresa caucana está en la capacidad de ofrecer condiciones para el desarrollo de las comunidades, pero no podemos consolidar estas acciones sin acciones integrales. El proceso productivo, debe articularse con el proyecto de paz. El Estado se equivoca pensando que los recursos deben enfocarse en la “semilla” y no en la capacidad de transformación”.

Mientras que el firmante del acuerdo de paz Luis Eliecer Rueda, enfatizó en la necesidad de encontrar soluciones distintas a la violencia y a la capacidad del diálogo, de la organización y de las oportunidades para desarticular las acciones de persistencia.

“La desigualdad que hay en torno a la tenencia de la tierra. Colombia ha sido un país que ha detenido el crecimiento de los liderazgos a partir de la violencia. Sin embargo, no podemos olvidar la capacidad económica y de corrupción que se constituye en torno al narcotráfico. Todos estos elementos -y otros- fueron recogidos en el proceso de paz, pero no encontramos la voluntad del Estado por consolidarlos. Sumado a la ausencia de la institucionalidad, que es aprovechada por los actores armados, para nutrir sus capacidades. Ante la falta de oportunidades reales, los jóvenes se ven tentados a las economías ilegales”, señaló.

Jhonatan Patiño, alcalde del municipio de Argelia, escenario del reciente desplazamiento de más de 570 personas, consecuencia de los fuertes combates ocurridos en los últimos días en la vereda El Encanto, del corregimiento del Pital, evidenció algunas de las causas que han venido alimentado los factores de persistencia desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016: “Seguimos encontrando causas, que no han sido superadas, como: la tenencia de tierra, la exclusión y la falta de capacidades para el desarrollo sostenible. Todos estos pendientes, ocasionan una pérdida de confianza y favorece factores de persistencia del conflicto”.

“Sin embargo, no podemos ser culpables de estos escenarios, porque el centralismo ha tomado decisiones por nosotros en las que no hemos participado. Urge la necesidad de ampliar las facultades del Estado y posibilitar mayores capacidades de los alcaldes en nuestros territorios”, agregó.

En un segundo momento del diálogo, se dedicó a planteamiento de posibles soluciones. Los y las panelistas coincidieron en la necesidad del cumplimiento de los acuerdos pactados en el proceso de paz, de reconocer la diversidad, garantizar el retorno a los territorios de quienes fueron despojados y formalizar una estructura estatal con la capacidad y la voluntad de consolidar acciones posibles para la estabilización de la convivencia.

También se hizo un llamado al Estado a identificar causas estructurales que no han sido resueltas en Cauca y que hoy se refleja en la cifra de personas y poblaciones que siguen siendo afectados y afectadas por las acciones de los grupos armados y la intimidación para reducir las capacidades participativas de las organizaciones.

Los participantes enviaron un mensaje al encuentro de la diversidad y de las posturas diversas en torno a una solución de los factores de persistencia del conflicto. Para ellos “es necesario garantizar y mantener los espacios creados por la sociedad civil, las organizaciones étnico-territoriales y los sectores empresariales por garantizar acciones con la capacidad de ampliar una pedagogía de convivencia, pero sobretodo pactos que representen el respeto por la vida”.

A modo de cierre la comisionada Alejandra Miller recogió en una una lista las necesidades que deben ser tenidas en cuenta para abordar la solución al conflicto desde una perspectiva integral, que permita el cumplimiento del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC-EP: “La presencia del Estado, no solo desde la militarización, sino desde la capacidad de inversión. Un llamado que resalto en este diálogo, tiene qué ver con la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para garantizar el esclarecimiento de los delitos y con ello eliminar la impunidad. No podemos estar de espaldas a la posibilidad de regular un mercado ilegal que se alimenta de las capacidades criminales y la ausencia de la Institucionalidad”.

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