Los impactos del conflicto en los territorios de los pueblos indígenas de la región Andina y sus luchas por la pervivencia y reexistencia

Los encuentros territoriales de reconocimiento son un viaje hacia los territorios de los pueblos indígenas en los cuales sus pobladores permiten a todos los colombianos acercarse a ellos para contarles la verdad sobre los efectos del conflicto armado interno. Los hechos violentos producto de las incursiones armadas han dejado lesiones en sus pueblos y en la armonía de la Madre Tierra que deben ser reconocidos por toda la población nacional para, como país, abrir los caminos hacia la sanación y la No repetición.

Este encuentro, se realizó el pasado 23 de septiembre con un ritual de armonización para el permiso y la conciliación del territorio para la vida, la paz y la resistencia. Mama Agustina, del pueblo Misak, a través de la medicina tradicional y del sahumerio, puso como propósito a “todas las mujeres de todos los departamentos, sea mujer campesina, indígena, mujeres de la ciudad; mujeres maltratadas, en general”, e hizo un llamado para que todos los que trabajan por la verdad: “Vamos a sanarnos primero para poder ayudar a las otras mujeres que tanto dolor sienten”.

El comisionado Carlos Ospina hizo un llamado a “reconocer a todos nuestros hermanos mayores y su cosmovisión en su dolor centenario. Su valor y su valentía para no dejarse doblegar a través de todas las centenas de años que han pasado en estas confrontaciones que han tenido”.

En Colombia habitan 115 pueblos indígenas de los cuales, según los informes de la Corte Constitucional y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural a causa del conflicto armado interno y por intereses económicos, sin desconocer otros factores que complejizan la situación.

El llamado, en esta ocasión, fue en nombre de los 19 pueblos que se asientan en la región Andina afectados por el conflicto armado interno: los pueblos Guna Dule, Embera Chamí, Embera Dóbida, Embera Eyábida, Embera Katío, Zenú, Wounaan, Kichwa, Misak, Nasa, Yanakuna, Kokonuco, Embera Siapidara, Inga, kischu, Polindara, Ambaló, Totoro y Pijao.

Los efectos del conflicto armado en la Región Andina

La región Andina ha sido centro de conflictos por el control de sus riquezas y por el establecimiento de corredores que conectan diferentes actividades de narcotráfico. Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, entre 1985 y 2020, en Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, se reportaron 80.555 casos de hechos victimizantes a pueblos indígenas, entre abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamientos, homicidios, minas antipersonales, pérdida de bienes muebles e inmuebles, secuestro, tortura y vinculación de niños y adolescentes al conflicto armado. Estos datos no dejan de ser un subregistro, las organizaciones indígenas reportan más de 125.000 afectaciones a indígenas en la región.

El momento testimonial fue un espacio central durante el Encuentro de Reconocimiento y permitió conocer, de la voz de los mismos pueblos indígenas, las afectaciones sufridas por el conflicto armado interno. Con el permiso de la Madre Tierra y quienes ya no están físicamente, pero sí espiritualmente, se relataron siete hechos vividos por los pueblos indígenas que los pusieron en riesgo de exterminio físico y cultural.

El primer testimonio fue sobre los asesinatos y los desplazamientos forzados vividos por el resguardo El Volado del pueblo Zenú, en Necoclí, Antioquia. Los testimoniantes identificaron como actor al Ejército Popular de Liberación (EPL) quienes se oponían a la comunidad y en represalia asesinaron al líder José Elías Suárez. El llamado al grupo armado fue: “Los territorios indígenas son sagrados, las familias son sagradas y nosotros tenemos nuestra autonomía y que se nos respete a nosotros nuestros derechos” (testimonio anónimo). También, en este espacio se aprovechó para hacer un llamado en contra de la estigmatización, el racismo y la discriminación a los que se vieron sometidos cuando reclamaban en sus movilizaciones por las afectaciones en sus territorios.

El segundo relato testimonial expuso los efectos de las minas antipersonales puestas en los alrededores y los caminos del Resguardo Jaidukamá del Pueblo Embera Eyábida, en Ituango, Antioquia. “En ese momento, la guerrilla cerraba las vías que conducían al corregimiento La Granja, por ejemplo, de la comunidad de San Román, porque nosotros entre el resguardo Jaidukamá y Juan Román siempre nos movilizamos. Es una zona selvática, pero nosotros a nivel interno tenemos caminos, vías de acceso, entonces la guerrilla empezó a cerrar esos caminos, a sembrar minas antipersonal. Como no podíamos salir, la gente aguantó hambre”. Las minas antipersonal y el confinamiento sufrido por la comunidad llevaron a una crisis psicológica, social, económica, moral, cultural, educativa y espiritual para los pueblos indígenas. El llamado fue a “los grupos armados, legales e ilegales: “nosotros los indígenas queremos morir de viejos y no por minas, balas y otras armas que matan”.

