La tierra es nuestra: Mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Magdalena

El pasado 18 de junio, la Corporación Jurídica Yira Castro entregó a la Comisión de la Verdad el informe ‘La tierra es nuestra: mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Magdalena’, con el fin de dar a conocer los principales hallazgos en términos de la aplicación del enfoque de género en los procesos de restitución de tierras. Este informe hacen parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.

La Corporación Jurídica Yira Castro es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos que propende por el reconocimiento y la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de quienes han sido víctimas del conflicto armado interno y de la violencia sociopolítica en Colombia.

El informe presenta el contexto alrededor del desplazamiento forzado y el despojo de tierras en el en Magdalena. Durante la entrega del informe la Corporación género un espacio de diálogo y escucha sobre los principales impactos sufridos por las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, la implementación del enfoque de género en las demandas de restitución de tierras y la importancia de la aplicación del enfoque de género en la labor de la Comisión de la Verdad.

Frente a las experiencias vividas por la Corporación en el acompañamiento y representación legal que hacen a demandas de restitución de tierras, el informe profundiza en preguntas como: ¿De qué manera ha sido aplicado el enfoque de género en estas demandas de restitución de tierras?, ¿cuáles son los obstáculos y los impactos que han enfrentado las mujeres que deciden iniciar estos procesos y demandas de restitución de tierras?

Sara Dávila, integrante de la corporación Jurídica Yira Castro indicó que “a pesar de los avances en la implementación del enfoque de género en los procesos de restitución aún encontramos barreras y obstáculos, como la falta de garantías de seguridad para que las mujeres puedan retornar y establecerse definitivamente en los territorios,  la falta de medidas para diagnosticar la situación jurídica de las mujeres respecto a sus predios, ni medidas claras para verificar el cumplimiento de la función reparadora que contempla la ley respecto a las mujeres”.