Comunidad embera chamí busca la verdad y exige acabar con la impunidad

Con este informe presentado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la comunidad indígena embera chamí aporta al esclarecimiento de lo ocurrido en su territorio, dando visibilidad a la continuidad de ataques que han sufrido a lo largo del tiempo y que no ha tenido respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales.

El informe presenta casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario expuesto en tres masacres (La Rueda, La Herradura y la masacre de la lideresa María Fabiola Largo) cometidas entre los años 2000 y 2003 en los resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta y Escopetera Pirza, donde autoridades tradicionales y líderes políticos indígenas fueron asesinados y en las que la justicia y la comunidad han establecido que los responsables son los paramilitares del Frente Cacique Pipintá con apoyo de la fuerza pública.

Estas masacres son consideradas por los autores el informe como una estrategia de guerra, especialmente, paramilitar, en donde la fuerza pública brindó ayuda determinante para la perpetración de los hechos violentos al fomentar la estigmatización contra los liderazgos dentro de la comunidad.

El informe, además, presenta peticiones de la comunidad embera chamí para que con este aporte al esclarecimiento que se hace, se haga justicia, se busque el fin de la impunidad y se empiece a trabajar en las garantías de seguridad para la participación política de los líderes indígenas y la convivencia en los territorios.

Javier Uchima, gobernador del resguardo Cañamomo Lomaprieta, agradeció la oportunidad para mostrar la problemática sufrida por su comunidad y resaltó la importancia de generar cambios que garanticen el freno a las acciones violentas contra los pueblos indígenas. “Es muy importante estar aquí, poder mostrar estos hechos tan lamentables para nuestro territorio por la tragedia y por ese luto que llevó a las familias. Hoy queremos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir”, aseguró.

Por su parte, Víctor Cano, miembro del Movice, explicó que el informe se construyó con base en los testimonios de la comunidad, que fueron contrastados con fuentes judiciales y periodísticas, y arrojó unos patrones para determinar que estas acciones buscaban frenar la el ascenso político y electoral del movimiento indígena y lastimar el tejido social y cultural de este pueblo.

“Esperamos estar aportando elementos importantes al informe final de la Comisión de la Verdad, para comprender las causas estructurales de la violencia en la región y quiénes se beneficiaron con ella”, dijo.

A su vez, Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, agradeció el trabajo de las organizaciones para recopilar este informe y aseguró que la Comisión tratará con el mayor respeto la información consignada en el informe, para darle visibilidad a la violencia que sufrió el pueblo embera chamí.

“La entrega de este informe es un reconocimiento a la grandeza de las víctimas del pueblo embera chamí en Caldas y en general en la zona cafetera. Ustedes ponen en evidencia lo sagrado de la dignidad del pueblo embera chamí. Este acto de confianza con nosotros lo recibimos con mucha responsabilidad y les agradecemos la confianza. Es responsabilidad de la Comisión hacer una imputación social al Estado colombiano, a la sociedad, a las organizaciones e instituciones porque esto que aconteció, esta realidad salvaje, es inaceptable y debe tener un costo social, un costo político y un costo histórico. Ese es nuestro trabajo”, concluyó.

Sin ahondar en el informe, Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas, explicó el trabajo que está haciendo la gobernación con las comunidades indígenas con la creación de un capítulo étnico en el plan de desarrollo: “Estoy agradecido por poder trabajar con las comunidades indígenas, vamos a trabajar por la equidad, mejorar la estructura social que permita el acceso a los derechos y que nazca un nuevo hermanamiento entre Manizales, la capital del departamento, y las comunidades indígenas. Queremos que los niños embera tengan las mismas oportunidades que tienen los niños de otras zonas del departamento”.

Posteriormente, Norman Bañol, miembro del Cridec, dejó claro el compromiso de las comunidades indígenas con la paz de Colombia: “Este espacio ratifica que el pueblo embera chamí está comprometido. Ya no vamos a guardar más silencio, este genocidio tiene que salir a la luz pública para generar las condiciones de blindaje a la comunidad embera. Cuenten con los pueblos indígenas para la paz, nunca para la guerra”.

Mientras que Luis Arbey Gañán, también miembro del Cridec, se centró en la necesidad de generar garantías de seguridad porque a pesar de las denuncias, sus comunidades siguen siendo blanco de los grupos ilegales: “En los últimos 30 años, nos han matado a más de 500 miembros de la comunidad y también hemos sufrido desplazamiento, racismo y discriminación. Esto nos ha llevado a acudir a los mecanismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales, sin embargo, seguimos en riesgo y sufriendo ataques. A pesar de las medidas que se han tomado, seguimos viviendo la violencia”.

Tras recibir el informe, Patricia Tobón, comisionada indígena del pueblo embera, destacó la profundidad de la investigación y el valor que tiene esta para el trabajo de la Comisión de la Verdad: “Sabemos que el análisis que traen los pueblos indígenas miran las causas profundas de la violencia. A lo largo de la historia del conflicto se conocen muchas cifras, pero Colombia tiene una deuda por no mirar la profundidad, de dónde vienen las violencias. Por eso seguimos en conflicto, por eso se han naturalizado las violencias y se han vuelto un asunto reiterativo. Este aporte que ustedes nos hacen es muy importante. Esto nos ayuda a construir un país intercultural, superando el racismo y la desigualdad”.

Una parte importante de este informe viene de los testimonios de las víctimas que vivieron el horror en sus territorios. Mercedes Tapasco, lideresa social y representante de las víctimas reconoció el valor simbólico que tiene este informe para la memoria de todos aquellos que ya no están: “Es un honor representar a más de 6.000 víctimas y faltan muchas por reconocer. Este informe me toca mucho a mí, esto es la dignificación de nuestras familias, de nuestros seres queridos, pero siempre estamos aquí para luchar por la memoria. Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Les agradezco por permitirnos la participación. Este es un homenaje para cada una de las víctimas y para todas sus familias. Queremos ayudar a sanar y trabajamos por una paz estable y duradera.

Al final del encuentro, tanto autoridades indígenas, como representantes de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) coincidieron en la necesidad de garantizar la seguridad a las comunidades indígenas que siguen siendo afectados hoy por la ola de asesinatos y amenazas que buscan apartarlos de sus territorios ancestrales.