Comisión de la Verdad escuchará relatos de militares víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos

En este Espacio virtual, se conocerán relatos de seis militares y familiares, que fueron afectados por estas armas no convencionales, las consecuencias directas a su vida y entorno, así como la lucha constante contra las secuelas y la discriminación.

Esta será la primera vez que integrantes de la Fuerza Pública acuden a la Comisión para contar sus relatos y dar testimonio como a aporte al proceso de esclarecimiento de la verdad.  

Los militares ofrecerán un relato a cerca de su proceso de rehabilitación desde los ámbitos físico y emocional, además de los impactos en las relaciones familiares y sociales, producto de estos hechos.

A través de los Espacios de Escucha la Comisión busca promover nuevos aportes y reflexiones sobre lo ocurrido en el conflicto armado desde la voz de actores y sectores de todos los lados.

La participación en este Espacio es de gran importancia para las militares víctimas y sus familias, ya que constituye una medida de reparación y un aporte a la construcción de la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. 

El Ejército Nacional continuará participando activamente en los escenarios de participación propuestos por cada uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Las cifras

Según los registros del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas (CENAM), entre el año 2003 y lo que va corrido del 2020, 7.646 integrantes del Ejército Nacional fueron afectados por el uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), de los cuales 1.647 murieron y 5.999 resultaron heridos.

Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) y el primer país en número de víctimas de la Fuerza Pública por este tipo de explosivos (*Fuente: CNMH, 2017). El uso de estos artefactos constituye una violación al DIH.

Entre 1990 y 2020, el 60,5% de las 11.868 víctimas totales de esta práctica fueron integrantes de la Fuerza Pública, el 39,5% fueron víctimas civiles.

Aunque esto ha pasado en todo el país, el 66,3% de los hechos sucedieron principalmente en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.

De los 36.899 hechos, el 66,2% corresponden a desminado militar en operaciones; el 18,9% a accidentes por minas antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explotar (MUSE); el 9,5% a incautaciones y el 5,2% a la categoría sospecha de campo minado.