El siguiente hecho narrado ocurrió en Caldas, con la incursión paramilitar y el desplazamiento del resguardo Escopetera Pirza en Riosucio. “Esos fueron unos hechos muy lamentables porque ahí había escuela, estaba toda una comunidad y eso es lo que he querido enfatizar ahí, que es una comunidad que desapareció por culpa de la violencia”. La población abandonó sus tierras el 25 de noviembre de 2001, tras un enfrentamiento armado. Arbey Gañán, consejero de derechos humanos de Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), espera que “por lo menos, nuestros muertos no queden allá olvidados, que no queden en la impunidad, que no queden en ese olvido, que cuando mis nietos crezcan, conozcan quienes fueron estos personajes, porque si hoy empezamos a callar, nos volvemos indiferentes a las muertes, va a llegar el momento en que nos van a seguir matando y ya eso pasa como si nada”.

Otro hecho narrado fue la masacre de niños, niñas y jóvenes del pueblo Nasa por acciones militares en el marco de la operación ‘Damasco’ entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la vereda Gargantillas, resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío. Luis Evelio Ipia Jule, docente de la Institución Indígena Quintin Lame, narró que “la fuerza pública bombardeó un lugar en el territorio de Tacueyó, más exactamente lo que se conoce como la masacre de Gargantillas, murieron más de 15 personas”. Las Autoridades Indígenas del Cauca “solicitamos a la fuerza pública, al Estado colombiano, en turno como vayan, que no vuelva a repetirse”.

Otro testimonio fue sobre los efectos de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito por parte del Estado en los territorios del resguardo ancestral colonial del Pueblo Yanacona, en el Macizo Andino Colombiano, generando daños culturales, en la salud, en las actividades agrícolas y en los nacimientos de los cuatro ríos más importantes de Colombia. Ancizar Majin, gobernador Mayor del Pueblo Yanacona, señaló que el hecho “a nivel estructural, para nosotros, fue muy duro, pero nos sirvió para unirnos y hacerle frente a una situación que generó el Estado que buscó desestabilizar el territorio y desestabilizar a la organización. Hasta ahora, se siente la incidencia en la población, hay una población de menores que nacieron con incapacidad, con deficiencias físicas, la población está muriendo de cáncer gástrico”. Según Ancizar Majin, desde la comunidad se están buscando alternativas para mitigar los daños y se hizo un llamado al Gobierno nacional para “de alguna manera, articular las garantías para que se pueda ejecutar el plan de reparación ambiental colectiva y el plan ambiental indígena. eso podría ser en parte una forma de reparación, una forma de lograr que el pueblo Yanacona siga con el camino de restablecer la armonía territorial”.

Los dos últimos testimonios fueron sobre las luchas y las resistencias impulsadas por los pueblos Nasa y Pijao del Tolima, por la unidad, la tierra y la autonomía para la pervivencia y la convivencia en paz y armonía en los territorios. El primero fue el testimonio del pueblo Nasa que logró el 6 de Julio de 1996, después de 30 años de violencia en medio del conflicto armado, la firma del acuerdo de paz entre el resguardo indígena Páez de Gaitania (municipio de Planadas) y la FARC-EP. Bernabé Paya Capaque contó que “se buscó a través de algunas personas que tenían contacto con las FARC y empezaron a enviar documentos para poder dialogar y asimismo consolidar las ideas que iban creando y de esta manera pues llegan a un acuerdo en el cual participa el mayor Virgilio”. Bernabé espera que el proceso de paz “se vuelva una herramienta didáctica y pedagógica del territorio…, para el fortalecimiento emocional, cultural, social, político, económico de nuestros territorios”.

El último testimonio fue presentado por el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) que, en sus 45 años de existencia y lucha por la recuperación de los territorios ancestrales y los derechos individuales y colectivos del pueblo Pijao, un gran número de líderes y lideresas fueron perseguidos, estigmatizados, desplazados, desaparecidos y asesinados. Montegranario narró los conflictos territoriales que han tenido con los “colonos”, quienes han tratado de usufructuar los recursos en sus territorios: “Nosotros entramos a recuperar el territorio con títulos en mano coloniales, nosotros tenemos nuestros títulos como dueños amos y señores de nuestro territorio. entonces los colonos decían que eso no era cierto, que las tierras eran de ellos”. César Culma Yara, consejero mayor del CRIT, señaló que ese “movimiento indígena siempre ha estado fortalecido en la defensa de los derechos indígenas, en la defensa de lo que tiene que ver con los derechos constitucionales que tenemos en territorio, en educación, en salud, mas no, y nunca, estuvimos al lado de los actores armados”. El Consejero Mayor hizo un llamado a los actores armados y al Gobierno nacional “que deben venir a pedir perdón a los territorios por tantos compañeros asesinados, compañeros y compañeras indígenas, hombres y mujeres indígenas que fueron asesinados en ese tiempo, por la gente que fue desplazada, por los que fueron amenazados y por los que nos logramos salvar”.

