El horror de la guerra en las universidades del Caribe no se debe repetir
El informe ‘Conflicto en el campus: la generación que no aprendió a rendirse’, realizado por universidades públicas del Caribe con el apoyo del ICTJ fue entregado durante una jornada de diálogo y reflexión, con víctimas y responsables.
El pasado lunes, la Comisión de la Verdad recibió de parte de las Universidades públicas del Caribe colombiano informes sobre los impactos sufridos durante el conflicto armado, basados en investigaciones realizadas por comités especializados de estas instituciones con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
En un escenario virtual y semipresencial, en Santa Marta, Magdalena, cumpliendo las normas de bioseguridad, la Comisión generó en el Caribe un espacio histórico para escuchar a las víctimas y los responsables de lo acontecido en las universidades públicas del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, a fin de contribuir al esclarecimiento de la verdad en estas instituciones, a sus organizaciones estudiantiles y sindicales. Este es uno de los escenarios de escucha que propicia la Comisión, que está abierta a recopilar otras visiones e investigaciones sobre el tema.
Durante el acto de entrega del informe ‘Conflicto en el campus: la generación que no aprendió a rendirse’, realizado el pasado 30 de noviembre, de 3 a 6 de la tarde, la Comisión propició un diálogo entre víctimas de las universidades públicas y actores de la guerra que tuvieron injerencia en las acciones de violencia que se registraron por varias décadas en los campus del Caribe, los asesinatos y las persecuciones a líderes estudiantiles y sindicales, así como la cooptación de estas instituciones.
La comisionada Marta Ruíz, dijo que el conocimiento de la verdad ocurrida en las universidades pública de la región debe contribuir a que estas acciones no se repitan: “No podemos tener más sangre en los campus, no más desplazados, no más exiliados, tenemos que tener unas universidades con libertad: libertad de cátedra y libertad de expresión”.
Ruíz señaló que los informes de las universidades que recibió la Comisión fueron trabajados durante más de un año gracias apoyo ICTJ y con la participación de estudiantes, egresados, profesores y trabajadores. Recalcó que este importante ejercicio de investigación era apenas era un piso para empezar un diálogo amplio con otras personas de los estamentos universitarios y que tienen sus propias visiones y versiones de lo acontecido.
María Camila Moreno, directora del ICTJ, hizo énfasis en que el informe entregado a la Comisión no era “la verdad única” de lo ocurrido en las universidades del Caribe: “Quisimos dar la voz a las víctimas y sobrevivientes de la guerra, que se expresó también en las Universidades, para que con estos informes sigamos en la reflexión de no solo de lo que pasó, sino para que no vuelva a pasar”.
Durante el evento se escucharon a los representantes de los comités de investigación de cada universidad que relataron cómo se perpetró la infiltración y se diseñaron las estrategias criminales para acallar a los líderes de los movimientos estudiantiles y apoderarse de las finanzas de las instituciones, por parte de los grupos paramilitares que operaban en el Caribe.
Luego de escuchar los resúmenes de los informes, participaron en un conversatorio responsables de la violencia contra las universidades y sus estudiantes líderes de entonces. Allí el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Edgar Fierro, quien era conocido con el alias de don Antonio, reconoció las persecuciones y muertes que se cometieron durante la década del noventa.
Dijo que en ese entonces recibieron la “orden” de “desarticular las redes ideológicas y logísticas de lo que, en ese momento, se tenía información eran afectas a las FARC-EP o al ELN”. También admitió que las listas de estudiantes a los que les hacían amenazas y seguimientos, en su mayoría provenían de organismos de seguridad del Estado.
Otros responsables que participaron en el diálogo fueron, por parte de las desmovilizadas AUC, Nodier Giraldo; y por las Farc, que firmó acuerdo de paz con el gobierno, estuvieron Abelardo Caicedo y Franklin Carreño.
