Comunidad Internacional se muestra preocupada por la situación de seguridad en los territorios

La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, son las tres entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), este martes se reunieron con embajadores, delegados de misiones diplomáticas en Colombia y organizaciones internacionales para discutir los nuevos retos que se presentan en la implementación de los acuerdos de paz en el marco actual que vive el país.

En el encuentro se trataron tres puntos específicos. Primero, la Comunidad internacional reiteró su apoyo a la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc; segundo, se dejó clara la preocupación por el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc; y tercero, las dificultades que implica el recorte presupuestal de casi el 30% en la cuota de inversión para el año 2020, anunciado por el Ministerio de Hacienda.

Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia, resaltó la importancia de la implementación de los acuerdos luego de la firma: “Lograr la paz no es para nada fácil. Un acuerdo es un papel muerto sin la implementación, y para lograr esa implementación es necesario que las entidades del Sistema Integral logren una cooperación estrecha y eso es lo que estamos apoyando con fondos y con apoyo político. Debemos asegurarnos de que este sistema pueda trabajar”.

Por su parte, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz entre el 2012 y 2017, explicó que pese a las dificultades que se plantean para la consolidación del Sistema Integral, será su funcionamiento óptimo el que garantice la implementación de los acuerdos. “Se sabía que el Sistema iba a tener una oposición muy fuerte, sin embargo, la principal respuesta que se puede dar para legitimarlo es trabajar de la mejor manera y mostrar resultados”, expresó.

Con respecto al asesinato de líderes sociales en el país, Patricia Linares, presidenta la de Jurisdicción especial para la Paz (JEP) se refirió al elevado número de víctimas en un corto periodo de tiempo. “Preocupa que se siguen asesinando líderes sociales y excombatientes de las Farc en el país y no se ve una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano que detenga el derramamiento de sangre que afecta a muchas familias y que obviamente afecta el desarrollo del proceso de paz”, expresó.

Frente al recorte presupuestal, se informó a la comunidad internacional y a la opinión pública que el pasado viernes, las tres entidades del Sistema Integral recibieron una carta del Ministerio de Hacienda en la que se les informaba una reducción de casi el 30% en el presupuesto para inversión para el próximo año.

Las tres cabezas de las entidades coincidieron en afirmar que esta baja en el presupuesto afecta especialmente el desarrollo de las actividades de sus respectivas entidades en el trabajo territorial.

Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explicó las dificultades que significa este recorte en el accionar de la entidad, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad internacional para seguir avanzando en el trabajo de la entidad.

“Tenemos claro que la reducción es casi del 30% de lo que teníamos para la misión. Para todas las entidades del Sistema Integral significa una afectación de fondo. Para la Comisión, puede significar la imposibilidad de continuar el año entrante con el avance en nuestra territorial de buscar la paz. Es necesario que todo este esfuerzo por la verdad se haga desde los territorios. No obstante, la comunidad internacional ha entendido esta situación y está dispuesta a apoyarnos, no solo con recursos, sino también en situarle al Gobierno la prioridad de lo que estamos haciendo por la paz del país”, dijo.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se refirió a la necesidad de estos dineros para lograr el despliegue territorial necesario para el trabajo de la Unidad: “El dinero que se redujo es el de la cuota de recursos de inversión y es sobre estos recursos que se apalanca la presencia territorial de la Unidad de Búsqueda. Si este presupuesto se rebaja en 30% nosotros nos vemos obligados a reducir la presencia territorial y la búsqueda de personas no se hace en Bogotá”.

Finalmente, Patricia Linares, presidenta de la JEP, concluyó que cada día que pasa son más necesarios estos recursos: “Entendemos la situación fiscal del país, pero no esperábamos una reducción tan drástica, en términos de la JEP teníamos asignados 90.000 millones de pesos para el 2019, para el 2020 nos asignan 67.000. Esto es contradictorio en un momento en el que se empieza a implementar el proceso. Tenemos un tiempo muy limitado para cumplir nuestra tarea y esta reducción afecta el cumplimiento de las mismas, especialmente en territorio”.

El grupo de cooperantes internacionales coincidió en la necesidad de apoyar a las tres entidades con recursos económicos que permitan disminuir el impacto de este recorte presupuestal, además de brindar apoyo político para buscar garantías de cumplimiento por parte del Gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. 

Al encuentro asistieron delegados de la Unión Europea, de las embajadas de Alemania, Australia, Chile, Cuba, España, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, y delegados de ACNUR, MAPP-OEA, OIM,     ONU, ONU Derechos Humanos, ONU Mujeres  PNUD, UNICEF y USAID.