El desplazamiento forzado ha afectado al menos a 218.060 integrantes de la fuerza pública

En La Montañita, un municipio cercano a Florencia, capital de Caquetá, la violencia obligó a la familia de Leonel Figureoa a vender, por un precio muy bajo, la finca que durante décadas fue su orgullo. Él, ahora un miembro retirado del Ejército, cuenta cómo los grupos armados ilegales ejercieron control territorial, despojando y desplazando a los suyos. Pero este caso es solo uno más de los 218.060 que ha recopilado la fuerza pública y que quedaron consignados en un informe entregado esta semana a la Comisión de la Verdad.

El documento se llama ‘Soldados sin tierra: relatos de soldados y familiares víctimas del desplazamiento forzado entre 1985 y 2018’, y entre los hallazgos de este estudio elaborado por la firma Jaime Artega & Asociados hay uno que permite dimensionar la magnitud del fenómeno: el área de los predios que fueron despojados por causa del conflicto armado a integrantes de la fuerza pública (activos o retirados) y sus familiares abarcaría 440.000 hectáreas, una extensión similar a la del departamento de Risaralda.

En medio de las cifras y datos que permiten analizar esta problemática hay historias como la de Leonel Figueroa, quien reveló ante la Comisión de la Verdad que la razón por la que sus padres vendieron la finca fue por la presión que ejercieron los grupos guerrilleros. Ellos, para salvaguardar su vida, decidieron salir de sus tierras.

Antes de eso, Figueroa contó que se encontraba prestando servicio militar y, en uno de los días de licencia, visitó a su familia. Sus padres asombrados le dijeron que “tenía orden de no volver, o de lo contrario tenía que irme con las FARC”. Al día siguiente, de madrugada, tuvo que huir de su propia casa. Fue así como tuvo que reiniciar su vida en Bogotá, con un profundo sentimiento de desarraigo.

Las cifras del informe

Stefanía Orozco, gerente de Paz y Reconciliación de Jaime Arteaga & Asociados, presentó algunos datos que se encuentran en el documento entregado a la Comisión. Por ejemplo, del total de víctimas de la fuerza pública, uno de cada cuatro son soldados. Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.

En esta información, a la que se llegó cruzando bases de datos del Ejército y registros de la Unidad de Víctimas, también se puede observar que el lapso entre 1999 y 2007 fue el de mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado y despojo.

Además, el informe señala que, de las 218.060 víctimas, 158.865 sufrieron los hechos después de prestar el servicio, 37.136 durante el servicio y 22.059 antes de entrar a la fuerza pública. Para quienes estaban activos en el momento en que ellos, o sus familias, padecieron el despojo de tierras o desplazamiento forzado, el año crítico fue 2007, mientras que para los exintegrantes fue el año 2014.

Orozco observó que el 63% de los casos ocurrió, en el caso de los miembros en uso de retiro, durante los primeros seis años luego de prestar el servicio.

Por otro lado, la gerente señaló que también se hizo una encuesta para medir algunas variables. En esta muestra participaron 600 personas, 458 hombres y 142 mujeres, y permitió evidenciar que en el 85 % de los casos los flagelos se extendieron al grupo familiar.

La encuesta también indica que el 95% de las víctimas pertenecen a los estratos 0, 1 y 2, y que en el 58% de los episodios los hogares afectados estaban liderados por una madre.

El promedio de extensión por cada predio que muestra el informe es de 8,77 hectáreas, y concentrándose solo en el fenómeno del despojo de tierras, 55.338 casos les ocurrieron a militares activos o en uso de su retiro.

Aunque el 90% de las personas manifestaron estar registradas en la Unidad de Víctimas, Orozco observó que solo el 20% de ellas había hecho alguna solicitud, lo cual demuestra que el trabajo en cuanto a reparación todavía es incipiente. Agregó que solo en el 27% de los casos los afectados creen que hay garantías para retornar a los territorios.

El general Jorge León González, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, manifestó que el informe se suma a otros 50 que han sido aportados por la fuerza pública al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) desde 2019.

“Hemos dado cumplimiento a más del 90% de los requerimientos hechos para construir memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. Esperamos que esto sea de utilidad para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, para ese proceso de reparar y reconocer a las víctimas”, anotó.

Reflexiones sobre las afectaciones

Para Roberto Vidal López, magistrado de la JEP, es necesario avanzar en la sanción y atribución de responsabilidades, y este informe servirá para hacer un mejor análisis, de tal manera que se puedan construir los macro casos en el tribunal y garantizar a las víctimas ese sentido de satisfacción de su derecho de justicia y verdad.

“Quisiéramos transmitir a las víctimas que asumimos el mayor compromiso para honrar esa confianza que depositan en el sistema, que tengan la esperanza que vamos a trabajar por sus derechos y asumimos el trabajo con seriedad”, expresó.

El informe es de especial interés para Martin Sjögren, consejero político de la Embajada de Suecia en Colombia, pues pone en el foco la magnitud de estos problemas que afectaron a personas que pusieron su vida al servicio de la Nación y evidencian “los bajos niveles de reparación y la necesidad de implementar estrategias para restablecer sus derechos”.

Jaime Arteaga, director de la firma Jaime Arteaga & Asociados, invitó a reflexionar sobre lo que ocurre con el núcleo cercano al integrante de la fuerza pública. “Cuando una persona entra a las fuerzas armadas, también lo hace su familia; los impactos sobre los familiares son muy diferentes e igual de graves”, dijo.

“Estos informes ya empiezan a ser parte de la reparación de los veteranos e integrantes. Visibilizar estos hechos ya es un escenario simbólico de reparación (...) También quiero manifestarles a los integrantes de la fuerza pública, que las instituciones seguirán visibilizando a las víctimas, y quienes lo han sido pueden acudir a las unidades militares para registrarlas y acompañarlas en el proceso”, comentó el brigadier general Javier Alberto Ayala, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, valoró el papel de los soldados que enfrentaron violencias de todo tipo en nombre de la defensa del territorio. Agradeció en nombre de la Comisión por el informe y recordó, con una anécdota, la hondura del conflicto armado y cómo ha afectado a los militares.

“En alguna ocasión tuve que oficiar el funeral de un soldado, y era tanto el miedo de las familias a parecer amigos de los soldados, que la iglesia estaba casi sola. Tengo la imagen de una joven parada junto al féretro, que me dijo que era el hombre que más había querido en su vida”, recordó.

El comisionado Carlos Ospina agradeció a las fuerzas militares por el documento, manifestó que entristece conocer la degradación a la cual llegó el conflicto armado en el país, y recordó que existe un pacto en la guerra que dice que la confrontación se hace entre combatientes, pero en Colombia “llegaron a buscar a las familias”.

La Comisión de la Verdad sumará el documento entregado a los otros que han sido aportados para la construcción del relato colectivo que contribuya a tener mejores herramientas para la no repetición, y para que víctimas como Leonel Figueroa, que dice que le gustaría volver a su tierra en La Montañita, pero aún siente temor, puedan regresar y sentirse seguras.