El desafío de la verdad

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es una institución del Estado, autónoma, de carácter constitucional. Busca dar una explicación comprehensiva de la manera como la sociedad colombiana se vio inmersa, por más de medio siglo, en un conflicto bárbaro, y así llegar a una visión rigurosa y plena de sentido que permita reconocer responsabilidades sociales y avanzar en la construcción de la nación en el respeto de las diferencias culturales, étnicas, políticas y generacionales.

El clamor de la verdad como un derecho público existe en todas las regiones del país. Las niñas y los niños quieren saber por qué mataron a sus papás y a sus hermanos. Las familias que huyeron desposeídas arbitrariamente de sus tierras piden que les digan por qué vinieron a sacarlas. Los que sobrevivieron a masacres preguntan quién dio la orden para que los perpetradores entraran a matarlos. Los campesinos de fincas cargadas de minas antipersona reclaman por qué destruyeron la tranquilidad segura de sus suelos. Las comunidades indígenas y afro preguntan por qué fueron corriendo las cercas para arrebatarles el territorio sagrado de sus antepasados.

Es cierto que el Estado colombiano creó hace más de una década la Unidad de Víctimas para registrar y resarcir lo que se pueda de más de ocho millones de afectados. Es indiscutible que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho una tarea monumental con testimonios y análisis en varias decenas de libros de narrativas. Pero la pregunta sigue allí. ¿Por qué se disparó la guerra entre ciudadanos de la misma patria? ¿Por qué el conflicto armado interno continúa hasta ahora? ¿Por qué el Estado, el Ejército, el Congreso, los partidos, las escuelas, las universidades, los empresarios, la Iglesia y los medios de comunicación fueron incapaces de parar la barbarie?

Hay miedo. Miedo a las preguntas y miedo a las respuestas que reclaman millones de adoloridos. Miedo a las sorpresas que puedan aparecer en la búsqueda. Susto de lo que ha estado oculto. Temor de despertar a la realidad. De que termine el sueño de gobiernos que escribieron memorias triunfales mientras crecía la derrota social del desplazamiento y el despojo. Silencio en los partidos políticos que controlaron el poder mientras más de ochenta mil personas fueron desaparecidas en los últimos cuarenta años. Temor de despertar de una guerra en la que los comandantes de ambos lados de la disputa llevaron a morir, como supuestos héroes, a miles de jóvenes colombianos en una guerra fratricida. Resistencia de empresarios a abandonar la ilusión de que producir ganancias legitimaba dar la espalda a la tragedia. Terror de los educadores de salir del país imaginario mientras la escuela y la universidad formaban a los ciudadanos de la sociedad de la barbarie.

Los sobrevivientes gritan, desde las mamás de los “falsos positivos”, desde las esposas de los policías cautivos que nunca volvieron, desde los labriegos que perdieron sus predios, desde los hogares rotos por el secuestro, desde los mutilados por golpes de los explosivos sembrados.

Ellos piden una respuesta del Estado. Y es comprensible, pues es la institución creada para garantizar, a todos por igual, las condiciones para una vida digna. Pero si ni siquiera se ha garantizado la vida misma, ¿cómo puede responder este Estado? Y la pregunta va más allá, hasta tocar las raíces de la cultura, de la espiritualidad, del llamado modelo económico: ¿qué es lo que los colombianos hemos hecho como sociedad?

En La Habana terminó la guerra con las Farc y empezó el tiempo de construir la paz. Esa paz solo puede hacerse a partir del esclarecimiento de la verdad de las dinámicas objetivas y subjetivas que llevaron a las exclusiones y los odios, a la inseguridad de las familias, al terror de las comunidades, a los heridos y muertos en confrontaciones armadas. La verdad es necesaria para poder desmontar esas dinámicas y sustituirlas por otras que den cimiento y entusiasmo a la convivencia.

Por eso el acuerdo de paz dio lugar a la creación de las instituciones de la verdad que forman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Las tres constituyen una estructura, se necesitan mutuamente. Y las tres tienen por eje la verdad.

En un país traumatizado e indignado por el conflicto, las comunicaciones, los símbolos y las emociones no trasmiten la verdad sino prejuicios, sospechas, señalamientos, apetitos de venganza. Vivimos en una no-verdad de rivalidades y justificaciones, incapaz de ser autocrítica y por lo mismo constructiva, libre, respetuosa.

El desafío es liberarnos de los miedos y de los silencios para avanzar hacia la verdad de nosotros mismos. De eso se trata la Comisión de la Verdad.

Y el camino son las víctimas. Hay que partir de allí para empezar a entender. La realidad indiscutible del dolor de millones, que arranca muchas décadas atrás en los pueblos indígenas y afro, pasa por los niños y las mujeres, golpea los campos y los barrios populares, destruye los ríos y los bosques, se concreta en extorsiones, secuestros, abigeatos, masacres de veredas y multitudes errantes de labriegos desposeídos, y muertes de jóvenes en combates inútiles. Los muertos, los heridos, las mujeres violadas y abusadas, los niños metidos en la guerra, los soldados sin piernas y los muchachos guerrilleros mancos y ciegos somos nosotros mismos.

Nosotros. Se trata de rescatarnos como seres humanos para que sean posibles el respeto colectivo, la confianza, la posibilidad de soñar y construir en la creatividad de las diferencias. Para que nunca se repita.

* Este artículo hace parte del especial 'Buscar la verdad' producido en asocio con la revista Arcadia.