Un llamado a la No repetición

Luego del encuentro, se abrió el momento de reflexión en torno a las acciones que el país debe adelantar hacia la No repetición. Se enfatizó, sobre todo, en tener en cuenta los procesos de resistencia y resiliencia de los mismos pueblos indígenas para la pervivencia física y cultural y la armonía con la Madre Tierra.

Luz Eida Julicue del pueblo Nasa, integrante del CRIC, Exconsejera de ACIN y autoridad del resguardo Huellas en el municipio de Caloto, Cauca, enfatizó en la importancia de que “se cumpla con el acuerdo que se firmó entre el gobierno y Farc, donde las comunidades indígenas logramos incluir un capítulo étnico. Además, que el Gobierno asigne los recursos necesarios para el cumplimiento de estos en el tiempo”. Asimismo, pidió que busque los mecanismos para que “otros actores armados se acojan a la justicia como lo son la delincuencia, el narcotráfico, los paramilitares, en el sentido de que ofrezcan condiciones a estos grupos para que dejen las armas, para que cesen las amenazas, los desplazamientos, los asesinatos selectivos en nuestras comunidades, el involucramiento de menores de edad en estos grupos armados; pero también, para que cesen las masacres de las que hemos sido víctimas”.

Para Luz Eida, es importante “establecer una democracia participativa donde no intervengan las armas”, además pidió a la sociedad colombiana “cambiar la cultura de guerra, la cultura del conflicto, la cultura del odio, la xenofobia, por procesos que tienen que ver con la reconciliación, con la fraternidad, con la solidaridad que permita juntarnos, entendernos en el marco de la reconciliación para avanzar en la paz”.

Alexis Espitia del Pueblo Zenú, consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia recordó que “los pueblos indígenas, históricamente, hemos sido víctimas de diferentes hechos, de diferentes situaciones que han marcado la historia de los pueblos y comunidades” y exigió al Estado colombiano a que “brinde totalmente garantías de No repetición a las comunidades y pueblos indígenas...; que sean efectivas las salvaguardas y las garantías contempladas en el capítulo étnico”.

Miller Hormiga del pueblo Yanacona, quien es Magistrado en la Jurisdicción Especial para la Paz, resaltó que para los pueblos indígenas “la paz es la armonía y el equilibrio de nuestros territorios; es la posibilidad de que los espacios de vida se puedan desarrollar en equilibrio”; además destacó la importancia de “pasar de esos debates en los cuales se habla del pluralismo jurídico a ejercer efectivamente ese relacionamiento con los distintos sistemas de justicia”.

Cesar Augusto Romero Calderón, oficial asociado de Derechos Humanos de la Oficina Territorial de Cali de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó la importancia para los pueblos indígenas de la “salvaguarda de sus derechos y, en particular, la protección de sus territorios”. Además, recordó que en el Preámbulo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas “reiteró la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas que derivan de sus estructuras políticas y sociales de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía y de los especiales derechos a sus tierras, territorios y recursos”. La relatoría reiteró que “la falta de garantía sobre los derechos sobre la tierra constituye la causa principal de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”, además hizo un llamado al Estado colombiano a “redoblar los esfuerzos de la coordinación interinstitucional a nivel nacional y local con base en las normas internacionales de derechos humanos con la debida participación con enfoques diferenciales étnico, de género, etario y en el marco del diálogo intercultural”.

La comisionada Patricia Tobón Yagarí reiteró que no solo tenemos que hacer una observancia sino “también mirar y profundizar las reflexiones que como colombianos y colombianas tenemos que adelantar en estos territorios para acompañar a estos pueblos y autoridades en buscar soluciones y salidas para la No repetición del conflicto armado”.

Por su parte, Alejandra Miller recordó que las comunidades han pedido al país “cosas que en cualquier democracia serían absolutamente obvias; las comunidades hoy nos recuerdan la necesidad de que se cumplan los acuerdos que han sido pactados y firmados con ellas a lo largo de tantos años de lucha que han tenido y tantos acuerdos y tantas firmas que se han hecho que hoy siguen incumpliéndose”.

El Encuentro contó con tres espacios artísticos y culturales, muestras de resistencia desde la música y la poesía. Se presentó la canción ‘El bunde de la paz’del Grupo Red, interpretada por Inocencio Ramos, perteneciente al pueblo Nasa. Giovanny Yule Zape, líder indígena del pueblo Nasa, recitó el poema ‘La paz cansada’ de Luis Flores. Para cerrar el encuentro, el grupo Linaje Originario, del pueblo Embera Chamí, resguardo Marcelino Tascón, Valparaíso, interpretó la canción ‘Luz y paz’.