Farc reconocen responsabilidad y piden perdón por dos infracciones a la Misión Médica durante el conflicto

El día que Puerto Lleras se quedó sin servicio de salud por 72 horas no se olvida jamás. 46 trabajadores fueron obligados a renunciar y a salir con lo que tenían a mano hacia Villavicencio. El verdugo: la antigua guerrilla de las FARC-EP. Astrith Gualtero, enfermera y directiva nacional de ANTHOC, recordó el hecho, ocurrido el 26 de junio de 2002, durante el quinto Encuentro por la Verdad, un acto solemne organizado por la Comisión de la Verdad para reconocer el impacto del conflicto armado en la salud. “En Colombia el sector salud no es héroe, es víctima”, dijo.

A su vez, el pueblo indígena jiw también intervino para contar cómo los tildaron de colaboradores de uno u otro bando, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de “sapos”, y la forma cómo integrantes de las Farc llegaron hace 18 años hasta su resguardo y asesinaron al promotor de salud que prestaba sus servicios en esta comunidad. A raíz de esto, más de 27 familias tuvieron que salir huyendo de la guerra hacia otros resguardos. Los sabedores ancestrales, o Pijoen, reclaman sus derechos y dicen que cada vez tienen menos fuerza para velar por su pueblo.

Jaime Alberto Parra, exintegrante del secretariado de las FARC-EP conocido como Mauricio Jaramillo o el “Médico”, se refirió a estos dos hechos y señaló que la intención de los excombatientes, ahora agrupados en un partido político, es la de reparar y devolverle la dignidad que les arrebataron a las víctimas, y por ese motivo reconocieron su responsabilidad en los dos episodios antes mencionados.

“En este acto pedimos perdón por las amenazas en contra de las personas que ejercían la Misión Médica en el hospital de Puerto Lleras, en el departamento de Meta, en junio de 2002. En estos hechos, que hoy condenamos, tuvo responsabilidad el frente 43 de la antigua guerrilla FARC-EP”, aseveró.

De igual manera, Parra pidió perdón por el asesinato del promotor de salud Luis Carlos González, quien fue asesinado en agosto de 2002 mientras prestaba sus servicios al pueblo indígena jiw en el resguardo Barranco Colorado, Guaviare. “Este hecho tuvo relación con el asesinato del docente Saúl Enrique Niño, lo que propició en ambos casos el desplazamiento forzado de toda la comunidad, desde este resguardo y durante dos años. Los responsables de estos luctuosos hechos fueron miembros del frente 44 integrante del antiguo Bloque Oriental de las otrora FARC-EP”, agregó.

Jaramillo extendió la invitación para que todos los actos en los cuales los excombatientes pudieron afectar la salud de la población civil y el personal médico sean conocidos y, de antemano, “pedimos que se nos honre con el perdón”.

“El perdón es un proceso largo, lo sabemos, pero no descansaremos hasta lograrlo”, reconoció Parra y agregó que es el momento de construir nuevas bases de convivencia y garantizar la no repetición de esos hechos que nunca debieron ocurrir.