El Eje Cafetero pide que se reconozcan sus víctimas de ejecuciones extrajudiciales

El dolor por la muerte de sus hijos, hermanos, esposos o parientes, a manos de miembros del Ejército Nacional, es innombrable. Y esto no es lo único que llevan a cuestas las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Eje Cafetero. Además de estas muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, cargan con la frustración de habitar una región de la que se conoce muy poco el desarrollo del conflicto armado y la actuación de los actores armados, en este caso, la violencia estatal. Cargan con la impunidad y la desconfianza en las instituciones del Estado. Cargan con la estigmatización a sus familiares —y a ellas mismas— luego de ser presentados públicamente como miembros de grupos armados. Y cargan con amenazas, hostigamientos, persecuciones y atentados en su contra, por seguir levantando la voz para exigir verdad y justicia.

La Comisión de la Verdad acompañó el pasado 25 de marzo la entrega del informe ‘Ejecuciones extrajudiciales, una práctica sistemática en el Eje Cafetero: 2006-2008’, realizado por la organización dhColombia. En este espacio se desarrolló un diálogo entre víctimas, académicos, expertos y voceros de la institucionalidad, que permitió visibilizar y reconocer estos crímenes, y planteó caminos para que hechos como estos no se repitan. Según dhColombia, de los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registró entre 2002 y 2008, por lo menos 138 casos se presentaron en el Eje Cafetero.

“Una última revisión de casos en la Justicia Penal Militar, y de los reportes de Naciones Unidas, nos habla de unos 245 casos en el Eje Cafetero en el periodo pico (2002-2008). Y si alargamos el periodo de 1999 a 2010 son casi 315 casos”, aseguró German Romero, abogado de dhColombia. El período más crítico fue entre 2006 y 2008, en el que se registraron 132 casos, según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU. Sin embargo, tanto organizaciones de derechos humanos como víctimas coinciden en que existe un enorme subregistro. El informe de dhColombia encontró que las principales víctimas de esta práctica en el Eje Cafetero fueron “personas que eran vistas como objeto de eliminación”: hombres jóvenes de zonas rurales y barrios marginales; personas en condición de marginalidad social, exclusión o discriminación; y personas con antecedentes de delitos menores.

German Romero insistió en la necesidad de ponerle nombre “a las unidades militares que encarnaron el desprecio por la vida en el Eje Cafetero”. Según dhColombia en el listado de responsables se encuentran: la Tercera División del Ejército, la Octava Brigada del Ejército, el Batallón de Contraguerrilla No. 57 “Mártires de Puerres”, el Batallón San Mateo de Pereira y el Batallón Ayacucho de Manizales. Además, sostuvo que las ejecuciones extrajudiciales fueron un fenómeno legitimado socialmente: “La sociedad económica y política del Eje Cafetero le pidió a la presidencia de la república un nivel de operatividad más alto de las unidades militares… El Eje Cafetero celebraba las muertes de estos muchachos, lo mismo que los medios de comunicación”. Y reiteró que detrás de estas muertes “había una idea de mostrar cifras para demostrar que se ganaba la guerra, pero en lo cotidiano había una práctica egoísta para obtener beneficios: pasajes, vacaciones, felicitaciones en las hojas de vida”.

Romero cuestionó el tratamiento que la JEP le está dando a estos crímenes y aseguró que las víctimas del Eje Cafetero están quedando nuevamente invisibilizadas, porque el diseño de la investigación deja en la impunidad muchos casos y puede exculpar a los máximos responsables. Thiame Carabalí, enlace Territorial para el Valle del Cauca y el Eje Cafetero de la JEP, aseguró que el caso de las ejecuciones extrajudiciales (Caso 03) “sigue abierto” y “está esperando” la participación de las víctimas, a través de la presentación de informes o de la solicitud de acreditación para intervenir en las diferentes etapas del proceso. “Su participación es importante para contar con mayores elementos de análisis para visibilizar los hechos que han ocurrido en el Eje Cafetero, que no son de amplio conocimiento, que son una verdad silenciada, como ustedes lo indican. Una verdad que es importante que llegue a la JEP”, señaló.

Romper con ese silencio, con esa indolencia institucional y social, no ha sido fácil para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Eje Cafetero. Levantar la voz ha traído riesgos. Alfamir Castillo Bermúdez contó que al denunciar el asesinato de su hijo su familia se desintegró. “En el momento en que se visibilizó vinieron amenazas, hostigamientos, y eso hizo que tuviera que salir del municipio. Quedaron atrás mis hijas, mis padres, toda la gente que uno quiere”.

Alfamir Castillo aseguró que los señalamientos y acusaciones de sus vecinos han sido otro calvario. “Los medios de comunicación dicen que asesinaron a unos chicos que pertenecían a un grupo paramilitar o guerrillero. Entonces los vecinos empiezan a señalar: ‘el hijo de la vecina era guerrillero’. Eso nos ha afectado enormemente. El Ejército tiene que pedirnos disculpas públicas. Eso nos permitiría recobrar un poquito la dignidad con ese vecino del pueblo”. Jhon Jairo Ortega Hurtado, víctima, resumió su dolor con estas palabras: “La familia se desbarató. Mi hermano era la cabeza”. Y denunció que desde que se conoció la muerte de su hermano “hemos sido perseguidos”.

¿Qué debería suceder para que estos hechos no se repitan? Jhon Jairo Ortega respondió tajantemente: “Debería haber una reforma total en el Ejército, no a medias. No puede ser posible que personas investigadas continúen en el Ejército. Si ellos siguen ahí va a seguir sucediendo lo mismo”. Max Yuri Gil, coordinador de la Macroterritorial Antioquia-Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, aseguró que es fundamental reconocer que la estigmatización produjo una doble victimización: “Desafortunadamente, algunos sectores de la institucionalidad y de los medios de comunicación, han construido una narrativa según la cual las víctimas auténticas son las víctimas de las guerrillas mientras las víctimas de los agentes estatales son víctimas sospechosos: ‘por algo sería’, ‘no estarían recogiendo café’, ‘eran delincuentes’. Ese discurso busca justificar el asesinato y poner la carga sobre las víctimas y las familias”.

Por su parte, el comisionado Alejandro Valencia reconoció que el informe de dhColombia es importante porque aporta al análisis sobre “la masividad y la sistematicidad de esta práctica, sobre todo durante los años de los gobiernos de la seguridad democrática”, y porque permite darle visibilidad a esta región dentro de la radiografía nacional sobre esta grave violación de derechos humanos.

María Irene Hincapie, quien sigue cargando con el dolor de ver a sus dos hermanos, trabajadores de finca, “vestidos de guerrilleros, con una granada al lado y armas de fuego”, dijo que “lo más importante es seguir adelante todos, unidos, buscando la verdad”.

Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.