La falta de inclusión social se destaca en el balance sobre los retos para garantizar seguridad en territorios
Como parte de los insumos que la Comisión recogerá para el capítulo de recomendaciones de no repetición se desarrollarán dos diálogos nacionales, el primero de estos se realizó esta semana.
La Comisión de la Verdad continua en su búsqueda de insumos para elaborar las recomendaciones que posibiliten la no repetición del conflicto armado en los territorios, para esto realiza dos diálogos nacionales. El primero de estos espacios se realizó el pasado 11 de noviembre, allí representantes de diferentes sectores compartieron percepciones desde su experiencia particular en torno a los retos que como país y sociedad tenemos frente al tema de garantías de seguridad en los territorios.
Para este diálogo se trabajó en torno a la pregunta ¿qué debe cambiar en términos de seguridad en Colombia para que el conflicto no se perpetúe? Y para orientar las respuestas que pudieran generarse en el espacio, el comisionado Leyner Palacios expresó: “Escucharan ustedes una serie de ideas que buscan mitigar los problemas que encontramos y que afronta el país en asuntos de seguridad. Este diálogo hace parte de la ruta que ha desarrollado la Comisión en la construcción de las recomendaciones para el Informe Final”.
El espacio inicio con un enfoque general del contexto actual en cuanto a seguridad en Colombia, de parte de Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses (CORE) quien explicó: “Un cambio que vemos en términos de desafíos a la seguridad es que pasamos de tener un conflicto macro con las FARC-EP, a tener varios conflictos armados muy localizados con el ELN. Hoy en día se habla de aproximadamente 30 estructuras disidentes”. Sin embargo, Johnson aclaró también que estamos en un momento cambiante, a estos grupos les subyacen particularidades que distan de los principios que tenían grupos como las extintas FARC- EP, como la búsqueda del poder nacional o la ideología política clara, aunque estas son dinámicas específicas, son dinámicas que cambian al igual que el conflicto.
Unida a esa reflexión, la comisionada Marta Ruiz, expresó la importancia de poner la vida en primer lugar en orden de la revisión del contexto: “Como Comisión la seguridad y la paz nos interesan porque son garantías para la vida y el acuerdo se hizo fundamentalmente para preservar la vida y la dignidad de todos los colombianos”.
La primera parte del diálogo estuvo dirigida a plantear un panorama de lo que pasó tras la firma de los acuerdos en el 2016. Cada panelista dio una apreciación de lo que se consideraba vendría después del acuerdo y lo que realmente ocurre ahora. A esta primera interpelación el senador por el Partido Comunes, Julián Gallo, dejó claridad en que “los conflictos no son la enfermedad, son una expresión de la enfermedad. La alternativa es buscar soluciones a través del diálogo con los actores ilegales y garantizar la presencia integral del Estado en los territorios”.
A esta conversación sobre lo que ocurre en el país, el general (r), Óscar Naranjo y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, coincidieron en que el tema de la seguridad es un tema que debe ser complementado por otras perspectivas. Una corresponde a la seguridad y la convivencia y por otra parte una que hable de justicia y seguridad. “Hay que reformular la arquitectura institucional para atender esta nueva realidad. Lo que el país ha perdido es la oportunidad de derrotar la idea del enemigo interno y ver que la construcción de la paz es un asunto de unidad”, ratificó Naranjo.
Con el propósito de recoger diferentes voces con diferentes formas de pensamiento y análisis, Rosa Emilia Salamanca, investigadora de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), habló de cómo las violencias de lo privado y lo doméstico en el caso de las mujeres debe trascender al escenario público y propuso una apuesta por un ejercicio que ponga en la agenda pública el tema de seguridad que hasta ahora no se tiene: “Así como se elaboró un ejercicio de justicia transicional, creemos firmemente que se debe hacer un ejercicio de seguridad transicional”.
Para enmarcar los argumentos planteados por los panelistas en un contexto histórico, se contó con la participación de Jean Carlo Mejía Azuero, docente de la Universidad Militar Nueva Granada, y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Los dos expertos, en temas relacionados con seguridad, violencia y derecho, hablaron de la importancia de tener en cuenta en ese diálogo propuesto a los territorios y a las comunidades que se verían afectadas tras la restructuración institucional que se propuso. Mejía además hizo énfasis en escuchar a soldados y policías en los intentos de reforma que se hicieran a estas entidades. Expresaron además la importancia de resaltar lo local y traerlo al espacio global como parte del debate que se debe dar en torno a la situación que se vive el territorio nacional.
Para un segundo momento del panel la comisionada Marta Ruiz invitó a los panelistas a hacer propuestas concretas. Las principales conclusiones giraron en torno a la necesidad de crear políticas públicas de prevención, restructuración de instituciones y del sistema de seguridad, la implementación del acuerdo, una inversión y presencia estatal reales, un diálogo con los territorios y las diferentes comunidades que trascienda lo local y sin duda un llamado por garantizar mínimos humanitarios.
A esas conclusiones generales, María Victoria Llorente expresó que primero es necesario “entender el contexto general como un sistema, para luego plantear para qué se quiere hacer una reforma del sector. Como colombianos tenemos diferencias radicalmente opuestas que no nos permiten encontrar los matices. No son instituciones en específico porque ellas hacen parte de un sistema en donde el liderazgo civil juega un rol importante y desde ese liderazgo entender qué hay que hacer, qué se quiere liderar y cómo se conecta con el sistema judicial. Cómo se puede pasar de un sistema hiper centralizado como el que tenemos a un sistema que pueda responder a los desafíos locales de manera diferenciada”.
En cuanto a los desafíos que aún tiene la Comisión de la Verdad, Rosa Emilia Salamanca y Jean Carlo Mejía se centraron en el hecho de cómo el trabajo de la Comisión debe trascender para que su incidencia se refleje en políticas novedosas y diferentes a las que se han implementado desde hace años. Mejía habló de cómo el informe que entrega la Comisión es a penas el primer paso que se da en un camino de largo aliento que debe abrir el camino y el espacio para diálogos de acercamiento de la fuerza pública con la sociedad, lo que permite crear círculos de confianza de manera creativa y ética.
Para terminar, el comisionado Palacios destacó cómo las reflexiones surgidas en el diálogo aportan en el abordaje de la seguridad que debe hacer a Comisión. Destacó la forma en que los hallazgos hechos por la institución, así como la participación de diferentes sectores son vitales para la construcción de las recomendaciones: “Nuestro informe invitará a unir al país. Habrá temas muy duros, con mucho dolor, pero siempre buscando la forma de reconciliar el país. Es necesario construir y generar confianza”.
Vea aquí el evento en su totalidad ↓↓
* Estos espacios que ofrecen insumos para el capítulo de recomendaciones del Informe Final de Comisión son posibles gracias al apoyo de la Unión Europea.
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