“Debemos blindar a las universidades de las expresiones de violencia”: Marta Ruiz
La Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)’ elaborado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR).
En el informe se recogen algunas de las consecuencias que ha producido el desarrollo del conflicto armado en el seno de las universidades públicas del país, incluyendo la documentación sistematizada de más de 100 casos de asesinatos a estudiantes, sindicalistas, profesores y profesoras.
Jorge Enrique Freytter Florián, uno de los autores del libro, explicó la importancia del documento: “Presentamos este informe para mostrar la represión que se vivió en las universidades públicas. El informe refleja los índices de persecución que vivieron profesores, estudiantes y líderes sindicales y en algunos casos la persecución directa por parte de estructuras estatales y el paramilitarismo”.
Freytter, quien vive exiliado en el País Vasco, España, es hijo de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, quien fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla. La familia del profesor pide que este crimen sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad.
Por su parte, Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo (CAJAR) destacó la investigación desarrollada y el valor que tiene para el trabajo de la Comisión: “Es importante que el país conozca el caso de las universidades públicas y que no se olvide. Porque fue la toma de las universidades y fue la estigmatización a personas que fueron señaladas de terroristas por mostrar su pensamiento crítico. Fueron señalados como enemigos internos y señalados públicamente para legitimar la arremetida que hubo después contra ellos”.
Marta Ruiz, comisionada, agradeció el esfuerzo de los autores y explicó la importancia que tiene este informe para mostrar la victimización que se vivió en las universidades impidiendo el libre desarrollo de la cátedra, del pensamiento y los ataques a los líderes estudiantiles.
“La Comisión ha optado por examinar patrones de violencia, no esclarecer casos individuales. Además de generar unos contextos explicativos para aclarar el por qué se produjeron. El conflicto armado interno no es solo una dinámica bélica, es también una dinámica política, que se enlaza con lo social y nosotros debemos dar una explicación histórica sobre cómo se relacionaron los grupos armados con la política, con lo social e incluso con lo cultural. Nuestra misión es explicar el entramado que nos llevó a tener un conflicto tan largo y que llega a dejar 9 millones de víctimas”, dijo.
Finalmente, el comisionado Carlos Martín Beristain destacó la importancia de contar con la participación de víctimas exiliadas que quieren aportar al trabajo de la Comisión. “Este informe se construye desde el País Vasco y muestra que hay una historia de Colombia afuera de Colombia. Es un ejemplo de que la Comisión quiere escuchar a las víctimas que están en el exilio, que quiere unir esa verdad que hay aquí en Colombia con la verdad que se construye afuera”, concluyó.
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