Derrumbar la casita del terror

Primero fue un hotel. A pocas cuadras del parque de San Carlos. El más lujoso. El Punchiná.

San Carlos queda a 100 kilómetros de Medellín hacia el oriente del departamento de Antioquia.

Los enfrentamientos entre todos los actores de la guerra expulsaron más del 70% de sus habitantes. Unas 20.000 personas huyeron entre 1998 y 2005, los años más duros del conflicto en el municipio y sus corregimientos.

Por la misma época, finalizando los noventa, los tres pisos del prestigioso Punchiná se convirtieron en centro de operaciones del cuartel general de los paramilitares del Bloque Metro comandados por alias ‘Doble Cero’.

‘La casita del terror’, llamaron los pobladores a ese edificio que, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, “sirvió como lugar de ajusticiamiento, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones (…) Allí se entrenaba y se impartían las órdenes; se citaba a la población y a los funcionarios públicos a rendir cuentas; se torturaba, asesinaba y se desaparecían los cuerpos de personas retenidas y señaladas como colaboradoras de la guerrilla”.

Hoy funciona allí el Centro de Acercamiento para la Atención y la Reparación (Care) a donde llegaron 30 víctimas de San Carlos, San Rafael y Granada, quienes se han convertido en líderes sociales y hoy se preparan para ser gestoras y gestores de la verdad.

De cierta manera, lo que hemos hecho es derrumbar lo que fue este lugar, para resignificarlo. Aquí hemos aprendido a convivir con los desmovilizados, con quienes piensan diferente a nosotros y a pensar que es el momento de la verdad, dice uno de los líderes.

Convencidos de que no pueden seguir hablando entre las mismas personas y los mismos, se preparan para explicar el mandato de la Comisión por todo su territorio. “Si no atravesamos los corazones y nos encontramos, esto no va a trascender”.

Retazos de verdad

“Sabemos muchas cosas, pero todavía no se habla de lo que pasó de acá para abajo”. Otro de los gestores se refiere a lo ocurrido en los corregimientos de Puerto Garza, Samaná y El Jordán, de San Carlos. Tienen fragmentos de lo que pasó. 

Uno de ellos es Gildardo Urrea Suárez. Tiene 40 años. Nació en la vereda Guadualito, de San Carlos, que limita con Caracolí y Puerto Nare. En 1990, a causa de la masacre de unos pescadores de la zona por supuestos auxilios a la guerrilla, él y su familia se desplazaron a El Jordán, un corregimiento que para entonces estaba bajo el control guerrillero.

“En 1997 o 1998 empezaron las incursiones paramilitares y las masacres. Entraban, asesinaban y salían. En 1999, se asentaron. Obligaban a los jóvenes a hacer vigilancia nocturna, había escuelas de formación paramilitar, mucha gente se desplazó. Nosotros no. No teníamos a dónde llegar y mi papá ha sido muy arraigado. Este cuerpo armado dirigía todas las acciones: decía qué se podía y qué no se podía hacer, pagábamos impuesto de guerra.

Ya para ese entonces yo era miembro de la Junta de Acción Comunal. Un líder de ellos acabó con la Junta y pusieron una propia. Me hostigaron hasta que se fueron.

La cabecera municipal del Jordán se cambió para San Rafael o Puerto Nare, no veníamos a San Carlos porque nos metían en la cabeza que la gente de acá era guerrillera. A ellos les dijeron que nosotros éramos todos paramilitares. Se sentía la tensión. Muchos compañeros fueron asesinados en la ruta del Jordán a San Carlos.

Desde el Jordán se dirigieron acciones paramilitares para dominar el oriente antioqueño. Desde allá salían los escuadrones hacia San Carlos, Granada, San Rafael, Guatapé. Mucha de esta historia la conocemos, pero ¿cuántos entendemos porqué pasó todo eso? ¿Por qué violaron a unas mujeres y decapitaron a unos hombres? ¿Eso era parte de la guerra o qué era? Hay una historia no contada, hay una historia que no conocemos en la comunidad. Solo fuimos testigos de una barbarie y víctimas de una guerra que muchas personas no entienden.

Quiero contarles a las personas que hay una comisión que va a explicarnos por qué han pasado estas cosas, a quiénes favoreció, cómo funcionan las potencias económicas, que hay debajo de todo y cómo podemos que no vuelva a pasar. Quiero aportar a que la comunidad sea consciente de la necesidad de entender qué nos pasó. Los niños y los jóvenes, que no están tal vez tan polarizados como quienes vivimos esa década de enfrentamiento, deben entender lo que pasó para no repetirlo.

Quiero ir a contarles a todas las personas que la autonomía que tiene la Comisión, la libra del riesgo de ser permeada por uno u otro lado de la polarización. Darle confianza a la gente de que es una institución que trabaja solo por esclarecer la verdad para que no nos pase lo mismo nunca más. La sociedad cambia cuando todos somos conscientes del poder que tenemos no individualmente, sino como sociedad. Eso es lo que nos posibilita ejercer verdaderos cambios en un territorio, encontrarnos como comunidad eso es lo que va a deslegitimar el poder que han ejercido quienes han tenido el control”.

En el oriente antioqueño, la comunidad ha sido protagonista no solo de la guerra, sino de procesos resistencia. Hoy, la casa del terror es el Care. En Granada está el Salón del Nunca Más. Las víctimas se han apropiado de espacios y procesos de transformación social y construcción de paz y convivencia.

Las gestoras y gestores de verdad en estos tres municipios hacen parte del proyecto ‘Territorios por la Verdad’ de la Corporación Región, en el que 30 personas se capacitan para hacer pedagogía sobre el mandato de la Comisión y sobre la verdad como bien público.