Las barreras para el acceso a la información que enfrenta la Comisión de la Verdad

La virtualidad, ocasionada por la pandemia del COVID-19, ha sido el común denominador hacia el cual la Comisión de la Verdad se ha visto volcada para continuar con el cumplimiento de su mandato. No obstante, esta situación provocó un cambio en la dinámica de escucha a víctimas, testigos, expertos, responsables y otros actores del conflicto que son claves para construir una verdad plural y un relato colectivo.

A raíz de esto surgieron dificultades como los problemas técnicos, la falta de conectividad en los territorios, la carencia de espacios íntimos y seguros, hay una preocupa a la Comisión: las barreras para acceder a la información.

El comisionado Alejandro Valencia explica que la Comisión tiene un régimen excepcional, especial y transitorio que le permite obtener documentos públicos y reservados, incluso si hacen parte de entidades de inteligencia y contrainteligencia, sin que pueda existir ninguna oposición para entregarlos, sobre todo cuando se trata de insumos relacionados con violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.

En términos prácticos, señala Valencia, de los 14 meses que restan a la comisión para finalizar el trabajo, solo se cuentan con seis meses para recibir y recaudar información y comenzar con el proceso de análisis, contrastación y verificación de la misma.

“Los archivos del Estado son de vital relevancia para reconstruir hechos históricos porque uno, representan el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado”, observa el comisionado y agrega que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-017 de 2018 también advierte sobre los obstáculos que impiden a las comisiones de la verdad cumplir con su trabajo.

En cumplimiento de su mandato, la Comisión de la Verdad ha requerido información pública y reservada por diferentes vías. Se han suscrito convenios y protocolos con entidades del Estado que buscan colaboración y celeridad en la entrega de documentos, aunque esta no es una condición necesaria para acceder a ellos. También se radican solicitudes individuales, se promueven espacios para entrega de informes elaborados por las mismas instituciones públicas (se han obtenido 41 hasta la fecha), y se presentan solicitudes de desclasificación de archivos internacionales, como agencias estatales de los Estados Unidos.

Es en este ejercicio donde se han encontrado las barreras, por lo cual la Comisión ha puesto en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación sobre esta situación. El comisionado Valencia enumera seis dificultades que enfrenta la entidad para cumplir con su mandato:

1. Oposición ilegal de reserva de la información por parte de los organismos que custodian información reservada: Organismos de inteligencia que dilatan las respuestas y finalmente responden que la información pública a su cargo es reservada. “Se nos ha dicho que los inventarios o el índice de información pública y reservada no puede ser entregada a la Comisión hasta que se suscriba un instrumento jurídico, contrariando lo que ordena la Corte Constitucional conforme al Decreto Ley 588 de 2017 y la Ley de Transparencia y acceso a información”, explica Valencia.
2. Falta de congruencia entre la información solicitada y la información finalmente entregada: Al recibir las respuestas, la Comisión encuentra que en ciertas ocasiones la información recibida omite las indicaciones solicitadas, lo cual atenta con los criterios de congruencia y consecuencia que ordena la ley y desconoce el carácter transicional y limitado de la Comisión retrasando su trabajo.
3. Respuestas elusivas: Una vez vencidos los plazos legales (Leyes 1712 de 2014 y 1755 de 2015) para dar respuesta, se le informa a la Comisión que debe dirigirse a otra autoridad a solicitar la información requerida, o que se ha dado traslado a otra dependencia de la misma institución para que responda. “Incluso, que a juicio del funcionario que responde, no resulta conveniente brindar la información”, señala el comisionado.
4. Inobservancia de las normas de manejo de archivos: Demora de varias instituciones en atender las solicitudes de acceso a la información radicadas por la Comisión, debido a falta de organización e identificación que se hace de los archivos y documentos, sobre todo relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario, aunque el Archivo General de la Nación reglamentó y priorizó (Acuerdo 004 de 2015) la adecuada custodia de esta información.
5. Afirmación de inexistencia de información por destrucción de archivos de derechos humanos: La Comisión debe advertir sobre la inexistencia de archivos de derechos humanos por su destrucción e incineración, en contravía del Protocolo de Gestión Documental de Archivos referidos a graves violaciones de derechos humanos del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica. “De manera puntual, entidades del Estado con obligaciones de protección de los derechos de los ciudadanos ha manifestado verbalmente y por escrito que determinados archivos que dan cuenta de violaciones de derechos humanos han sido destruidos por órdenes y directivas, como una práctica institucionalizada o que fueron destruidos con ocasión de hechos del conflicto armado interno”, revela Valencia.
6. Respuestas que retrasan la entrega de información: Se argumenta carencia de copias digitales, inexistencia de herramientas de consulta e inventarios documentales. Esta situación se acentúo más a raíz de la pandemia del coronavirus, debido a que el acceso a la información se hace en gran medida por canales virtuales. “se encuentra gran deficiencia en el hallazgo de inventarios documentales o estructurados que no hace posible reconocer con precisión la información pertinente a obtener”, señala el comisionado.

En la intervención del comisionado Valencia, dada durante la rendición de cuentas de este miércoles 30 de septiembre, hizo un llamado a las diferentes entidades a quienes se les solicita información para permitir el acceso oportuno, real y efectivo a los documentos pedidos. “De lo contrario, se deberán iniciar las acciones administrativas y legales pertinentes para hacer valer los derechos de las víctimas, sobre todo porque el compromiso con ellas y con el país es muy grande”, advirtió.