“Reconocemos que no eran paramilitares, eran campesinos inocentes”: exintegrantes de FARC-EP reconocen masacre y afectaciones a San Pedro de Urabá

“Estoy aquí porque soy uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril (de 2001) que condujeron a una masacre de personas inocentes en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rula (San Pedro de Urabá). Reconozco no solo el asesinato de personas inocentes, incluyendo a un líder, el señor Santander Velázquez, sino las afectaciones a todo el municipio de San Pedro”. El firmante del Acuerdo de Paz Guillermo León Chanci, conocido en las extintas FARC-EP con los alias de “Leónidas” o “Chupete”, pronunció estas palabras el pasado 30 de septiembre frente a las víctimas de San Pedro de Urabá, en el Encuentro por la Verdad realizado por la Comisión de la Verdad. Luego de ocho meses de preparación para ese momento, los responsables reconocieron su responsabilidad en este hecho que había permanecido en el silencio durante 20 años.

Junto a Guillermo estaba Jhoverman Sánchez, también firmante del Acuerdo de Paz y conocido con los alias de “Rubén Cano” o “Manteco”. Además de reconocer su responsabilidad en la masacre del corregimiento del Alto San Juan y las veredas aledañas, que partió la historia de esta región al provocar un desplazamiento masivo, abandono de tierras y animales, desarraigo, cambios en la cultura campesina y pobreza; los exmiembros de FARC-EP también reconocieron que afectaron profundamente a San Pedro de Urabá a través de incursiones armadas al casco urbano y de señalamientos a la población de pertenecer o colaborar con grupos adversarios.

Este proceso de reconocimiento de responsabilidades, bautizado por las víctimas ‘En nombre de los sobrevivientes de San Pedro de Urabá’, buscó atender un llamado que los habitantes de este municipio del Urabá antioqueño le hicieron a la Comisión de la Verdad en 2019, cuando se realizó allí el primer ejercicio de escucha. Las víctimas, que durante décadas guardaron silencio porque la guerra ha persistido, pidieron ser reconocidas y nombradas. Así nació este proceso que busca dignificar a las víctimas, aportar al esclarecimiento de la verdad y abrir una puerta a la reconciliación.

El conflicto armado ha dejado unas profundas marcas en San Pedro de Urabá. Actores armados de todos los bandos se han disputado el control territorial y social de este municipio, que tiene una posición geográfica estratégica para las economías y dinámicas de la guerra. Esta región tiene corredores que atraviesan desde el sur de Córdoba hasta el Golfo de Urabá y desde el Nudo de Paramillo hasta la Costa Pacífica. Los paramilitares han sido los principales responsables, pero también las acciones de las guerrillas del EPL y las FARC-EP causaron graves impactos.

Entre 1994 y 2002 la guerrilla de las FARC-EP protagonizó un capítulo de violencia desbordada contra la población. Para ese momento los paramilitares tenían el dominio casi absoluto de ese territorio; habían sembrado allí cultivos de coca e instalado bases de entrenamiento. Las FARC-EP, en un intento por contener ese avance, desplegaron sus tropas en la región lo que en últimas generó un aumento en las confrontaciones entre grupos armados. Y junto a esto, las violaciones a los derechos humanos de la población civil. Actualmente San Pedro de Urabá tiene cerca de 32.600 habitantes. El acumulado de víctimas reconocidas de este municipio suma casi 33.700.

Las demandas de verdad y las respuestas

“En la masacre del 25 de abril de 2001 perdí a mi esposo Luis Gregorio Díaz. Lo cogieron en el camino al trabajo, lo amarraron y se lo llevaron para la escuela. Ahí lo encerraron con varias personas. A unas las soltaron y dejaron nueve personas a las que mataron… No tuvieron piedad de matarlo y dejar a una madre con cuatro niños huérfanos”, dijo Nelsy Burgos Peralta, frente a un pequeño grupo de habitantes de San Pedro de Urabá, funcionarias de la administración municipal y departamental, del Sistema Integral para la Paz, de organismos de verificación del Acuerdo de Paz y de instituciones veedoras de derechos humanos, que acompañaron el Encuentro por la Verdad.

Manuel Funieles, papá de Albeiro Funieles, de 22 años, y cuñado de Guillermo González, de 24 años, víctimas de la masacre, también tomó el micrófono para dirigirse a los excombatientes de las extintas FARC: “Como comunidad perdimos mucho porque cuando asesinan a nuestro líder Santander Velázquez, los procesos comunitarios quedaron paralizados… Necesitamos que se reconozca que las víctimas de la masacre del Alto San Juan y las demás veredas no pertenecían a ningún grupo armado, sino que eran campesinos, y que se reconozca el profundo daño que se nos generó como comunidad”.

