La Comisión de la Verdad realizó primera cumbre de no repetición en el centro del país

La cumbre de dialogantes ‘Experiencias de verdad y no repetición, camino al legado de la Comisión de la Verdad’ se llevó a cabo el pasado 29 y 30 de septiembre en Ibagué, Tolima; allí se dieron cita víctimas, lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, jóvenes, campesinos y campesinas, indígenas, académicos, funcionarios públicos de las gobernaciones de de Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá; asimismo funcionarios de la Jurisdicción Especial para la paz, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Sena, Comité de Caficultores, entre otros.

Este espacio tuvo como objetivo la profundización de los insumos de recomendaciones de no repetición, para la consolidación y suscripción de un gran pacto de voluntades para la no continuidad y no repetición del conflicto armado que permita preservar y materializar el legado de la Comisión en el tiempo.

Martha Patricia Obregón Silva, coordinadora de la Macrorregión Centroandina de la Comisión, aseguró que la realización de esta cumbre une en una sola voz y en un sentido común de lo que significa para los territorios y para la institucionalidad la no continuidad del conflicto armado: “Son esfuerzos que a través de un gran pacto que recoge los cuatro pactos territoriales que se firmaron en el marco de los diálogos para la no repetición, cuyos ejes temáticos fueron sobre los aprendizajes del conflicto en los impactos a la mujer rural y a los productores rurales; las afectaciones y persistencias del conflicto en la vinculación de niños, niñas y jóvenes; las afectaciones a la democracia, a los líderes y lideresas sociales, políticos y defensores de derechos humanos. Estos aportes son considerados por la Comisión como un insumo importante para lo que será las recomendaciones”.

Algunas de las recomendaciones puestas en la mesa fueron: que la educación primaria y secundaria incluya el enfoque rural, para que en la práctica los niños, niñas y jóvenes preserven los saberes y se pueda afrontar el fenómeno de la descampesinización; impulsar procesos de formación a funcionarios públicos en clave de género; reconocimiento del campesino como sujeto de derechos; fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales y asegurar su independencia económica y social, en particular lucha contra la impunidad de los crímenes contra las mujeres y acceso efectivo a la justicia; garantías para la participación de mujeres reincorporadas; promover oportunidades de educación y laborales para jóvenes campesinos y acceso vial en buenas condiciones, entre otras.

“Es muy importante la realización de este espacio, porque nos permite escuchar la realidad de los territorios desde la voz de los protagonistas, quién más que nosotros, que somos las víctimas de este conflicto para contar los hechos y poner en la mesa las acciones que se deberían implementar para que la guerra no continúe”, manifestó Yeison Campos, gobernador indígena de Rionegro, municipio de Chaparral, Tolima.

La firma del gran pacto de voluntades busca promover y articular acciones conjuntas para la garantía de no repetición, que ayuden a la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión; escuchar y atender los requerimientos realizados por las mujeres líderes rurales en el marco de la arquitectura institucional actual o mediante la creación de los mecanismos idóneos para ese fin; respetar, proteger y promover sus derechos y libertades políticas; rechazar públicamente cualquier acto de discriminación y señalamiento de cualquier habitante por su labor o condición.

También, continuar generando espacios de diálogo social acogiendo los lineamientos planteados por la Comisión, con el fin de fortalecer las instancias de participación de las víctimas; fortalecer a través de estrategias coordinadas con centros de estudios regionales la complementariedad generacional, promoviendo así una permanencia de los jóvenes en el sector rural garantizando mejores condiciones de vida, fortalecer estrategias productivas que apunten a desarrollar acciones en pro de la soberanía alimentaria en el territorio; promover acciones de protección para líderes comunales y ambientales de la región.

De igual forma, fortalecer estrategias educativas, de arte y recreación que aporten en la labor de prevención de vinculación y utilización de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, en especial en zonas identificadas con riesgo de reclutamiento; fortalecer estrategias de participación y garantía de derechos para líderes y defensores de derechos humanos, en articulación con entidades con labores en el territorio; garantizar la participación efectiva de víctimas, mujeres, jóvenes, indígenas, población sexualmente diversa, así como de todos los ciudadanos en ejercicios de participación para la construcción conjunta de mejores condiciones de vida para sus comunidades; promover con efectividad y en articulación con entidades aliadas los mecanismos para la protección de líderes y defensores de derechos humanos, producto del Acuerdo de Paz.

Al respecto, Laura Gómez, gerente del Programa de Igualdad y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales de OXFAM Colombia señalo´: “La definición de este pacto de voluntades para el acompañamiento de garantías en de los derechos de las mujeres rurales es fundamental, su cumplimiento permitirá abrir caminos nuevos para las profundas transformaciones que necesitamos y así poder superar ese doloroso conflicto generando una esperanza para las generaciones jóvenes”.

Por su parte, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó: “La apropiación del Informe Final por parte de quienes hoy se encuentran aquí, y la salvaguardia del legado de la Comisión, refleja no sólo un compromiso con las víctimas y las comunidades que fueron afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado, sino que constituye, además, una oportunidad invaluable para sumar voluntades y promover la articulación y coordinación interinstitucional que permita consolidar las acciones necesarias para la transformaciones y ajustes necesarios para impulsar en el departamento del Tolima y en todo el país, acciones, políticas y programas orientados la no repetición, con base las necesidades propuestas y aspiraciones de las víctimas, los familiares de las víctimas y las comunidades”.

Asimismo, Claudia Jimena Sánchez Carreño, funcionaria de la Procuraduría regional Tolima aseguró que “desde la Procuraduría contribuiremos al proceso a través de la vigilancia y seguimiento preventivo, para que estas recomendaciones se puedan ejecutar con el fin de garantizar la no repetición del conflicto armado”.

Esta iniciativa hace parte del legado que la Comisión de la Verdad está dejando en los territorios y se espera que en el año 2022 la institucionalidad y la sociedad civil den continuidad al proceso. “Esperamos que la institucionalidad realice junto con las voces del territorio la segunda cumbre, la cual permita hacer un balance sobre los compromisos adquiridos en el gran pacto de voluntades”, puntualizó Martha Obregón.