La matriz que Forjando Futuros entregó a la Comisión de la Verdad sobre el despojo de tierras en Colombia

En Colombia, según el informe presentado por la entidad Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad, ya se han restituido judicialmente 380.000 hectáreas a familias que fueron despojadas de sus predios durante el conflicto armado. Esa extensión equivale, aproximadamente, a la superficie del departamento de Risaralda y, sin embargo, apenas constituye el 5,8% de las solicitudes que reposan en estrados judiciales y en la Unidad de Restitución de Tierras.

Estos resultados fueron socializados por Gerardo Vega e Ilhan Can, director e investigador de Forjando Futuros, respectivamente, durante la entrega a la Comisión del Sistema de Información de Despojo y Restitución de Tierras, una matriz que cuenta a la fecha con 470.498 datos recopilados, pero que está en permanente actualización y fundamenta sus hallazgos en 5.775 sentencias proferidas por la justicia en 25 departamentos y 315 municipios.

Forjando Futuros, explicó el director Vega, nació en el año 2000 por la unión de líderes sociales de Bogotá, Medellín y el Urabá antioqueño. Desde hace nueve años la entidad comenzó a diseñar el complejo sistema con el que cuentan y su labor está enfocada en hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley 4448 de 2011 (Ley de Víctimas) en lo referente al patrimonio que le fue arrebatado a las familias y que desencadenó fenómenos como el desplazamiento forzado y el desarraigo.

“Los cruces de información que tiene el sistema nos dicen quiénes son los responsables, las empresas comprometidas y su nivel de participación en el despojo de tierras”, indicó Vega. Es así como Forjando Futuros menciona los nombres de los grupos empresariales con más procesos en contra en el ámbito de la restitución de tierras, al igual que la responsabilidad de los bancos, a los cuales, según el informe, les fueron anuladas 248 hipotecas hasta junio de este año. “Tuvieron un rol porque prestaban al despojador y recibían esos predios en garantía, que eran de personas desplazadas o donde había conflicto como en Montes de María, Catatumbo, el sur del Meta y otros lugares donde los hechos eran públicos y notorios”.

El sistema de información entregado a la Comisión también señala la responsabilidad de empresas extractivistas, mineras y petroleras, a las cuales les fueron suspendidos los títulos de exploración y explotación. Vega mencionó que Antioquia es el departamento más azotado por el despojo de tierras y resaltó la responsabilidad de compañías bananeras del Urabá y de firmas que están trabajando en proyectos portuarios en esta misma zona.

El investigador Ilhan Can reconoció la dificultad para armar la matriz. “Queríamos fundarnos en datos objetivos, no en opiniones. Para no tener sesgos decidimos hacer el estudio sobre la totalidad de las sentencias, lo cual parecía una misión imposible porque eran más de 5.000”, dijo. La base de datos permite conocer las características de los predios, pero también si están ubicadas dentro de una comunidad étnica, las fechas de los hechos y quiénes se quedaron con esas tierras. La información, gracias a una plataforma digital creada por Forjando Futuros, se puede visualizar en gráficas y tablas para facilitar su comprensión.

Gracias a esos cruces y filtros del sistema, detalló Can, se pudieron establecer patrones como el estallido del paramilitarismo en 1995, su expansión y llegada a otras zonas del país en 1998, su dispersión en la región Andina en 2002, o los conflictos mineros que detonaron en el Bajo Cauca antioqueño en 2006 y que involucraron a resguardos de pueblos negros e indígenas. “Los que pierden siempre son, primero, los campesinos pobres y las etnias, porque siempre hay intereses económicos y eso responde en un modelo económico enfocado en el extractivismo y la exportación. Es una constante”, afirmó Can. De las 380.000 hectáreas que han sido restituidas, 223.000 corresponden a territorios étnicos, de acuerdo a los datos aportados por Forjando Futuros.

El investigador recalcó que es importante acelerar el proceso de restitución, pues el 94,2% de las solicitudes aún están pendientes por resolver. Además, Can subrayó que con la información que tienen se puede concluir que el 65% de los requerimientos a la Unidad de Restitución de Tierras son negados, lo cual “genera la sospecha que niegan derechos para cumplir metas”.

“Siempre existe una amenaza, un peligro que está presente de un nuevo despojo por presencia de grupos armados ilegales (…) Los campesinos pueden volver a su predio ahora, pero en estos territorios llegan y entran en competencia con multinacionales y sin carreteras. Puede ser difícil para ellos. Por eso es necesario implementar una reforma rural integral”, concluyó Can.

La comisionada Alejandra Miller agradeció a Forjando Futuros por la entrega de este sistema. Expresó que para la Comisión sería más complejo cumplir con su mandato sin el apoyo de entidades que han llevado a cabo un proceso de investigación riguroso durante años. También anotó que los patrones que permite identificar la matriz serán fundamental para establecer la conducta de los empresarios que aprovecharon el conflicto armado para beneficio propio.

Por su parte, la comisionada Lucía González mencionó que con el 94,2% de las solicitudes de restitución de tierras por resolver, es evidente que la Ley de Víctimas, que había causado tanta ilusión, se está implementando con enorme lentitud. “Es necesario que se desate y responda a las víctimas por todo lo que ha significado el destierro, que es sacar a alguien de raíz y puede ser la muerte misma, porque es un desarraigo cultural, económico y de apegos”, dijo. El esfuerzo que hacen entidades como Forjando Futuros fue valorado por González, pues posibilitan la movilización y animan a otras víctimas a reclamar por sus derechos.  

Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.