Korebaju, la gente de la tierra merece vivir en paz

“El 25 de julio de 1997, ya 23 años, el pueblo korebaju, particularmente la comunidad de San Luis, lamentablemente presenció una masacre que atentó directamente contra nuestra cultura y espiritualidad, como lo fue el asesinato de siete de nuestros hermanos indígenas, dentro de ellos profesores, caciques, excaciques, promotores, dirigentes comunitarios y estudiantes…”, cuenta Óscar Daza, líder korebaju y consejero de derechos humanos de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

La gente de la tierra, como se llama a sí mismo el pueblo korebaju (o koreguaje), dominaba el río Orteguaza entre las estribaciones de la cordillera Oriental y el gran río Caquetá desde mucho antes de la llegada de los caucheros y de los misioneros capuchinos a la Amazonía, a finales del siglo XIX. Luego de las caucherías, que diezmaron y dispersaron a los korebaju, llegaron a la región los soldados que iban para la guerra con el Perú (1932-1933), y luego los colonos y los ganaderos que tumbaron selva para hacer potreros y recluyeron a los korebaju a las partes bajas del río Orteguaza. Allí resistieron y se reagruparon.

A finales de los años setenta del siglo pasado entró el narcotráfico al territorio korebaju, el M-19 llegó en 1977 y en 1981 un avión de Aeropesca, secuestrado por esa organización, acuatizó en su territorio cargado de armas. La guerra se apoderó entonces de la región y de las comunidades: el pueblo korebaju fue confinado, estigmatizado como colaborador de la guerrilla, y sus líderes fueron perseguidos y torturados. Estos hechos del conflicto armado y sus impactos en las comunidades han sido reconstruidos en detalle y precisión en la investigación periodística de Edilma Prada ‘Coreguaje: voces de un despojo’, publicada en el libro ‘12 historias que nos deja la guerra’, de Consejo de Redacción y Konrad Adenauer Stiftung.

Cuando el M-19 se reincorporó a la institucionalidad y se retiró de la región, hacia mediados de los años ochenta, las FARC empezaron a controlar el territorio, en disputa permanente con las Fuerzas Armadas. El pueblo korebaju fue objeto entonces de múltiples violaciones a sus derechos individuales y colectivos. Las autoridades ancestrales fueron desconocidas; jóvenes, niños y niñas fueron objeto de reclutamiento forzado; el territorio fue ocupado por los actores armados, y en un vórtice de violencia, el 20 de julio de 1997 las FARC asesinaron a los hermanos Valencia, como se describe en ‘Coreguaje: voces del despojo’. El 25 del mismo mes, otros siete líderes indígenas fueron masacrados por el mismo grupo armado. Las víctimas de esta última masacre fueron Dionisio Figueroa, cacique de la comunidad; Silvio Piranga, excacique; Raimundo Figueroa y Leonardo Bolaños, coordinadores comunitarios; los profesores Edgar Camacho Bolaños y Abraham Figueroa, y el estudiante universitario Carlos Arturo Valencia. Este 20 y 25 de julio se conmemoraron 23 años de las masacres.

A pesar de los múltiples esfuerzos de los korebaju por resistir a las diversas violencias, al extrañamiento y el desplazamiento forzado, aún hoy continúa la amenaza de su exterminio físico y cultural, como fue reconocida por el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional que describe que sigue avanzando la ganadería extensiva y la tala del bosque en territorio korebaju; las empresas petroleras pretenden desarrollar sus proyectos en el territorio; la economía ilegalizada de la coca y todo lo que ella representa, aunque disminuida, mantiene presencia amenazante. Las Disidencias de las FARC siguen operando en la región, como publicó en febrero El Espectador: “En el departamento de Caquetá, al sur del país, crecen los reportes sobre el fortalecimiento de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el aumento de los cultivos de coca”.

Más de un siglo de agresiones, invasiones, masacres y exterminio sistemático del pueblo korebaju siguen siendo invisibilizados, desconocidos o minimizados por la sociedad mayoritaria y el Estado colombiano, como describe el documento diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas del departamento de Caquetá por parte del Consejo Departamental Indígena del Caquetá (CODIC).

El llamado es a que todos los actores sociales involucrados en la tragedia del pueblo korebaju y el Estado colombiano reconozcan la gravedad de los hechos victimizantes y la amenaza continuada de exterminio aún vigente, a que se rinda homenaje a las víctimas de las masacres ocurridas hace 23 años y a que los perpetradores ofrezcan testimonio de verdad sobre los hechos ocurridos, ofrezcan perdón y reconciliación a las familias y a las comunidades del pueblo korebaju.

“Hacemos un llamado de atención a los diferentes grupos armados al margen de la ley, a la fuerza pública, al mismo gobierno colombiano a la no repetición de hechos como estos, que desestabilizan gravemente los sistemas espirituales y culturales que ancestralmente se han venido manejando. Es una invitación también a la reconciliación, es una invitación al respeto y autonomía que tiene cada pueblo. Es una invitación a proteger a los pueblos que estamos en vía de exterminio. La invitación es que entre todos luchemos en la conservación y preservación de los pueblos en riesgo de exterminio que hemos sufrido las consecuencias del conflicto y los grupos armados”, reitera Óscar.

Igualmente, se eleva un llamado al Estado, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a garantizar plenamente la materialización del Plan Salvaguarda y el plan de vida del pueblo korebaju; a respetar la autonomía, sus formas de gobierno propio, la autodeterminación y el territorio ancestral; a detener el avance de la deforestación, la explotación petrolera y de los monocultivos, y a cumplir los planes previstos en el PNIS para sustituir de forma concertada los cultivos de uso ilícito.

Según información de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre el 7 de agosto de 2018 y el 6 de mayo de 2020. En tiempos de las dos pandemias, la del conflicto armado y la del virus, es pertinente el cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, máxime cuando la crisis sanitaria del COVID-19 amenaza de forma grave a las comunidades indígenas, expuestas por las condiciones de pobreza, marginalidad y carencia de servicios eficientes de salud y saneamiento básico de agua potable, como han denunciado las organizaciones indígenas del país.

¡La gente de la tierra merece vivir en paz!