La voz de las universidades
En el acto se escuchó la voz de los delegados de las universidades que construyeron este informe que servirá a la Comisión de la Verdad como insumo para presentar al país una visión general de lo que les pasó a estos centros y a sus estructuras estudiantiles durante la guerra. La Comisión escuchará todas las versiones y voces universitarias sobre lo acontecido en diferentes escenarios estudiantiles donde el conflicto implicó décadas de horror.
La representante de la Universidad Popular del Cesar, Imelda Daza, dijo que lo único que esperan es que se sepa la verdad de lo ocurrido: “Contar la verdad de cada uno, de eso se trata, no de una sola verdad, de todas las verdades”.
La dirigente y líder social y política destacó la importancia del evento que no tiene precedentes en la región y en la que se escucharon las voces e historias de la guerra en las universidades públicas.
Destacó cómo en un escenario plural como el registrado en Santa Marta, exparamilitares y excombatientes de las Farc reconocieron “sus responsabilidades”. Pidió a toda la sociedad y a los medios de comunicación que “no tergiversemos nada, con contarnos la verdad contribuimos bastante al perdón, primero, y a la reconciliación después, y solo así podemos llegar después pacíficamente”.
Tatiana Galera, representante del comité de la Universidad de Córdoba, reseñó el proceso de cómo se dio la “toma” de la universidad por parte del paramilitarismo, en muchos casos en alianza con estructuras o clanes políticos tradicionales de este departamento. En el informe de esta universidad se consigna el hecho de cómo rectores, docentes y estudiantes de institución fueron llevados a Ralito, lugar de reclusión de los jefes del paramilitarismo, después de su desmovilización, y allí Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, “puso de manifiesto la necesidad de limpiar la universidad de la insurgencia”.
Galera sostuvo que, en los hallazgos encontrados en la investigación, las personas asesinadas de la universidad de Córdoba, entre 1995 y 2005, según el periodo revisado en el informe, principalmente estaban vinculadas a procesos de defensa de la tierra y el territorio con comunidades indígenas y campesinas, como los profesores Misael Díaz Urzola, Francisco Ayazo y Albero Alzate Patiño.
Por su parte, Robinson Charris Palencia, representante del Comité Universitario del Atlántico reseñó como uno de los profesores consultados en la investigación contó como las “Las Águilas Negras”, grupo vinculado al paramilitarismo, después de la desmovilización de las AUC, continuaron haciendo amenazas a líderes sociales, profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico.
Este informe de la universidad del Atlántico, al igual que el de otras del Caribe, evidencia una relación de los grupos paramilitares con entes del Estado. Como ocurrió en la del Magdalena, de Córdoba, Sucre, Cesar, donde hubo infiltración de organismos de inteligencia para hacer seguimientos al movimiento estudiantil.
Una víctima de la Universidad de Cartagena, como Alfonso Cassiani, historiador, hoy rector de la institución Antonia Santos, de la capital de Bolívar, y quien durante su época de líder universitario fue amenazado y tuvo que retirarse de la universidad e ir a otra ciudad para salvar su vida después de que asesinaran a su amigo Alfonso Corrales Hernández, hizo un homenaje a las víctimas de los campus del Caribe y pidió un minuto de aplauso para ellas, al auditorio congregado en Santa Marta. En su reflexión de cierre dijo que lo más grave es que la sociedad colombiana sigue enferma, que no ha sanado y que la situación hoy es grave, e incluso, más grave que en el pasado. Pidió el compromiso de todos los colombianos para con la verdad e instó a hacer un entretejido de verdades para la reconstrucción del tejido social del país.
Para cerrar este espacio, la comisionada de la verdad Marta Ruiz, fue enfática en dejar claro: “Todas las víctimas que pusieron las universidades, murieron por una profunda estigmatización del pensamiento. Nadie mereció morir. Si alguien estaba vinculado a alguna actividad, merecía un juicio justo y no la muerte. Esto es lo que no podemos volver a repetir”.
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