Las incursiones armadas de las FARC-EP también marcaron la historia de San Pedro de Urabá. “Tuvimos que naturalizar el sonido de los enfrentamientos armados, bombas sobre los techos… las casas mismas eran usadas como escudos de guerra”, contó Hamilton Almario Vargas. En particular, hay una fecha imborrable para los sampedreños: el 11 de noviembre de 1994. Ese día la guerrilla asesinó al comandante de la Policía y atacó el Palacio Municipal y el Banco Agrario. “Pedimos que los miembros de las antiguas FARC-EP reconozcan hoy públicamente los daños causados entre 1994 a 2002 durante la disputa con los paramilitares. Este es un paso para la resignificación y dignificación de San Pedro de Urabá, sus víctimas, y habitantes en general”, concluyó Hamilton.

Frente a esta toma armada, en un encuentro privado que tuvieron las víctimas y los responsables a comienzo de septiembre, Rubén Cano aseguró que “la intención era generar un daño a la infraestructura económica del Estado. Al atacar un banco, un puesto de policía, una torre, una alcaldía, sabíamos que lo podíamos debilitar. Hoy entendemos que estas políticas son un desgaste, que son una destrucción a la nación, a todos”. Reconoció, además, que como parte del control territorial las FARC-EP provocaron que los habitantes de San Pedro de Urabá se sintieran prisioneros en su propio territorio. “La gente no podía moverse de noche, no podía ir de una vereda a otra... Reconozco que la gente vivió así, que tuvimos responsabilidad en imponer esa prisión... Sabemos que les causamos daño, que los afectamos como familia, como colectivo. Los miramos con desconfianza. Los desplazamos. Afectamos al municipio y generamos retraso. Por todo este dolor y este daño causado durante la guerra, les pido perdón de corazón”.  

Sobre la masacre, Rubén reconoció que ocurrió en un momento de “desbordamiento de la violencia”. Y Guillermo Chanci aclaró que “a mí no me dieron la misión de atacar, ni de matar, ni desplazar a la población civil, esa no era la política de FARC-EP. La acción era contra los paramilitares… Yo me dediqué a dirigir las tropas que estábamos peleando directamente con los paramilitares, y no tuve la facultad ni la capacidad de controlar los otros grupos que estaban accionando alrededor. Y por eso fui sancionado… No tuve la capacidad de controlar esa situación. Fueron asesinadas personas que no tenían nada que ver con la acción que íbamos a realizar. Reconocemos que no eran paramilitares, eran campesinos que no tenían por qué haber pagado”. Además, pidió perdón.

El cierre: hacia la no repetición

“Este proceso nos acerca al perdón y a la reconciliación. Cuando conocemos una parte de la verdad eso aliviana un poco las cargas de las víctimas y nos permite entrar en una paz interior”, dijo Delsy García, coordinadora de la Mesa de Víctimas de San Pedro de Urabá, y además invitó a los otros actores que participaron, fomentaron y se beneficiaron de la guerra en su territorio, a que aporten también a la verdad. En nombre de todo su municipio, Delsy hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia, a la Unidad de Víctimas, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y los veedores internacionales del proceso de paz como la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA, a que les acompañen en el seguimiento de los resultados de este proceso. Estas organizaciones sirvieron de veedoras y testigos de este proceso de reconciliación.

Las víctimas y los responsables coincidieron en un llamado a que San Pedro de Urabá sea reconocido como una víctima colectiva del conflicto armado. Señalaron que el territorio estuvo mucho tiempo sumido en el silencio, invisibilizado, y que este proceso es una oportunidad no solo para que muchas víctimas sean reconocidas y reparadas, sino para que el territorio sea atendido como colectividad. Al término del Encuentro por la Verdad, se produjo una reunión entre las víctimas, representantes de la institucionalidad y veedores internacionales, para llegar a acuerdos sobre los siguientes pasos que se deben dar en esa dirección.

“En esta guerra ninguno ganó; perdimos todos. Estamos haciendo esfuerzos para que no vivamos eternamente lo que ya vivimos. Queremos la paz, la reconciliación. La guerra es destructiva, es ciega, no nos permite avanzar, nos lleva al retroceso. Por eso tenemos que parar”, les dijo Rubén Cano a las víctimas en la conversación privada que antecedió al Encuentro por la Verdad. La no repetición del conflicto armado es un propósito que unió a todas las personas que participaron en este proceso.

Irene Piedrahita, investigadora de la Comisión de la Verdad, señaló que además de los responsables, la institucionalidad, los garantes nacionales e internacionales, la misma sociedad tiene un rol esencial en la no repetición. “Como nos lo ha recordado el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, si Urabá no hace la paz, si Antioquia no hace la paz, no podremos tener paz en Colombia”, concluyó. Este proceso de reconocimiento quiere aportar a la compresión de tanto sufrimiento, y aportar respuestas o inspirar más preguntas para la construcción de una sociedad que pueda reconocerse y conocer la paz.